Comienzan los congresos para renovar las estructuras y propuestas de las organizaciones de UGT

Con los Congresos de UGT-Extremadura y UGT-Castilla y León, que comienzan mañana 1 de abril, se inicia un proceso democrático que renovará las estructuras, propuestas y equipos dirigentes de casi todas las organizaciones que componen la Unión General de Trabajadores y que concluirá el 20 de mayo tras la celebración de congresos en todas las uniones de Comunidad Autónoma y la constitución de tres nuevas federaciones estatales.

Serán veinticinco congresos ordinarios y tres congresos constituyentes de las nuevas federaciones estatales, en los que se debatirán y aprobarán las prioridades de actuación sindical de cada una de las organizaciones en sus respectivos ámbitos (territoriales o sectoriales), se renovarán los órganos de dirección y control y se aplicarán las reformas estructurales aprobadas en el 42 Congreso Confederal de UGT celebrado los días 9 al 12 de este mes de marzo.

Esas resoluciones reconocen a las estructuras territoriales del Sindicato autonomía para establecer la estructura organizativa que consideren más adecuadas para el desarrollo de sus funciones, siempre que exista un órgano de dirección y fórmulas que garanticen la participación de los afiliados. Las uniones de Comunidad Autónoma, además de actuación y representación del Sindicato en los diferentes ámbitos autonómicos, asumirán las funciones de garantizar las tareas organizativas y de gestión esenciales, especialmente los servicios básicos de atención y participación de delegados y afiliados, y colaborar con las federaciones en la actuación y coordinación de la acción sindical en ámbitos de especial dificultad.

Los cambios organizativos más profundos afectarán, no obstante, a las organizaciones federales. Se constituirán tres nuevas federaciones organizadas en sectores, que trabajarán en las actividades de producción de bienes y sector primario (federación 1), actividades y servicios (federación 2) y actividades y servicios que realizan las administraciones públicas con gestión pública y contratación directa de trabajadores y otros servicios públicos (federación 3). Cada una de estas federaciones establecerá su organización interna en base a sectores de actividad con competencias en la negociación colectiva, el desarrollo de políticas sindicales en su ámbito de actuación, capacidad de reivindicación y propuesta dentro del Estado y en el ámbito internacional, democracia interna y recursos suficientes para desarrollar sus objetivos.

El calendario completo de estos procesos es el siguiente:

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1721

JOSEP Mª ÁLVAREZ NUEVO SECRETARIO GENERAL DE UGT | NUESTRO S°DE ORGANIZACIÓN JUNTO A ÁLVAREZ EN EL CONGRESO.

Josep Mª Álvarez nuevo Secretario General de UGT Josep Mª Álvarez ha sido elegido nuevo Secretario General de UGT al obtener 306 votos de un total de 599. La nueva Comisión Ejecutiva Confederal estará integrada por un total de 13 miembros, 7 hombres y 6 mujeres.

Ésta es la composición de la Comisión Ejecutiva Confederal:

Secretario General , Josep Mª Álvarez Suárez

Vicesecretaria General, Cristina Antoñanzas Peñalva 

Secretario de Organización, Rafael Espartero García 

Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, María del Carmen Barrera Chamorro Secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino Bustos 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, Ana García de la Torre Tesorero, Salvador Duarte Soto Secretario de Formación, Sebastián Pacheco Cortés 

Secretario de Internacional, Jesús Gallego García 

Secretaria Confederal, Amparo Burgueño Luengo 

Secretario Confederal, Diego Martínez Isern 

Secretaria Confederal, Adela Carrió Ibáñez 

Secretaria Confederal, Isabel Araque Lucena

Se constituye la Comisión de Propuestas del 42º Congreso Confederal de UGT

Como establece la convocatoria del 42º Congreso, la Comisión de Propuestas trabajará sobre el Programa de Acción y reordenará los documentos de trabajo que sirvan como base de discusión en el Congreso Confederal y establecerá un calendario de reuniones. Estos documentos se enviarán a las Federaciones Estatales y a las Uniones de Comunidad Autónoma para que presenten las enmiendas oportunas.  

La Comisión está compuesta por cuatro miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal, seis miembros de las Federaciones Estatales y seis miembros de las Uniones de Comunidad Autónoma.   Por la Comisión Ejecutiva Confederal han participado: el Secretario de Organización y Comunicación, José Javier Cubillo; el Tesorero, Antonio Retamino; el Secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer; y la Secretaria de Igualdad, Almudena Fontecha.

Por las Federaciones Estatales, los Secretarios Generales de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), la Federación de Industria (MCA-UGT), la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC-UGT), la Federación de Servicios (FES-UGT), la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG-UGT) y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), Julio Lacuerda, Carlos Romero, Miguel Ángel Cilleros, José Miguel Villa, Antonio Deusa y Carlos López, respectivamente.  

