OMBUDS | UGT denuncia a la empresa de seguridad de El Dueso por retirar el vehículo de patrulla en el exterior de la penitenciaria

UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Delegación del Gobierno en Cantabria la decisión de la empresa adjudicataria de seguridad del penal de El Dueso, Ombuds Seguridad España, de retirar el vehículo de patrulla que existía hasta ahora.

Según el sindicato, ese decisión provoca que los vigilantes se tengan que desplazar a pie y tarden hasta media hora en llegar a sus puestos, además de "serias dificultades" para los relevos.

UGT ha denunciado el incumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo y los tiempos de trabajo en el servicio.

"Si un vigilante tiene que ir al servicio, no se puede relevarle a tiempo porque lo que antes se hacía en un vehículo ahora lo tienen que hacer a pie y, simplemente, no les da tiempo", afirma en una nota.

La denuncia, que incluye también la falta de vestimenta adecuada de agua para los vigilantes en los días lluviosos, advierte de que tanto la retirada del vehículo como los cambios decididos por la empresa en el servicio "provocan relevos tardíos con lo que implica para la seguridad y una clara alteración en los tiempos de trabajo, ya que ahora los vigilantes salen una hora más tarde, con el perjuicio subsiguiente para su relevo".

Protección de Datos multa a Interior por la seguridad privada de la cárcel de Picassent

La Oficina en Valencia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, desveló ayer que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Ministerio del Interior por la vulneración de la normativa vigente en materia de protección de datos en relación al contrato de seguridad privada en el complejo penitenciario de Picassent.

Acaip, tras advertir de la «falta de transparencia» en la privatización por parte del Gobierno central, denunció a Interior porque presuntamente se vulneraba la vigente normativa en materia de Protección de Datos, ya que los funcionarios de servicio «debían facilitar a los miembros de la empresa de seguridad listados con nombres y apellidos de internos» que debían salir del Centro de Inserción Social (CIS), ubicado dentro del complejo penitenciario, y «no quedaba suficientemente claro que esos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello. Por lo que los funcionarios que facilitaban esos listados podían incurrir en algún tipo de responsabilidad si lo hicieran», según explicaron en un comunicado.

Información completa aquí (Levante)

Protección de Datos investiga a Interior por facilitar la identidad de presos a vigilantes privados | El sindicato ACAIP denuncia que los vigilantes de seguridad del Centro de Inserción Social (CIS) de la cárcel de Picassent manejan un listado con los nombres de los presos que salen a diario a trabajar fuera de prisión

Nueva investigación a Instituciones Penitenciarias por no custodiar diligentemente información 'sensible'. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de velar por la confidencialidad de la información que instituciones públicas y empresas poseen de los ciudadanos, ha iniciado un procedimiento contra el departamento de Jorge Fernández Díaz, el segundo en el último año, al detectar la entrega de listados con los nombres de reclusos del Complejo Penitenciario de Picassent (Valencia) a personal no autorizado. En concreto, a los vigilantes privados que colaboran en la seguridad del recinto. El expediente estudiará la supuesta infracción del artículo 12.2 de la Ley de Protección de datos que regula el acceso a los datos personales por parte de terceros. Las pesquisas son fruto de la denuncia realizada por el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), muy crítico con la implantación de la seguridad privada en los cárceles españolas promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en la presente Legislatura. 

Información completa en ..:

http://vozpopuli.com/actualidad/69780-proteccion-de-datos-investiga-a-interior-por-facilitar-la-identidad-de-presos-a-vigilantes-privados

Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles| La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores. | OMBUDS, EULEN

La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.

Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, .... En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.

INFORMACIÓN COMPLETA EN...http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/03/02/interior-apela-la-confidencialidad-para-ocultar-los-contratos-de-vigilancia-privada-de-las-carceles/15469

Seguridad Privada y Privatizaciones del PP: doce horas en una garita sin poder ir a mear | ..."había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA"

El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA.

...Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen.

...Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar. 

Información completa en http://www.eldiario.es/canariasahora/topsecret/Privatizaciones-PP-horas-garita-poder_6_349675051.html

La Seguridad Privada de la prisión de Las Palmas no se responsabiliza de los controles de acceso a abogadas

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) ha recordado que la empresa de Seguridad y los Vigilantes que trabajan en la prisión Las Palmas II solamente se ocupan de la Seguridad Exterior de la misma, Control de las Cámaras de Seguridad (CCTV) y un primer control de acceso.

