La Oficina en Valencia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, desveló ayer que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Ministerio del Interior por la vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos en relación al contrato de seguridad privada en el complejo penitenciario de Picassent.
Acaip, tras advertir de la «falta de transparencia» en la privatización por parte del Gobierno central, denunció a Interior porque presuntamente se vulneraba la vigente normativa en materia de Protección de Datos, ya que los funcionarios de servicio «debían facilitar a los miembros de la empresa de seguridad listados con nombres y apellidos de internos» que debían salir del Centro de Inserción Social (CIS), ubicado dentro del complejo penitenciario, y «no quedaba suficientemente claro que esos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello. Por lo que los funcionarios que facilitaban esos listados podían incurrir en algún tipo de responsabilidad si lo hicieran», según explicaron en un comunicado.