Por las Uniones de Comunidad Autónoma, han participado los Secretarios Generales de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Valenciano, Canarias y Cantabria, Carmen Castilla, Josep Maria Álvarez, Carmelo Ruiz-De la Hermosa, Gonzalo Pino, Gustavo Santana y María Jesús Cedrún, respectivamente

Resumen de prensa 24 de noviembre de 2014 | Cándido Méndez adelanta el Congreso de UGT a 2016 para acelerar su retirada

• La Razón: Cándido Méndez adelanta el Congreso de UGT a 2016 para acelerar su retirada
• La Razón: El año que saltó el escándalo
• La Razón: La UGT, abocada al cambio
• UGT: La Cumbre Social Estatal apoya las movilizaciones contra la violencia de género
• UGT: UGT celebra el fallo de la Audiencia Nacional que exige la readmisión de los trabajadores de Coca Cola
• El Diario: Cándido Méndez dice que en Canarias hay un "espejismo" laboral en turismo
• El País: Seis de cada 10 jóvenes españoles planean emigrar en busca de empleo
• Infolibre: Garamendi, candidato a presidir la CEOE, quiere limitar salarios, despidos más baratos y regular las huelgas

Sector Financiero

• El Economista: El sueldo y los horarios se cuelan en las elecciones sindicales de la banca
• Cadena Ser: La expresidenta de la Fundación Caja Madrid utilizó un crédito opaco de la entidad y su ONG para un millonario negocio urbanístico
• Cinco Días: Linde libera la restricción para pagar dividendo en la banca
• Cinco Días: Se busca consejero profesional y con gran dedicación en un banco

Comunicación, Cultura y Artes Gráficas

• UGT RTVE: Engañar a la sociedad
• Estrella Digital: Si el TC lo admite, tendría que reabrirse RTVV
• PR Noticias: UTECA y el futuro de RTVE: ‘si las privadas financian TVE es a cambio de que no tenga publicidad’
• El País: “El fútbol no está en crisis, los ingresos aumentan cada año”

Limpieza y Servicios a la sociedad

El Faro Digital: Las limpiadoras del Campus dicen que es imposible mantener la calidad con la mitad de horas

NUEVO CRITERIO INTERPRETATIVO DEL INSS, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL APARTADO 2, LETRA A), DE LA DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA (CLÁUSULA DE SALVAGUARDA) DE LA LEY 27/2011

El Tribunal Constitucional avala la agresión a los derechos laborales y a la negociación colectiva llevada a cabo por la reforma laboral del PP

Comunicado conjunto de UGT y CCOO

 

El fallo de la sentencia dictado en el día de hoy por el Tribunal Constitucional (TC), en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Navarra, contra determinados artículos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuyo antecedente inmediato es el RD-Ley 3/12, ratifica la pérdida de poder de la negociación colectiva como instrumento de regulación de las relaciones laborales frente al poder unilateral del empresario, obviando el papel que la misma tiene que desempeñar en el Estado Social y democrático de Derecho que proclama nuestra modelo Constitucional.

La sentencia del Alto Tribunal al declarar la constitucionalidad de la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos en las empresas, y la preferencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en aspectos que afectan esencialmente a las condiciones de trabajo, hace una interpretación de la Constitución que menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva que, junto al de libertad sindical y de huelga se erigen en un baluarte constitucional para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

Permitir como hace ahora el Tribunal Constitucional que se inaplique un convenio colectivo simplemente con el Voto de la Administración, en un órgano administrativo, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), es retrotraernos a la época franquista de las relaciones laborales e ignorar el pronunciamiento de la Organización Internacional de Trabajo (OIT ) en la Queja presentada por CCOO y UGT sobre la reforma laboral que expresamente ha señalado que: “para conseguir y conservar la confianza de la partes, todo sistema de arbitraje debería ser realmente independiente, es decir que los resultados de los arbitrajes no deberían ser predeterminados por criterios legislativos.”

En relación con la prioridad aplicativa de convenio de empresa, el Diálogo Social venía conformando la estructura de la negociación colectiva en el sector correspondiente, teniendo en cuenta las necesidades del mismo y la cohesión social, ahora dando carta de naturaleza a que cualquier convenio de empresa pueda romper dicha conformación de la negociación colectiva se niega, obstaculiza y desvirtúa el ejercicio de la facultad negociadora de los sindicatos negando el uso adecuado de una de la herramientas más importantes de la libertad sindical: la negociación colectiva.

El periodo de prueba establecido en el contrato de apoyo a los emprendedores, también ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, permitiendo el despido sin causa, la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo, y que los trabajadores y trabajadores de este país no puedan desarrollar una vida con estabilidad, ante la incertidumbre de ser contratados bajo una modalidad de contratación con una organización del trabajo absolutamente discrecional, más aún, después de que el Gobierno la haya posibilitado también para el contrato a tiempo parcial.

El antecedente inmediato de la Ley 3/12, objeto de la sentencia del TC, es el RDL 3/12 del Gobierno popular, que introdujo la más grave modificación de nuestro sistema de derecho laboral, y se hizo sin dialogo social previo, lo que igualmente ha sido cuestionado por la OIT en sus recientes pronunciamientos en las reclamaciones presentas por CCOO y UGT, que recrimina al Gobierno no haber llevado a cabo un proceso de dialogo social.