El sindicato explicó que no tienen nada que ver con la polémica donde un grupo de abogadas denuncian que se tienen que quitar el sujetador para poder acceder a la cárcel y poder comunicarse con los presos.

De esta manera, FTSP-USO comentó que la empresa de Seguridad que realiza labores de Vigilancia en el Centro Penitenciario de Juan Grande ha comenzado a prestar sus servicios desde el día 1 de Octubre de 2014. "Por lo tanto es evidente que estos hechos, si se producían desde hace un año, no pudieron ser realizados por dicha empresa ni por sus Vigilantes de Seguridad", matizó.

Así, hizo especial hincapié en que las "supuestas vejaciones y denigraciones", en el caso de producirse, las realizarían los Funcionarios de Prisiones, que son los que se encargan de aplicar ese Protocolo de Seguridad.

"Ni las Empresas de Seguridad ni los Vigilantes de Seguridad ponemos ni inventamos normas ni protocolos de seguridad, solamente aplicamos los que tiene el Cliente en sus instalaciones. En este caso concreto, los Vigilantes de Seguridad no tenemos ninguna actuación en este asunto en particular", concluyó.

 http://eldia.es/agencias/7837526-Seguridad-Privada-prision-Palmas-responsabiliza-controles-acceso-abogadas

Solo el 10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas | La milonga necesaria para sacar por la puerta de atrás a los escoltas, mediante EREs de 20 días( Despidos de Saldos) | Palmadita en la espalda y patada en el culo.

MI OPINIÓN

ESCOLTAS EN EUSKADI

Casi dos décadas después de estar beneficiándose las empresas de seguridad  de los suculentos contratos con GOBIERNO VASCO y MINISTERIO DE INTERIOR con grandes beneficios económicos  a cuenta de los escoltas, encontraron en la reforma laboral, el Santo Grial, para darles la patada en el culo mediante EREs. Así mismo, tanto el Gobierno Central, Gobierno Vasco y empresas de seguridad , vendieron una cortina de humo con el tema de las cárceles, para evitar la conflictividad que suponía despedir a casi 2000 escoltas.¿Qué persona va a querer cambiar un salario de 3000€, por uno de 1000€ de forma voluntaria?¿Qué moto sin ruedas vendieron?¿Cuánto dinero se ahorraron en indemnizaciones?

Resultado final..: PALMADITA EN LA ESPALDA Y PATADA EN EL CULO

La noticia publicada en el confidencial

Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.

Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.

El problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin de ETA.

No l

Sin embargo, los datos no corroboran la justificación argumentada por el Ministerio del Interior para poner en marcha el programa que ha llevado a la incorporación de 800 vigilantes a las cárceles. Según ha podido saber El Confidencial, apenas el 10% de esos agentes de seguridad privada ejercían como escoltas cuando la banda terrorista estaba activa.

Por lo tanto, no llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA, según datos ofrecidos en su día por la Asociación Española de Escoltas.

El número contrasta con el declarado hace un mes por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien dijo que uno de cada tres escoltas que protegía a amenazados por ETA se había integrado en el plan del Ministerio del Interior para controlar los centros penitenciarios. Guardaespaldas y Gobierno habían firmado "un pacto de caballeros" para "no dejar tirados" a quienes habían hecho tanto por la democracia. 

El pasado octubre Interior activó la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios (denominado programa de apoyo por el Gobierno). Fue en ese mes cuando el proyecto piloto que se había probado durante el año anterior en 21 prisiones se extendió al resto de cárceles del territorio nacional.

Un total de 800 vigilantes se incorporaron a los centros penitenciarios para llevar a cabo labores de apoyo a guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. En muchos casos, los agentes privados han ido asumiendo más responsabilidades y actualmente incluso se encargan de determinadas zonas o tareas sin ser supervisados por los guardias civiles ni por los funcionarios de prisiones.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-23/solo-el-10-de-los-vigilantes-que-controlan-las-carceles-ejercieron-antes-como-escoltas_500906/

Uno de cada tres escoltas que prestaba servicio en el País Vasco por ETA se integra en el plan para vigilar prisiones

Uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ·ETA en el País Vasco se ha integrado en el plan del Ministerio del Interior para que las empresas de seguridad privada se encarguen de vigilar el perímetro exterior de las prisiones.

