El general jefe de la VII Zona de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, máximo mando del cuerpo en Cataluña, ha ofrecido hoy el apoyo del instituto armado a las compañías de seguridad privada y ha abogado por aunar esfuerzos en beneficio del ciudadano.
Gozalo ha impartido hoy una conferencia-coloquio ante un centenar de responsables de empresas de seguridad privada, en un acto convocado por la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), que se ha celebrado en la sede central de la Guardia Civil en Cataluña.
En su intervención, Gozalo ha admitido ante el auditorio que una de las principales "carencias" de la Guardia Civil es que históricamente no han sabido transmitir suficientemente el trabajo que realiza, lo que ahora están intentando corregir.
Precisamente, para tratar de paliar esta carencia, el máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña ha repasado ante los directivos de las compañías de seguridad privada la estructura, el funcionamiento interno y las competencias del instituto armado en Cataluña.
Gozalo ha destacado que las empresas de seguridad privada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil, tienen "intereses comunes", ya que comparten un mismo "cliente", el ciudadano.
"El cliente es el mismo, es común, la seguridad nos interesa a todos", ha remarcado.
Por este motivo, ha defendido que la Guardia Civil y las compañías de seguridad privada sumen esfuerzos, siempre en beneficio del ciudadano.
En su intervención, el máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña ha destacado la coordinación con los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y las policías locales.
En Cataluña están activos actualmente cerca de 17.000 agentes de los Mossos d'Esquadra, 3.572 agentes de la Guardia Civil, 3.464 de la Policía Nacional y alrededor de 11.000 efectivos de las distintas policías locales.
La Guardia Civil cuenta en Cataluña con competencias, como policía judicial, en materia antiterrorista y contra la delincuencia organizada; y en seguridad ciudadana, en áreas como el control de zonas restringidas de puertos y aeropuertos, la vigilancia de costas, fronteras y aduanas, la protección de autoridades estatales o extranjeras y el traslado de presos al resto de España.