Las políticas de ajustes, recortes y contrarreformas sociolaborales impulsadas por la Troika, como respuesta al aumento del déficit y la deuda originada por la crisis financiera, crisis sin precedentes proveniente de los bancos, la están soportando los trabajadores y trabajadoras de este país por el aumento de las desigualdades y el riesgo de pobreza, a costa de la vulneración y el recorte de derechos, solo con medidas de recorte salariales, indemnizatorias y a costa de la conciliación de la vida personal y familiar, claramente en entre dicho, que ahora avala el Tribunal Constitucional.

El actual fallo del TC es el tercero que examina aspectos parciales de la reforma del 2012, sin haber procedido como hubiera sido más adecuado, acumular las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos inconstitucionalidad presentados, por lo que ha utilizado una fórmula de “despiece” previo, que le lleva a adoptar una posición parcelada sobre el contenido global de la reforma, que condicionará su pronunciamiento sobre los recursos que con carácter general se han presentado contra la reforma laboral por inconstitucionalidad.

Una vez publicada la sentencia, ambos sindicatos estudiarán las reclamaciones que, a nivel internacional, pudieran proceder

Publicadas dos notas de rectificación del diario "El Mundo"

El diario El Mundo publicó ayer las rectificaciones que les demandó tanto la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ-UGT) como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

No las publicó tal y como se enviaron, sino que hicieron algunos cambios, como sustituir la palabra falso por incierto… y no mencionan que se han equivocado o falseado las normas de aplicación. Pero el hecho es que han tenido que publicar ambas notas.

 

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Las cosas como son | UGT no se financia con fondos para la formación de los trabajadores

UGT no se financia con fondos para la formación de los trabajadores

Madrid, 13 de noviembre de 2013

Ante la información publicada en el día de hoy por el Diario El Mundo, en la que se acusa a la Confederación Sindical UGT de financiarse con fondos para la formación, queremos manifestar lo siguiente:

1. Es rotundamente falso que la Confederación Sindical UGT se financie con fondos para la formación de los trabajadores. La imputación que se hace en el citado diario, en portada y con grandes caracteres tipográficos, no se sostiene ni fundamenta ni siquiera con los datos que se recogen en el mismo cuerpo de la información.

2. Los fondos de formación para el empleo proceden de la cuota de formación profesional que pagan empresarios y trabajadores, que se gestiona por el Estado y las Comunidades Autónomas y en cuya ejecución participan de forma importante las organizaciones sindicales y empresariales.

3. UGT está fuertemente comprometida con el objetivo de la formación permanente de los trabajadores y la mejora de su empleabilidad. Por ello, y como instrumento para la gestión de la formación de los trabajadores, constituyó una fundación sin ánimo de lucro, IFES, una de las entidades de formación para el empleo más reconocidas de nuestro país.

Asimismo queremos dejar constancia que Antonio Retamino, Tesorero de UGT, ni es, ni ha sido nunca, gerente ni cargo ejecutivo de IFES, sino únicamente Secretario de su Patronato.

IFES imparte formación en toda España, dispone de 190 centros con 664 aulas acreditadas por las distintas administraciones públicas para impartir certificados de profesionalidad, en 120 especialidades acreditadas. Igualmente dispone de una plataforma de teleformación para 186 especialidades formativas. Su plantilla media en 2012 ha sido de 1.052 trabajadores, de los que 724 fueron personal docente, 310 administrativos y técnicos y 19 directivos.

 

4. A lo largo de los últimos 10 años, de 2003 a 2012, IFES ha formado a 1.038.559 alumnos, tanto trabajadores ocupados como desempleados. En el año 2012 la cifra total de alumnos formados ha sido de 72.031, de los que 38.176 han sido trabajadores ocupados (el 53,7%) y el resto trabajadores en paro, con un total de 6.391.198 horas de formación.

5. En el ejercicio 2012 los fondos gestionados por IFES fueron de 47,5 millones de euros, de los cuales 19 millones se destinaron a formación de trabajadores desempleados (el 40% del total), 26,3 millones a trabajadores en activo (el 55,4%) y los 2,2 millones restantes a Acciones Complementarias a la Formación y becas y ayudas a los alumnos (el 4,6%).

De los 47,5 millones de euros, 14,2 millones fueron subvenciones directas de la Administración a IFES, y los restantes 33,3 millones provienen de contratos firmados con otras entidades, principalmente organismos de UGT que han sido beneficiarios de subvenciones públicas y siempre por actividades relacionadas con la formación.

De los 14,2 millones de euros de subvenciones directas a IFES, el 27% proviene de fondos estatales, el 71,8% de administraciones autonómicas, y el resto de otras administraciones públicas.

Y de los ingresos por contratos con otras entidades, especialmente con organismos de UGT, el 21,05% proceden de fondos estatales y el 77,58% de fondos autonómicos.

6. Formación 2020 y Localmur se crearon por IFES con la finalidad de gestionar adecuadamente los recursos que se utilizan en los cursos de formación. Aportan material formativo y libros, de acuerdo con la Ley del Libro, así como equipamientos y en muchos casos aulas. Las inversiones que han realizado estas empresas no las habría podido realizar IFES, y permiten que las instalaciones utilizadas estén actualizadas y sean de calidad.

Todas las actividades y operaciones realizadas por estas entidades están auditadas y analizadas por una empresa externa que emite un informe en el que se indica se realizan a precios de mercado.