 

 

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Según ha dicho, había un "pacto de caballeros" para "no dejarles tirados" y que ese pacto se ha respetado, pero ha explicado que no a todos les interesaba pasar de ser escolta a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", ha añadido Martínez, que ha cifrado el 'trasvase' en un tercio.

"El compromiso existía, pero luego tenían que aceptar voluntariamente, no se ha dejado tirado a nadie", ha insistido al tiempo que ha argumentado que en ocasiones significaba salir de su lugar de origen para trabajar en una cárcel de otra provincia.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Seguridad ha concluido que "es una buena noticia que los cargos que tenían escolta ya no la necesiten".

 http://www.eldiario.es/politica/servicio-Pais-Vasco-ETA-prisiones_0_318819141.html

Cerca de cien funcionarios de la cárcel de Herrera protestan contra la seguridad privada

 SEGURIDAD PRIVADA

Los funcionarios de la prisión de Herrera de La Mancha están siendo los más combativos de la región castellano-manchega contra la seguridad privada en el perímetro exterior de las cárceles. De hecho han protagonizado la primera concentración en señal de protesta por esta medida y en defensa de una oferta pública de empleo «justa» y que «resuelva» la precariedad del personal de las cárceles y la «dignificación» del funcionario de prisiones.

Cerca de un centenar de funcionarios de la cárcel de Herrera de La Mancha respondió ayer a la llamada de los sindicatos con representación en este penal (CSI-C·SIF, ACAIP, APFT, UGT y CCOO) y se concentraron a las 11.30 horas, permaneciendo por espacio de unos 35 minutos en el acceso al centro penitenciario para protestar contra la «privatización» de la seguridad exterior de las cárceles a través de la vigilancia privada y en demanda de una oferta pública de empleo. Según ACAIP, en la prisión de Herrera de La Mancha,    que se levantó con marchamo de máxima seguridad para albergar a presos de ETA y muy peligrosos,  faltan al menos 25 trabajadores, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Uno para cinco. Actualmente, hay 96 funcionarios para vigilar a   unos 500 presos, mientras que hace unos años eran 110 los encargados de estar en contacto con los reclusos. En todo el penal hay 190 trabajadores de prisiones en todas las categorías y departamentos (oficinas, enfermería), cuando según la RPT deberían ser 223, reiteran los sindicatos.FUENTE de  http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z0AF22A7E-DC4F-5B48-CE619F8DCE1878DB/20141022/cerca/cien/funcionarios/carcel/herrera/protestan/seguridad/privada
(Más información en la edición impresa)

Bronca en Alcalá Meco porque los guardias civiles han tenido que ceder su vestuario a los vigilantes de seguridad

Los ex escoltas acaban de incorporarse a las cárceles

 

Los agentes se han quejado de que el teniente haya accedido a que utilicen esa dependencia

El pasado 1 de octubre  vigilantes de seguridad empezaron a ocupar puestos de vigilancia del perímetro exterior y control de las cámaras en la cárcel de Alcalá Meco, Madrid. En el penal, existe un malestar generalizado entre los miembros de la Guardia Civil porque les han quitado su vestuario.

El problema se ha originado, según ha podido saber El Confidencial Digital,  debido a que una habitación, que usaban para cambiarse los miembros de la Benemérita, ha sido cedida a los vigilantes de seguridad.

Estos agentes denuncian que la cesión se ha producido además con el consentimiento del teniente, que no se ha opuesto a la decisión de que se utilice esa dependencia.

Trabajadores de la prisión explican que la relación entre guardias civiles y agentes de seguridad es buena. No ha habido ningún problema entre ellos, sino que existe un gran compañerismo en estos primeros días de trabajo conjunto. El problema, apuntan, lo tienen los guardias con su superior.

La polémica ya ha llegado a las asociaciones del cuerpo. El Portavoz de Unión de Guardias Civiles (UnionGC) ha informado a ECD que no se quedarán de brazos cruzados y que “presentarán una queja ante la Dirección General”. También ha añadido que no le extraña esta adjudicación del vestuario, ya que “la tendencia es echar poco a poco a los guardias civiles”.

