Amenazan a los fiscales que indagan a policías
Los cuatro fiscales que indagan el caso Prosegur están amenazados,
según un informe que se le hizo llegar al fiscal general Javier Díaz
Verón. Se dejó constancia de este hecho a través de un acta notarial.
Sindican como responsable al exjefe de Orden y Seguridad de Central José
Dolores Amarilla.
Los fiscales Blanca Agüero, Nelson Ruiz, Augusto Salas y Luis Said son los investigadores de este caso.El fiscal Ruiz confirmó ayer a ABC esta información. Explicó que las amenazas son de vieja data, al punto que el anterior ministro del Interior Carmelo Caballero le advirtió de la situación y le proveyó de seguridad policial.
Sin embargo, en los últimos meses y antes de la audiencia preliminar se profundizaron las advertencias.
“Dos abogados de su defensa manifestaron que estaba ofuscado y que advirtió que la causa debía concluir con un sobreseimiento definitivo”, explicó Ruiz.
Añadió: “Esto fue corroborado por un comisario que actualmente presta servicio en la comisaría de Lambaré”.
Ruiz, quien no quiso entrar en muchos detalles, afirmó que el “fiscal general y el ministro del Interior (Francisco de Vargas) están alertados del tema”.
De acuerdo a las informaciones que recibió el titular del Ministerio Público, las amenazas alcanzan a todos los fiscales de la causa y que esto se manifestó durante la audiencia preliminar en la cual Amarilla supuestamente manifestó su odio hacia todos los fiscales de este caso, en especial contra Ruiz.
Tras esta audiencia, la causa fue elevada a juicio oral y público por resolución de la jueza de Lambaré Isabel Bracho.
El fallo fue apelado por los ocho imputados, aunque es poco probable que esto progrese, ya que la Corte Suprema sostiene que lo resuelto en esta etapa del proceso no puede ser objeto de revisión en la Cámara de Apelaciones.
Los fiscales también se encuentran preocupados por la facilidad que se otorga a Amarilla, al comisario principal Osvaldo Ayala (exjefe de la comisaría de Ñemby) y a Joni Díaz (exsubjefe) en la Agrupación Especializada (donde están recluidos) para comunicarse con los demás imputados. Inclusive uno de ellos, el suboficial Hernán Vigneaux, que había declarado contra los jefes policiales, cambió su versión durante la audiencia preliminar, a través de un acta notarial. Prosegur denunció que el monto robado fue G. 1.840 millones.
