El voto divergente de los expertos vinculados a CC OO y a UGT que participaron en los trabajos para elaborar una propuesta de diseño del factor de sostentibilidad de las pensiones ha suscitado alguna duda y varias polémicas.
El experto vinculado a la Unión General de Trabajadores (UGT), Santos Ruesga, fue el único de los doce especialistas del grupo que votó en contra del informe final sobre este mecanismo automático de corrector del gasto. Mientras que el responsable del Gabinete Técnico Confederal de CC OO, Miguel Ángel García, votó a favor.
Esto suscitó dudas sobre si la postura de ambos sindicatos sería también distinta a la hora de negociar con el Gobierno la futura reforma de pensiones, que el Ejecutivo quiere aprobar este año.
Aunque tras conocerse el voto a favor de García, éste hizo hincapié en que no estaba en el grupo de expertos en representación del sindicato y que, por tanto, su aval era estrictamente personal. Esta aclaración no pareció ser suficiente para los responsables de CC OO que enseguida se apresuraron a desvincularse del informe. Es más, desde un sector del sindicato más vinculado políticamente al PSOE e IU se presionó para lograr el cese de Miguel Ángel García, algo que finalmente no consiguieron.
La cúpula de CC OO reconoció ayer el papel de García a la hora de frenar un informe mucho más duro. Si bien admitió que fue “un error” dejarle participar en la comisión de expertos “por estar desequilibrada”. Pero esta defensa interna de la postura del responsable del Gabinete técnico no otorga un mayor respaldo de CC OO al documento propuesto.
Además, el número dos de UGT, Toni Ferrer, zanjó ayer cualquier amago de duda al asegurar que ambos sindicatos mantendrán una “unidad de acción plena” a la hora de negociar con el Gobierno la próxima reforma. Y todo apunta a que ejercerán un frontal rechazo contra las propuestas de los expertos.
Desde UGT también han dicho oficialmente que Santos M. Ruesga no ha participado en el grupo de expertos en nombre del sindicato. Sin embargo, a diferencia de CC OO, el número dos de esta central respaldó ayer plenamente los motivos por los que este especialista rechazó avalar el informe.
En opinión de Toni Ferrer, ahora mismo no haría falta adelantar, tal y como proponen los expertos, la aplicación del factor de sostentibilidad antes de 2027 como dice la ley actual. Esta urgencia del Gobierno para regular este mecanismo de ajuste del gasto es una de las principales causas del rechazo sindical al informe de los sabios
Además, exigió al Gobierno que su primer paso debe ser aclarar si avala el informe de los expertos; luego debe cerrar un pacto parlamentario y solo después cerrar la reforma con los interlocutores sociales. Sin embargo, el Ejecutivo planea negociar en paralelo con los grupos políticos, patronal y sindicatos.
Para Ferrer los ciudadanos “ya han hecho un esfuerzo suficiente” con la reforma de la edad de jubilación y el cálculo de la pensión que entró en vigor el 1 de enero pasado. Y, en cualquier caso, este responsable sindical consideró que los expertos se extralimitaron en el diseño del Factor de Revalorización Anual –que es uno de los dos elementos propuestos para el diseño del factor de sostentibilidad– ya que la ley solo demandaba un mecanismo de corrección por el envejecimiento de la población.
Santos Ruesga aseguró que fue el Gobierno quien introdujo en el debate de los expertos la necesidad de que el factor de sostenibilidad incluyera también un nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones. “Al Gobierno le urge desvincularlas del IPC porque no quieren usar el fondo de reserva, ya que computa en el déficit”, dijo.
Dos millones de empleados esperando el 8 de julio
A principios de 2013 había 1.800 convenios colectivos que habían vencido y estaban pendientes de llegar a un acuerdo en su negociación. Afectaban a unos 3,5 millones de trabajadores.Según la reforma laboral, si estos convenios no se han cerrado el próximo 7 de julio, al día siguiente, podría decaer su contenido y los trabajadores quedarían autmáticamente regulados por el convenio de ámbito superior, si lo hubiere, o directamente por el Estauto de los Trabajadores. Esto era un problema evidente, máxime cuando la mayoría de estos convenios ya eran convenios sectoriales de distintos ámbitos que en el caso de decaer dejarían expuestos a millones de trabajadores a condiciones laborales peores de las que tenían.
Ante esta situación, las cúpulas de patronal y sindicatos llegaron recientemente a un acuerdo para instar a sus organizaciones sectoriales y territoriales que si los negociadores de un convenio sectorial llegan al 7 de julio sin acuerdo, sigan negociando para lograrlo en los doce meses siguientes.
Junto a este acuerdo, la proximidad a esta fecha y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir despúes si decae el contenido de un convenio, están acelerando el cierre de muchas mesas negociadoras, y aliviando en los últimos meses el stock de trabajadores afectados por la paralización de la negociación colectiva. Según datos del secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que presentó ayer el Anuario de Relaciones Laborales 2013, en la actualidad quedarían unos 1.400 convenios pendientes de renovarse antes del 8 de julio. Y afectarían a unos 2,2 millones de trabajadores.
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/11/economia/1370974569_138602.html