Para encontrar los orígenes de esta controversia hay que remontarse  el verano del año 2012 cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inició un plan para dar empleo en prisiones españolas  a ex escoltas del País Vasco y Navarra. Las ocupaciones de estos profesionales son de vigilancia, pero el mando sigue a cargo de agentes de la Guardia Civil.

 http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Bronca-Alcala-Meco-Guardias-Civiles_0_2358364161.html

La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas

Fuerte malestar entre los guardias civiles por la entrega de la seguridad exterior a manos privadas.

“Es una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.
“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.
Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.
Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria,  pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.
“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.
Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la misma pasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”. 

 http://www.gaceta.es/noticias/gastar-33-millones-servicio-innecesario-02102014-1239

El diputado socialista Pedro Muñoz apuesta porque la seguridad sea ejercida por funcionarios públicos

El diputado socialista Pedro José Muñoz ha expresado su rechazo a la presencia de seguridad privada en las cárceles, como la de Brieva, y afirma que “una vez más, el tiempo nos da la razón y pone sobre la mesa las intenciones del Partido Popular”.

Pedro José Muñoz, que fue ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de la Ley de Seguridad Privada, ha manifestado que “desde un inicio los socialistas advertimos que, entre otras consecuencias, la normativa era el primer paso para la privatización del sistema penitenciario, por lo que emitimos un voto contrario a la misma”.

Y es que, “por mucho que los dirigentes del PP de Ávila se empeñen en sostener lo contrario”, según el diputado socialista, “la referida Ley posibilita, como ya ocurre en la cárcel de Brieva, que servicios de seguridad privada sustituyan a la Policía y a la Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como a los funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior”.

En opinión de Pedro Muñoz, “el sistema penitenciario precisa, como toda seguridad ciudadana, que sea ejercido por funcionarios públicos”, y ha recordado en este sentido que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. No es de recibo sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan, como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha dicho el diputado abulense.

 http://www.tribunaavila.com/noticias/el-diputado-socialista-pedro-munoz-apuesta-porque-la-seguridad-sea-ejercida-por-funcionarios-publicos/1412250997

La seguridad privada se implanta mañana en la cárcel de Perogordo | Un equipo de quince agentes de la empresa Securitas asume a partir del 1 de octubre labores de apoyo en la vigilancia del exterior del centro penitenciario así como en el control de accesos

SEGURIDAD PRIVADA

La seguridad privada llega al Centro Penitenciario de Segovia, ubicado en Perogordo, el día 1 de octubre.

El Ministerio de Interior ha contratado a la empresa Securitas para que preste el servicio de ‘Apoyo a la Seguridad’ en el centro penitenciario de Segovia a partir de mañana, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno, detallando que el equipo que desarrollará estas labores está formado por 15 personas.
Los agentes privados centrarán su labor en la vigilancia del perímetro de la cárcel de Perogordo, vallado y muros exteriores, así como en la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos y el control de las cámaras de vigilancia.
La subdelegada del Gobierno en Segovia Pilar Sanz afirma de manera insistente que la Policía Nacional, en el caso de Segovia, y en otros centros también la Guardia Civil siguen siendo “los garantes y responsables de la seguridad en los centros penitenciarios”. Pilar Sanz mantiene que la implantación de los servicios de seguridad privada no reemplaza en ningún caso la vigilancia que vienen haciendo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes privados “realizarán tareas auxiliares y de apoyo” precisa la subdelegada circunscribiendo esta colaboración al ámbito exterior de la cárcel, “nunca en el interior”.
El proceso de entrada de las empresas privadas de seguridad en las prisiones fue puesto en marcha por el Ministerio de Interior el pasado año con un plan piloto que se llevó a cabo en 21 centros penitenciarios. El programa se extiende ahora a todos los centros dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, y en el caso concreto de la cárcel de Segovia se pone en marcha el miércoles 1 de octubre.
El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados. Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que “el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015”.
El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, “con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato”.

