Amenazan a los fiscales que indagan a policías
Los cuatro fiscales que indagan el caso Prosegur están amenazados,
según un informe que se le hizo llegar al fiscal general Javier Díaz
Verón. Se dejó constancia de este hecho a través de un acta notarial.
Sindican como responsable al exjefe de Orden y Seguridad de Central José
Dolores Amarilla.
Los fiscales Blanca Agüero, Nelson Ruiz, Augusto Salas y Luis Said son los investigadores de este caso.
El
fiscal Ruiz confirmó ayer a ABC esta información. Explicó que las
amenazas son de vieja data, al punto que el anterior ministro del
Interior Carmelo Caballero le advirtió de la situación y le proveyó de
seguridad policial.
Sin embargo, en los últimos meses y antes de la audiencia preliminar se profundizaron las advertencias.
“Dos
abogados de su defensa manifestaron que estaba ofuscado y que advirtió
que la causa debía concluir con un sobreseimiento definitivo”, explicó
Ruiz.
Añadió: “Esto fue corroborado por un comisario que actualmente presta servicio en la comisaría de Lambaré”.
Ruiz,
quien no quiso entrar en muchos detalles, afirmó que el “fiscal general
y el ministro del Interior (Francisco de Vargas) están alertados del
tema”.
De acuerdo a las informaciones que recibió el titular del
Ministerio Público, las amenazas alcanzan a todos los fiscales de la
causa y que esto se manifestó durante la audiencia preliminar en la cual
Amarilla supuestamente manifestó su odio hacia todos los fiscales de
este caso, en especial contra Ruiz.
Tras esta audiencia, la causa fue elevada a juicio oral y público por resolución de la jueza de Lambaré Isabel Bracho.
El
fallo fue apelado por los ocho imputados, aunque es poco probable que
esto progrese, ya que la Corte Suprema sostiene que lo resuelto en esta
etapa del proceso no puede ser objeto de revisión en la Cámara de
Apelaciones.
Los fiscales también se encuentran preocupados por la
facilidad que se otorga a Amarilla, al comisario principal Osvaldo
Ayala (exjefe de la comisaría de Ñemby) y a Joni Díaz (exsubjefe) en la
Agrupación Especializada (donde están recluidos) para comunicarse con
los demás imputados. Inclusive uno de ellos, el suboficial Hernán
Vigneaux, que había declarado contra los jefes policiales, cambió su
versión durante la audiencia preliminar, a través de un acta notarial.
Prosegur denunció que el monto robado fue G. 1.840 millones.