El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salió hace unas semanas al paso de las críticas contra la Ley de Seguridad Privada asegurando que el texto presentado por el Gobierno --que permite a los guardias jurados detener, identificar y cachear en la vía pública-- ha sido consensuado y apoyado por CiU y PNV. Sólo así se entiende que el Gobierno vasco tenga previsto destinar 1,7 millones de euros a la vigilancia por parte de estos agentes de las instalaciones de la Academia de la Ertzaintza en Arcaute (Ávila). Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo que dirige el peneuvista Iñigo Urkullu invertirá dicha cantidad en que este centro de la Policía autónoma vasca esté controlado durante las 24 horas y los 365 días de los dos próximos años con personal ajeno a la función pública.
El departamento de Interior atribuye a estos agentes la función de “efectuar controles de identidad a las personas que se dispongan a acceder a los inmuebles o que se encuentren en el interior de los mismos, pudiendo, si procede, impedir su entrada, o sin retener la documentación personal, tomando nota del nombre, apellidos y número del DNI o equivalente, de las personas identificadas, objeto de la visita y lugar del inmueble al que se dirigen”. Esta facultad que el Gobierno vasco otorga a los guardias jurados es criticada por los propios ertzainas, que se ven obligados a identificarse ante ellos.
El pliego de prescripciones técnicas del contrato consultado por este diario también especifica que los agentes privados estarán dotados en todo momento de un arma proporcionada por la empresa contratista. En este momento, hay adscritos a este servicio una veintena de trabajadores de la empresa Prosegur.
“Vemos cómo los responsables políticos anteponen el interés económico al interés social”, lamentan desde el sindicato mayoritario de la Ertzaintza
Asimismo, estos agentes de seguridad tienen como misión “poner inmediatamente a disposición de la Ertzaintza a los presuntos delincuentes relacionados con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos”. Desde el sindicato mayoritario en la Policía autónoma vasca, Erne, cargan duramente contra el proyecto de ley de Seguridad Privada y consideran que tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como sus socios en el Congreso pretenden con este texto “ampliar el volumen de negocio de las empresas del sector a costa de lo público”.
De este modo, la central cuestiona que la futura normativa “autorice a los vigilantes de seguridad privada la realización de labores reservadas a los cuerpos de policía, lo que supone no una regulación, sino la búsqueda de una reducción de las plantillas policiales”. Según Erne, la ley impulsada por Fernández Díaz es una muestra del “proceso de liquidación del Estado del Bienestar, al que estamos asistiendo, por parte de los poderes públicos”. “Vemos cómo los responsables políticos anteponen el interés económico al interés social”, lamentan desde el sindicato.
"No es casual que los apoyos al proyecto de ley de Seguridad Privada vengan de los tres grupos políticos que actualmente sustentan los gobiernos con Policías integrales y que ven a la Policía como un negocio", enfatiza Erne, en alusión al apoyo prestado al Ejecutivo popular por CiU, PNV y el diputado de UPN en la Cámara Baja, Carlos Salvador.
Con formación supervisada
El exconsejero de Interior Rodolfo Ares (PSOE) introdujo como novedad en 2010 que tendrían que pasar por la Academia de Arcaute los agentes privados que trabajen para el Gobierno vasco, ya sea en tales dependencias policiales o en otros edificios públicos de la administración autonómica. Con ello, se emplazó a las empresas contratadas a enviar a sus agentes en activo a dichas instalaciones de la Ertzaintza para recibir cursos de formación una vez al año.