CSIF se opone a que vigilantes privados lleven la seguridad de las prisiones

La incorporación a partir de hoy de vigilantes privados en los centros penitenciarios como el de Picassent puede provocar una pérdida de empleo público en el sector de seguridad, según denunció ayer el sindicato CSIF que aseguró que el cambio encarecerá el servicio que abona el Ministerio de Justicia.
El sindicato ha criticado que la seguridad de los centros penitenciarios quede en manos de personal externo en vez de en los agentes de la Guardia Civil que siempre se han responsabilizado de este cometido.
CSIF considera que estos empleados de empresas privadas no disponen de la suficiente preparación para tratar con internos y familiares.
«Mientras que los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, el personal de seguridad privada solo ha realizado un curso de unas decenas de horas». apuntó el sindicato.
La instalación de cinco puestos de control de 24 horas con la correspondiente dotación de personal externo repercutirá según ha expresado el CSIF en una merma de empleo público y en un coste superior para las arcas públicas ya que el cambio implica contratar a una empresa de seguridad y privatizar un servicio que era público hasta ayer y cuyo funcionamiento no se cuestionaba.

 http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/01/csif-opone-vigilantes-privados-lleven/1168741.html

El director de la prisión niega sustitución de Guardia Civil por seguridad privada

La llegada de vigilantes de seguridad privada al Centro Penitenciario de Burgos no va a suponer en ningún caso una reducción de la presencia de la Guardia Civil ni la sustitución de los agentes por los nuevos profesionales. El director de la cárcel, Luis Carlos Antón, niega las críticas vertidas por diferentes organizaciones profesionales, entre ellas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sobre el proyecto gubernamental de contratar empresas de seguridad privada para la realización de tareas de vigilancia, control de accesos y de circuito cerrado de televisión.

Antón ha asegurado, durante la celebración de la Festividad de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, que “no hay sustitución”, sino que la llegada de seguridad privada “es un complemento a la Guardia Civil”. Ni se va a sustituir a agentes del cuerpo por vigilantes privados ni existe ningún tipo de orden ministerial dirigida a reducir su presencia en las cárceles españolas, tal y como han denunciado desde la AUGC. A principios de octubre llegarán entre 15 y 20 nuevos profesionales, aunque la cifra concreta aún está por determinar por Securitas, la empresa encargada del contrato.

“No hay sustitución, es un complemento a la Guardia Civil. No se va a sustituir a nadie”

El director del centro penitenciario no valora la decisión tomada por el Gobierno Central de incorporar seguridad privada a las cárceles, en lugar de apostar por abrir una Oferta Pública de Empleo para guardias civiles. Desde la AUGC han insistido, en reiteradas ocasiones, que los nuevos vigilantes se harán cargo de responsabilidades que hasta ahora eran de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que en la práctica supondrá una reducción de los efectivos de ambos cuerpos, con traslados “forzosos y encubiertos”.

Y es que los agentes no sólo trabajan en la cárcel, sino que realizan labores similares en Subdelegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil y cuarteles, además de en el Aeropuerto y la Fábrica de la Moneda, de manera esporádica. Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles se está ante los primeros pasos para privatizar la seguridad en los centros penitenciarios, una vez el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de mayo la contratación de empresas de seguridad privada, consolidando un proyecto piloto iniciado el pasado año en 21 centros. Ahora se incorporarán 800 vigilantes, con un coste de 33 millones de euros.

Sin superpoblación

“Estamos muy bien. No es verdad que haya superpoblación”

Por otra parte, el director del Centro Penitenciario de Burgos asegura que “estamos bien”, negando también las críticas de algunos sindicatos, que aseguran que hay más internos de los que puede acoger. Luis Carlos Antón ha explicado que se cuenta con 450 reclusos, y que en los nueve meses que él lleva como máximo responsable del centro, se ha producido una reducción de unos 25. La cárcel de Burgos no está superpoblada, habiéndose mejorado sustancialmente en los últimos años la situación, puesto que no hace mucho se contaba con 600 internos.

Antón no ha considerado necesario aprovechar el día de la patrona para hacer alguna reivindicación, puesto que “el estado del centro es bueno, tanto en habitabilidad como en conservación”. Siempre se podría contar con más funcionarios y trabajadores, pero también está satisfecho con su número y, sobre todo, con su profesionalidad. Se cuenta con una plantilla “entradita en años pero muy profesional”, algo que no siempre ha visto en sus 20 años de “peregrinaje” por las cárceles españolas, hasta de llegar al centro burgalés hace escasos meses.

Prisiones admite que podría haber problemas de plantilla en Cáceres II

La subdirectora de régimen del centro penitenciario de Cáceres, Rosa Carrasco, asegura hoy que la cárcel cuenta con "personal suficiente" para garantizar la seguridad de internos y trabajadores, aunque reconoce que dentro de unos años sí podría haber problemas.