7. Las cuentas de IFES, así como de Formación 2020 y Localmur, sociedades participadas por la Fundación, son completamente transparentes, y están auditadas e inscritas en los correspondientes registros públicos. En el caso de IFES las cuentas consolidadas se encuentran inscritas en el Protectorado del Ministerio de Educación.

En su contabilidad a 31 de diciembre de 2012 IFES recoge una deuda neta a su favor de organismos de UGT de 17 millones de euros, y no de 23 millones, puesto que en aquélla se incluyen anticipos entregados por UGT a IFES.

En su mayor parte, 16 millones, corresponde a subvenciones para formación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Las administraciones autonómicas generalmente anticipan una parte de la subvención al inicio, a veces un 25%, pero en muchas ocasiones no pagan el 100% hasta varios meses después de finalizados y justificados los cursos. A pesar de esto, UGT tiene la obligación, y la cumple, de haber pagado el 100% de la subvención en el momento de la justificación. Si no lo hiciera así tendría que reintegrar los fondos.

IFES contabiliza su producción según va ejecutando los cursos. Esos apuntes contables generan una cuenta deudora a su favor donde se registra esa producción, pero esa deuda no es exigible hasta que no se factura. El hecho de que en la Memoria y balance de IFES del año 2012 aparezcan cantidades pendientes de pago indica que se trata de cursos que se han ejecutado o se están ejecutando y aún no se han facturado y terminado de pagar. En la Memoria se distingue con claridad el concepto y situación de estas cantidades. En el caso de organismos de UGT lo que está facturado supone unos 5 millones de euros, mientras que lo pendiente de facturar o justificar, no exigible aún en esa fecha, eran unos 18 millones de euros, de los que 7 millones se habían cobrado ya como anticipos.

Confundir deuda de UGT a favor de IFES con financiación de la UGT es una burda falacia que no se sostiene.

 

8. Reiteramos que es falso que la Confederación Sindical UGT se financie con fondos para la formación de los trabajadores. Se trata de acusaciones falsas que se amparan en la impunidad de gruesos titulares de periódico, en un ataque sin precedentes a UGT y a las organizaciones sindicales.

UGT se defenderá frente a esas acusaciones, ejerciendo las acciones que considere oportunas, y explicando ante los trabajadores y ante la ciudadanía el alcance y sentido político que tales acusaciones tienen, para debilitar la función histórica y constitucional que UGT viene realizando en nuestro país, en defensa de los trabajadores.

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El Secretario General de UGT ha remitido una circular a la organización sobre los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha remitido hoy una circular al conjunto de la organización sobre la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) instruida por el Juzgado nº6 de Sevilla, que reproducimos a continuación:

En relación con algunas declaraciones formuladas por determinados compañeros del Sindicato, en las que se vierten juicios de valor sobre la actuación del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, que instruye la causa de los EREs, la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT quiere expresar lo siguiente:

• Manifestamos nuestro desacuerdo con el contenido y tono de dichas declaraciones, aún comprendiendo que son quizás expresión emocional de la profunda disconformidad con las afirmaciones que se recogen en algunas resoluciones judiciales referidas al Sindicato dictadas en aquel procedimiento. Si bien defenderemos siempre el derecho a la crítica pública, también de los órganos judiciales, cuando se haga debe llevarse a cabo con pleno respeto a la administración de justicia y a las personas que la representan.

• Nuestro desacuerdo de fondo con la línea argumental y con las afirmaciones que sobre los sindicatos se hacen en el procedimiento judicial las refutaremos dentro de la propia causa, acreditando la razón de ser, la actuación y el buen hacer de la acción sindical y de nuestros cuadros y dirigentes sindicales, también en los EREs de Andalucía.

En relación con el fondo de la instrucción, en lo que se refiere a los sindicatos y a UGT, reiteramos lo siguiente:

1. La tesis central de la jueza que instruye la denominada causa de los EREs, basada en las investigaciones de la Guardia Civil y publicitada a través de los medios de comunicación, es que los sindicatos hemos cobrado en los EREs, sin haber realizado ningún tipo de trabajo y bajo la amenaza de que si no pagaban las empresas o las mediadoras de seguros no se firmaría el posible acuerdo del ERE o no se les “apoyaría” en ningún otro expediente, como si la promoción de los expedientes y los planes de prejubilaciones no correspondiera a las empresas o, en su caso, a la Administración. Tal tesis no se corresponde con la realidad y a lo largo del proceso lo iremos acreditando.

2. Los sindicatos de clase somos organizaciones que representamos y defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras, bajo la cobertura y garantía que nos da el artículo 7 de la Constitución. No formamos parte de ninguna trama defraudadora: no somos intermediarios, ni comisionistas, ni “facilitadores” de despidos de trabajadores.

Los que cierran las empresas y promueven despidos, elaboran las listas de los afectados y contratan con las aseguradoras y mediadoras son los empresarios y las administraciones, no los trabajadores ni los sindicatos; incluso se producen los EREs a pesar de la acción y de la oposición de los sindicatos.

UGT nunca ha participado ni participará en promover EREs, y menos aún para aprovecharse y generar ingresos para el Sindicato.

