El nueva ley de Seguridad Privada abrirá la puerta a que el ministerio del Interior o las delegaciones del Gobierno encarguen a vigilantes jurados la seguridad de urbanizaciones, zonas comerciales abiertas o polígonos industriales que hasta ahora custodiaba la Policía nacional o local, según el texto que se someterá a aprobación esta mañana en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
La vigilancia del perímetro y los controles del exterior de las cárceles españolas también podrán ser prestados por empresas de seguridad privada aunque, pese a los temores de los funcionarios de prisiones, no permitirá la entrada de vigilantes jurados en el interior de las cárceles donde serán los empleados públicos los que seguirán velando por el mantenimiento del orden.
Aunque los populares defienden que la protección privada será en todos los casos «complementaria, subordinada y controlada» por la actuación de los funcionarios públicos, el proyecto ha recibido numerosas críticas de la izquierda que ve en el texto la expansión del sector privado. Los nacionalistas, en cambio, son menos críticos con la iniciativa después de que los populares han introducido unas 70 enmiendas en el texto original.
Las negociaciones entre los grupos continuan y tanto PNV como CiU seguían sopesando ayer por la tarde el sentido de su voto, aunque el rechazo del texto parecía descartado especialmente en el grupo catalán. El PSOE tampoco tenía ayer por la tarde decidido el sentido del voto aunque en su caso se debatía entre el voto en contra y la abstención mientras UPyD aguardará hasta el último momento ya que solicitará la votación de las enmiendas por separado y dependerá del presidente de la Comisión de Interior, Esteban González Pons, aceptarlo. IU, por su parte, prevé rechazar el proyecto.
El texto superará hoy uno de sus últimos trámites parlamentarios al recibir la luz verde de la Comisión de Interior y pasará después al Senado donde, si no se introducen más enmiendas, recibirá la aprobación definitiva.