Los delegados sindicales de CSI-F, CC.OO y UGT han protagonizado esta mañana un encierro en la prisión de Cáceres para denunciar posibles recortes en la plantilla de vigilantes internos si no se cubren las plazas de los funcionarios que pasan a segunda actividad, además de criticar la privatización de la seguridad externa del centro.

Carrasco asevera que la prisión es "totalmente segura para los internos y para los trabajadores".

No obstante, reconoce que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "debe estar estudiando la oferta de empleo porque dentro de unos años sí podría haber problemas por el paso a segunda actividad de parte de la plantilla".

La subdirectora también admite que una empresa privada se hará cargo de la seguridad externa, pero que de la interna "no se ha hablado nada".

Sobre esta cuestión, el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, declara en Badajoz que el encierro no tiene sentido pues la privatización anunciada no afecta a los funcionarios de prisiones.

Aclara que el personal de seguridad privada va a estar en las puertas de control, pero apoyados por un agente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

Esta privatización supone, a su juicio, una "mejora sustancial e importante".

En el caso de la cárcel de Badajoz, apunta que este cambio supone la incorporación de cinco trabajadores de seguridad privada sin armas y uno con armas.

La gente demanda cada vez más a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y, "si están vigilando el recinto o la entrada y salida de una institución", no están disponibles para patrullar las calles, por lo que, a su juicio, habría que estar contentos por estos cambios.

La seguridad privada llegará a la prisión de La Torrecica en octubre

El Centro Penitenciario de Albacete contará con vigilantes privados a partir del mes de octubre, según anunció ayer su director, Javier Cabrejas, en el acto de celebración de su patrona, Nuestra Señora de la Merced, que tuvo lugar en el Hotel Universidad.
Cabrejas aclaró que está previsto que lleguen a La Torrecica 21 efectivos privados que se dedicarán a la vigilancia exterior del centro, permaneciendo la interior en manos de los funcionarios de prisiones. «Los puestos que van a cubrir son en las cuatro garitas, un puesto que tenemos de control de cámara y la unidad de acceso al establecimiento. No es la puerta principal, sino la unidad de acceso a todo lo que es el complejo».

Con supervisión. En cualquier caso, estos nuevos vigilantes estarán supervisados por la Guardia Civil. «Los efectivos de Seguridad Privada siempre estarán bajo el mando de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que van a estar de apoyo, ya que un guardia civil será el encargado de estos guardias, bajo la supervisión y las instrucciones de la dirección del centro».
El director del centro reconocía que tenían carencias en la vigilancia exterior «porque no hay efectivos suficientes de la Guardia Civil», con lo que los nuevos vigilantes supondrán un refuerzo en la seguridad. «Habrá personal de la Guardia Civil que se retire y habrá algún funcionario que probablemente podamos recuperar para otros servicios y esto quedará cubierto por los efectivos de seguridad privada».
Concretamente se pretende que un funcionario vaya a reforzar la seguridad del interior de la prisión. «La Intención de la dirección es recuperar un puesto de trabajo, que nos va a ayudar a salir de esta situación un poquito ajustada».
Y es que aunque Cabrejas asegura que la ratio  interno/funcionario es más baja que en otras prisiones, lo cierto es que la distribución de La Torrecica hace que hagan falta más funcionarios de lo que sería habitual. Una reclamación que ha sido muy reiterada por sindicatos como Acaip. En este sentido, Cabrejas destacó «la predisposición de los funcionarios cuando se les llama para cubrir turnos, para hacer cambios y para atender las necesidades de personal, es muy de agradecer».
En cuanto a las 70 plazas que se han convocado para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, el director del centro dejó entrever que ninguna irá Albacete, ya que «la distribución de puestos de trabajo la tenemos cubierta, aunque es cierto que hay algunas comisiones de servicio. Hasta que esas plazas en comisión de servicio no se cubran por titulares, no pueden salir a concurso».
El acto festivo estuvo presidido por el subdelegado de Gobierno, Federico Pozuelo, que destacó el trabajo de los funcionarios de prisiones. «Todos los funcionarios sois el reflejo del compromiso de la ciudad con el centro y las personas que allí se rehabilitan». Por último destacó «el excelente clima de colaboración entre el centro penitenciario, los organismos judiciales y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado».

 http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z9A386803-D128-29A7-76F778457F6508EF/20140925/seguridad/privada/llegara/prision/torrecica/octubre

Interior destinará 33 millones para la seguridad privada en los centros penitenciarios | ...un intento de recolocar a los escoltas

Pese a que la plantilla de funcionarios de Prisiones no ha aumentado en los últimos años y son cada vez menos los vigilantes que tienen que controlar los más de 100 presos con los que cuenta cada módulo, el Ministerio del Interior ya ha reservado 33,3 millones para este año y el próximo para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las cárceles. Una tarea que hasta ahora realizaban los agentes de la Guardia Civil.