3. UGT en los miles de expedientes de regulación de empleo en los que interviene en toda España siempre ha tenido como objetivo la defensa y asesoramiento de todos los trabajadores afectados, afiliados y no afiliados, procurando el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo y la aplicación de medidas menos traumáticas.

Cuando la situación no permitía evitar los despidos, se ha buscado que los trabajadores estuvieran protegidos por recolocaciones y cuando esto no era posible, que obtuvieran las mejores indemnizaciones y condiciones de prejubilación para los trabajadores de más edad.

Para estos fines UGT presta asesoramiento en materia de acción sindical y de carácter económico, técnico o jurídico. Y en el caso de los planes de prejubilaciones, también de carácter actuarial. Si el Sindicato no asesora a los trabajadores ante las causas que alegan las empresas o las cuentas o cálculos que elaboran, éstos serían los únicos válidos dejando a los trabajadores en una situación de desprotección en relación con sus puestos de trabajo, sus indemnizaciones y prejubilaciones. Para garantizar y proteger los derechos de los trabajadores se hace necesaria la intervención sindical en todas las áreas y materias, incluido el contraste de los cálculos de las prejubilaciones. UGT no va a renunciar a esta función de defensa de los trabajadores, tampoco en el caso de despidos colectivos, pues sería tanto como renunciar a su razón de ser histórica y a la función que le reconoce la Constitución.

4. Estas actuaciones requieren recursos, que UGT obtiene de las cuotas de sus afiliados y para el resto de los trabajadores busca que no lo paguen ellos, a través de los cauces y vías legales. Esto ocurre así en la mayoría de las grandes empresas.

En la totalidad de los expedientes los costes de las prejubilaciones son asumidos por las empresas, y sólo en casos de graves dificultades o insolvencia, las empresas han recurrido al apoyo de la Administración.

En contados casos de desaparición de las empresas (como es el caso de las empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva) se ha recurrido a constituir asociaciones de trabajadores para dar cobertura a los trabajadores afectados.

5. Denunciamos los intereses de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas para desacreditar la actuación sindical, debilitarla o incluso eliminarla. Nada de ello se corresponde a la verdad y se persigue facilitar las políticas autoritarias de recortes y contrarreformas sociales y laborales, evitando que existan contrapoderes que hagan frente a los poderes económicos dominantes y a los políticos que secundan los intereses de éstos.

6. Del único compañero de UGT imputado por la jueza se reconoce expresamente que no se ha lucrado con la actividad sindical. Estamos convencidos que todas las cantidades que los organismos de UGT hayan podido recibir son en pago de los importantes costes de todo tipo que han soportado en defensa y asesoramiento de los trabajadores.

7. Reafirmamos nuestra voluntad de colaboración con la justicia. Y exigimos asimismo que se respete la honorabilidad de la Organización de los trabajadores labrada con la lucha y sacrificio de miles de militantes voluntarios de UGT.

La Cumbre Social retoma su actividad y prepara la celebración de un plenario para impulsar el debate y la movilización social

La Comisión de Coordinación de la Cumbre Social ha decidido, una vez cumplido el primer año de su constitución a finales de julio de 2012, retomar la actividad y preparar la celebración de un plenario de las organizaciones que la integran para impulsar el debate y la movilización popular. La situación económica y social, con una insoportable tasa de paro por mucho que agiten el último dato de paro registrado, y la brecha abierta entre la ciudadanía y los poderes públicos siguen golpeando los derechos sociales y laborales y debilitando la salud de la democracia.

 

 

La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del Gobierno, adelantada por su ministra de Empleo a los agentes sociales, de recortar el poder adquisitivo de las pensiones al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización retributiva, y precipitar la utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas para reforzar los ingresos del sistema. A juicio de la Comisión de Coordinación de la Cumbre Social, el Gobierno parece empeñado en hacer pagar al sistema público de pensiones el ajuste económico que ha comprometido ante las instituciones comunitarias y financieras, algo que no vamos a aceptar.

Para la Cumbre Social, que integran centenar y medio de organizaciones sociales, culturales y profesionales, la reciente aprobación de la reforma de las administraciones locales es otra grave agresión a la democracia, al convertir los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las demandas de la ciudadanía, en simples oficinas administrativas con escasa o nula capacidad para intervenir en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran propios. Ello no hace sino deteriorar la ya mermada confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones que representan la soberanía popular y la política democrática.

La Cumbre vuelve a reiterar su radical oposición a la privatización y/o recortes de servicios públicos que tanto la Administración central como distintas Comunidades Autónomas llevan activando en los últimos meses. La sanidad y educación públicas son un buen ejemplo de lo que decimos, pero no debemos olvidar otros servicios y sectores de la política social de los que progresivamente están prescindiendo los poderes públicos de la derecha. La Cumbre Social pide a las fuerzas políticas progresistas que se comprometan, llegado el momento, a revertir las leyes y normativas que han posibilitado estos procesos privatizadores.

