La nueva Ley de Seguridad Privada que se está tramitando en el Congreso permitirá a los vigilantes privados detener y hacer identificaciones en cualquier espacio público. Partido Popular y Convergència i Unió han pactado una enmienda transaccional que modificará el proyecto de ley extendiendo su ámbito de actuación a toda “vía pública”. Bastará con que los órganos responsables de la seguridad privada en cada comunidad autónoma autoricen la prestación del servicio, con independencia de cuál sea su ubicación.
La norma, impulsada por el Ministerio del Interior, supondrá un cambio significativo en la regulación de la seguridad privada, aumentando considerablemente sus posibilidades de actuación. La actual Ley de Seguridad Privada, en vigor desde 1992, sólo faculta a los empleados del sector para actuar en el interior de instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido. El PP decidió aumentar sus lugares de trabajo reconociéndoles tanto en el anteproyecto y como en el proyecto de ley facultades para patrullar también en zonas comerciales peatonales, como la calle de Preciados de Madrid o la avenida de la Las Ramblas de Barcelona, y asumir la seguridad de espectáculos deportivos o culturales. Esas novedades impulsadas por el PP han entado en el informe de la ponencia que la próxima semana se votará en la Comisión de Interior del Congreso.
Pero PP y CiU han acordado a última hora eliminar todas las restricciones con la modificación del artículo 41.4 del proyecto de ley. La nueva redacción habilitará a los agentes de seguridad privada para la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”. Es decir, en cualquier sitio. La norma pone como única condición que las empresas de seguridad consigan una “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Si las autoridades lo permiten, los agentes privados podrán dedicarse a la vigilancia de cualquier barrio.
Más atribuciones
Y no sólo a la vigilancia. El otro gran grupo de novedades del proyecto de ley tiene que ver con las atribuciones de los agentes. En la actualidad, a los vigilantes de seguridad privada sólo se les permite “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.
Asimismo, mientras que la normativa vigente obliga a los agentes de seguridad a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les impide interrogarlos, la nueva ley les facultará para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también les habilitará para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.
La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Tras la votación de las enmiendas, el proyecto de Ley de Seguridad Privada acabará su recorrido en la Cámara Baja y será remitido al Senado para que complete su tramitación. Si la Cámara Alta acuerda introducir algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se prevé, el Senado da el visto bueno a la redacción que salga del Congreso, la Ley de Seguridad Privada entrará en vigor automáticamente. El proceso puede estar completado en menos de dos meses.