 

El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el exterior de las prisiones se implantó ya el año pasado en un total de 21 centros penitenciarios, entre ellos los de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra).

 

Mientras Interior ha destinado más de 33 millones a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas. Para los trabajadores de prisiones, este proyecto es "una privatización encubierta", un intento de recolocar a los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que se han quedado sin trabajo.

 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/09/04/interior-destinara-33-millones-seguridad/875739.html

El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.

 

Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".

 

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

 

Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

 

En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.

También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

 

Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.

 

El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-niega-vaya-privatizar-control-perimetro-carceles-solo-contratara-vigilantes-apoyo-20140727115657.html

SEGURIDAD PRIVADA DESPLAZA A SEGURIDAD PÚBLICA | La mitad de los policías de la cárcel será reubicada tras la entrada de vigilantes privados

El traslado estaba anunciado para este 1 de agosto, pero previsiblemente se hará a finales de año.

 

Los efectos de la nueva Ley de Seguridad Privada empezarán a notarse en Melilla. El jefe superior de Policía, José Ángel Jiménez, anunció hace una semana a un grupo de agentes que participaba en un curso de formación que el próximo 1 de agosto la mitad de los policías nacionales que trabajan en la cárcel de Melilla será reubicada en otros puestos de la Comisaría.

La medida no se tomará finalmente hasta el último trimestre de este año. Cuando entre en vigor, afectará a una veintena de agentes que sobrepasan los 40 años de edad y en muchos casos llevan cerca de 25 años de servicio, según han informado a El Faro fuentes policiales.

Se trata de una sustitución de policías nacionales (en el caso de Melilla y Ceuta) por vigilantes de seguridad privada.

La veintena de agentes del Cuerpo Nacional (entre ellos, oficiales) que sí se quedará trabajando en el centro penitenciario se ocupará de vigilar el perímetro de la prisión (garitas exteriores) para evitar los habituales lanzamientos de droga desde el Monte María Cristina a la cárcel a través del vallado.

Para los sindicatos, la controvertida decisión de sustituir la vigilancia policial de los centros penitenciarios por la seguridad privada les supone un nuevo reto porque intentarán conseguir que los agentes que se reubicarán en la Jefatura pasen a ocupar puestos vacantes en el servicio burocrático.
La idea es lograr que estos policías nacionales que llevan toda la vida vinculados a la cárcel pasen a reforzar la seguridad de la Comisaría y en ningún caso se destinen a los peores puestos: Los de la frontera.

Fuentes sindicales descartan que la Jefatura envíe a estos agentes a patrullar las calles porque eso ya lo hacen los ‘Zeta’, un grupo policial integrado en su mayoría por los agentes más jóvenes.
Sin embargo, el tema de la frontera no lo dan por descartado. De hecho, consideran injusto que se les destine al control de documentación o a los calabozos de los pasos fronterizos de Melilla.
En principio los sindicatos pedirán que la veintena de agentes que saldrá de la cárcel sea reubicada “en los mejores puestos” de la Jefatura Superior, aunque “no hay nada claro todavía”.

Como era de esperar, la medida no ha gustado entre los policías nacionales y estarán pendientes de que la privatización del servicio de seguridad de la cárcel no reste rigor a la vigilancia del centro penitenciario.

Además, aseguran a El Faro que tienen serias dudas de que sea más rentable contratar seguridad privada que mantener en sus puestos a policías nacionales.

Los sindicatos calculan que la seguridad privada en las cárceles es más cara que la pública y que esta decisión se toma para sacar del agujero de la crisis al sector de la vigilancia privada.

 

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/148475-la-mitad-de-los-policias-de-la-carcel-sera-reubicada-tras-la-entrada-de-vigilantes-privados.html#