Por último, la Cumbre Social insiste en reclamar una profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa Ley de Transparencia, una nueva Ley Electoral y un compromiso explícito para aprobar ya medidas precisas y evaluables de lucha contra la corrupción económica y política a fin de evitar que los responsables de una y otra actividad puedan ejercer funciones de representación colectiva u ocupar un puesto en las instituciones del Estado.

La reforma laboral ha provocado un aumento de la judicialización de las relaciones laborales

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha inaugurado hoy las jornadas de derecho laboral “La devaluación de las garantías colectivas en el gobierno de las relaciones de trabajo”, organizadas por UGT y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Méndez ha señalado que la reforma laboral, que se presentaba como una herramienta para mejorar las condiciones para la creación de empleo, estabilizar el empleo y otorgar supremacía a la flexibilidad interna frente al despido, “ha fracasado estrepitosamente: el paro ha aumentado, los ERE se han incrementado en un 22%, - los no pactados un 78%-, y todo esto ha provocado una judicialización fortísima de las relaciones laborales”.

“La reforma” ha explicado, “ha producido un aumento de la conflictividad laboral, el número de huelgas se ha incrementado en un 13%, el número de horas no trabajadas, en un 166% y el número de trabajadores participantes en los conflictos, en un 45,9%. Pero también, ha tenido un efecto colateral muy importante: el incremento de la utilización de la contratación parcial con carácter involuntario”. En este sentido, ha manifestado que España es uno de los países de Europa, junto a Grecia, donde “el nivel de involuntariedad en la contratación a tiempo parcial es mayor”, “ronda el 60% cuando la media europea está en torno al 28% y en Alemania está cerca del 18%”.

Y, por otra parte, “la pieza que el Gobierno presentaba como la joya de la corona, el contrato de emprendedores, que iba a ser el revulsivo para la propiciar la contratación, finalmente sólo ha supuesto un 0,6% de los contratos” ha explicado. Este contrato “no ha funcionado en absoluto” y ha tenido un efecto perverso, el de “aumentar aún más la precariedad porque, junto a las subvención a los empresarios, incorpora como atractivo añadido un periodo de prueba de un año, lo que ha provocado una sustitución de contratos temporales. Del total de contratación, el 82% han sido contratos que no han rebasado el año de prueba”. En torno al 45% de la contratación de mayo de este año ha sido contratación a tiempo parcial. Prácticamente un tercio de la contratación ya es contratación temporal, lo que está provocando una fuerte devaluación salarial que está llevando a que ahonda aún más en la recesión económica”.

Cándido Méndez ha subrayado además que la reforma ha llevado a un “fuerte bloqueo de la negociación colectiva y la erradicación de la ultraactividad de los convenios” y ha manifestado que el acuerdo con la patronal ha supuesto “establecer un puente precario sobre el abismo de la erradicación de la ultraactividad para evitar que 2 millones de trabajadores se quedarán sin convenio”.

Méndez ha finalizado su intervención destacando que “estamos ante la evidencia de un efecto dominó con respecto a situación coyuntural del Sistema Público de Pensiones porque las políticas de recortes están ahondando en la recesión, la reforma laboral ha agravado la destrucción de empleo, y el Sistema está sustentado básicamente sobre las cotizaciones del factor trabajo”.

Congreso Confederal

Los sindicatos apoyarían al Gobierno si defiende los intereses de España ante las instituciones europeas

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha sido elegida por el 86,32% de los votos

Aprobada por aclamación la Declaración del 41º Congreso de la Unión General de Trabajadores

UGT valora el fallo del Tribunal Constitucional que pone fin a una regulación discriminatoria en la cotización de los contratos a tiempo parcial

Urge al Gobierno a convocar ya la comisión de seguimiento del sistema público de pensiones y la Comisión del Pacto de Toledo

(10 abril 2013).- UGT valora la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo (BOE núm. 86, de 10 de abril de 2013) que declara la inconstitucionalidad y nulidad de las reglas que establecen cómo computar los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para poder causar derecho a una pensión del sistema de Seguridad Social. El sindicato considera que esta legislación es discriminatoria, injusta e insolidaria. El sindicato urge la convocatoria de la comisión de seguimiento del sistema público de pensiones para debatir esta cuestión con los interlocutores sociales, así como la de la Comisión del Pacto de Toledo. El Tribunal Constitucional, resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, declara que la forma de calcular los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a las diferentes prestaciones del sistema aplicable a los trabajadores, vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo, por perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que de hombres (en torno al 80% del total de trabajadores asalariados a tiempo parcial en España son mujeres). El Tribunal Constitucional, al igual que hizo recientemente el Tribunal de Justicia de la UE en su Sentencia de 22 de noviembre de 2012, rechazando las alegaciones del Abogado del Estado y del Fiscal General del Estado, reproduce en su Sentencia la posición mantenida por UGT desde el año 1998, al considerar especialmente perjudiciales y desproporcionados los efectos que la aplicación de dichas reglas para el cómputo de cotizaciones conllevan en los contratados a tiempo parcial, al constituir, en palabras del Tribunal, “un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de jubilación”. En definitiva, el Fallo del Tribunal Constitucional pone fin a una regulación discriminatoria, que establecía una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial para tener derecho a las diferentes prestaciones del sistema, injustificada y arbitraria, que impedía en la práctica que esto últimos pudieran tener derecho a la pensión que por equidad les pertenecía.

14N Hay culpables. 3 | Huelga General

14N Hay culpables. 2 | Huelga General

El reglamento de los procedimientos de despido colectivo consolida el poder empresarial para destruir empleo

El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros de hoy, el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, profundiza en la estrategia iniciada por la reforma laboral, para la reducción de los derechos de los trabajadores frente al despido colectivo y la suspensión de contratos y reducción de jornada.

La Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que sirve de base a este Reglamento, supuso atribuir al empresario facultades casi absolutas a la hora de determinar la extinción de contratos de trabajo o la reducción de la jornada laboral, contribuyendo a un aumento considerable en la indefensión y desprotección de los trabajadores.

El Reglamento ahonda en este objetivo. No sólo continúa sin resolver los problemas de inseguridad jurídica creados por la Ley, sino que además:

Certifica el incremento del poder empresarial;

Confirma la eliminación de los controles administrativos y judiciales sobre la decisión de proceder al despido;

Insiste en el injusto aislamiento de la autoridad laboral y en la depreciación de la labor de la representación legal de los trabajadores en el proceso de negociación;

reafirma el disparate que conlleva permitir la aplicación del despido colectivo al personal laboral al servicio de la Administración Pública;

Sigue sin establecer medios probatorios fidedignos, que sirvan de prueba suficiente para demostrar la existencia o no de la situación económica que desencadena la decisión extintiva.

En definitiva, el Reglamento que aprobado hoy consolida el desequilibrio en las relaciones laborales, en favor de la empresa y en perjuicio de la parte más débil del contrato, los trabajadores.

HUELGA | El Comité Confederal Extraordinario de UGT aprueba por unanimidad la convocatoria de huelga general para el 14 de noviembre

 HUELGA GENERAL

14-11-2012

El Comité Confederal extraordinario de UGT ha aprobado por unanimidad la convocatoria de huelga general para el 14 de noviembre, que se enmarca en la Jornada de Acción y Solidaridad Europea, acordada por la Confederación Europea de Sindicatos.

Esta tarde, la Cumbre social, que integra a los sindicatos y a más de 150 organizaciones sociales, decidirá su apoyo a esta convocatoria.

Resolución del Comité Confederal extraordinario.

　

Lo que ha ocurrido es lo que parece. Y lo que parece es un rescate

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, junto con los secretarios generales de UGT y CCOO en Cataluña, Josep Maria Álvarez y Joan Carles Gallego, se han reunido esta mañana con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para analizar la situación actual y la reforma laboral impuesta por el Gobierno.

Cándido Méndez ha subrayado que “dos años después de la imposición de las políticas de ajuste podemos llegar a la conclusión de que, tal y como están concedidas, son un fracaso y no han resuelto ningún problema ya que el paro ha aumentado, estamos en recesión económica y la incertidumbre no se ha despejado”.

“A nuestro juicio el gravísimo problema de déficit que hay en España no tiene relación con el gasto público sino con la brutal caída de los ingresos fiscales, y lo que hay mejorar el nivel de ingresos y no seguir por la vía de recorte de gastos que lo que hace es sepultarnos más en el hoyo”.

Méndez ha manifestado que “la estrategia del Gobierno español en relación con la próxima cumbre debería ser agarrarse como un clavo ardiendo a todas aquellas posiciones que apuestan por la preservación del empleo, el mantenimiento de la cohesión social frente a las políticas de ajuste”. “Porque lo que ha ocurrido es lo que parece. Y lo que parece es un rescate” ha añadido.

“Una operación”, ha dicho, “que exigirá condiciones en términos de recortes. Un precio que la sociedad española no debe, no puede y desde luego tampoco quiere pagar”.

“No se puede esperar que a corto plazo se produzca un aumento del flujo del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias. Lo que se puede producir es un aumento de la exigencia a las entidades financieras y que se estrangule un poco más el flujo de crédito”.

Y llamáis socorrer, el rematar

Y llamáis socorrer, el rematar
[tribuna de opinión de Cándido Méndez]

UGT.- domingo, 1 de mayo de 2011
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Cuando un acuerdo que refuerza el consenso y el diálogo social se ve como una posibilidad cercana, volvemos a oír el revuelo que producen los arbitristas de nuestro tiempo. Hoy, a diferencia de sus predecesores, felizmente cobijados por instituciones financieras y medios de comunicación que, con fe de adicto, propagan remedios inservibles y caducos. Estos armachismes reviven las acres palabras de Quevedo, quien con sorna les reconvenía: “llamáis defender la hacienda: echarla en la calle, y socorrer, el rematar”. No acostumbran a rendir cuentas -privilegio también de gobernadores-, ni se les exigen responsabilidades. A nosotros sí, el 1º de mayo es ocasión propicia para hacerlo.

Hay periodos en los que el sindicalismo avanza, construye derechos y hay otros en los que, por el contrario, nuestro trabajo consiste en impedir que se destruyan. Este es el que hoy nos sigue tocando vivir.

En la globalización, y consecuentemente en la crisis global, hay que defender los intereses generales de los trabajadores y también defender a nuestro país, que son en realidad una misma cosa. Hoy esto es, si cabe, más ineludible ya que la Unión Europea está afrontando la crisis con ajustes y recortes sociales. Endeudando por generaciones a los ciudadanos de sus Estados miembros. Es este equilibrio, difícil pero inevitable, el que ha determinado nuestras decisiones durante los últimos meses.

Nuestro comportamiento busca el consenso para salir de la crisis. Está regido por la ética y persigue metas morales: la solidaridad y la dignidad del ser humano. Ética y moralidad, sin ellas no hay comportamiento político que valga, su ausencia está también en el origen de esta crisis.

Hemos convocado una huelga general y firmado un acuerdo. Ambos acontecimientos tienen una íntima relación: expresan el poder del ejercicio democrático de nuestros derechos. Nos enseña, frente a los que pretenden que nos sumerjamos en la resignación, que en la Historia nada es inevitable. Reivindican, ante quienes pretenden consagrar la obediencia debida a los mercados, la capacidad de acordar, de gestionar la convivencia. En eso consiste la acción política en una sociedad democrática.

El Acuerdo Social Económico ha contribuido a recuperar la perspectiva y la serenidad a la hora de atajar la crisis. El tiempo ajustará el alcance de su importancia y especialmente lo harán las generaciones de trabajadores que hoy intentan incorporarse al mercado de trabajo.

Los sindicatos conseguimos recortar los recortes y proteger nuestro sistema de pensiones. Hemos evitado ahondar en los desencuentros y precipitarnos por una sucesión de medidas unilaterales y conflictos que hubiesen sido muy dañinos para la sociedad española y, por supuesto, para los trabajadores.

Se ha producido una corrección radical de los planteamientos iniciales del Gobierno, que hablaba de jubilarse a los 67 y sólo a los 67, quería eliminar la jubilación parcial y restringir la anticipada. El resultado ha sido 65 y 67, reconocer que hay que mantener la jubilación anticipada a los 61 años, aumentando la cotización de los empresarios de manera gradual, y se ha constituido como derecho la jubilación a los 63. Y dos iniciativas que tienen una gran importancia porque es la primera vez que, a efectos de cotización, en España se reconoce el periodo formativo y el tiempo dedicado al cuidado de hijos.

Pero el Acuerdo es algo más, expresa una convicción: que recorte de gastos y sostenibilidad no son sinónimos. Sin embargo, de poco servirá si no se consigue crear empleo. Sin empleo no hay pensiones. Sin buenos empleos no hay buenas pensiones.

La reforma laboral no crea empleo. Para las organizaciones sindicales queda pendiente revertir sus efectos más negativos. La Iniciativa Legislativa Popular es una segunda oportunidad, así lo deberían entender las Cortes Generales, para enmendar aquel error que se cometió con la aprobación de la reforma.

UGT está contribuyendo a afrontar la crisis con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Seguiremos haciendo lo necesario para remontar esta difícil situación y lograr un crecimiento más perdurable y equilibrado de la economía. Las fuerzas políticas deben acompañar con su apoyo en los trámites parlamentarios y la sociedad española no debe olvidar. Debe aprender de su pasado reciente, de lo sucedido entre 1997 y 2007, años en los que se gestó, evolucionó y estalló una política económica sin bases solidas, con un crecimiento a crédito y la especulación como motor. No es cierto que nadie apercibiese lo que estaba ocurriendo. Se alertó de los riesgos, en España y fuera de nuestro país. Lo hicimos en reiteradas ocasiones.

Nuestro cuidado es que esa historia pueda volver a repetirse. Si salir de la crisis significa volver a las prácticas económicas de esa “década prodigiosa”, la posibilidad de empantanarnos en ella será algo más que una conjetura.

UGT pide que los agentes de seguridad privada disfruten de la consideración de agentes de la autoridad

UGT pide que los agentes de seguridad privada disfruten de la consideración de agentes de la autoridad

UGT de Cataluña ha lamentado la muerte de un vigilante de seguridad privada de la empresa Prosegur ocurrida el viernes tras la agresión de un individuo que fue posteriormente detenido. Según el sindicato, los hechos son una nueva evidencia de que el trabajo de los trabajadores de los servicios de vigilancia privada reclama una mayor atención y reconocimiento públicos. En este sentido, al entender UGT que el tipo de trabajo desarrollado por los vigilantes de seguridad incluye la seguridad pública, reclama que disfruten de la consideración de agentes de la autoridad que ya son, y la mejora de la capacidad de respuesta de este colectivo. Por ello, el sindicato exige a la administración “una mayor implicación, de manera que las empresas de seguridad privada que contrate disfruten de la calidad y las competencias necesarias para hacer frente de mejor manera a este servicio, que no deja de ser un servicio de seguridad público”. Además UGT de Cataluña insta al Departamento de Interior como a los servicios de contratación de la Generalitat de Cataluña a trabajar estos aspectos con los sindicatos y las empresas, para evitar que se repitan hechos como el de Castelldefels”. http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8217:ugt-pide-que-los-agentes-de-seguridad-privada-disfruten-de-la-consideracion-de-agentes-de-la-autoridad&catid=89:riesgos-laborales&Itemid=270