Este miércoles en el Congreso se desató una polémica por un proyecto de ley que busca un marco legal para las cooperativas de vigilancia y de seguridad privadas en Colombia. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que con esta iniciativa se busca revivir las llamadas Convivir.
De acuerdo con el senador Cepeda, el proyecto paramilitarizaría de nuevo el país y por eso pidió que se realicen audiencias públicas antes de votar la iniciativa.
“Es contraproducente que en el contexto de un acuerdo de paz y ante posibilidad de un posconflicto, sectores del Congreso presenten una iniciativa que revive ese viejo peligro de paramilitarizar el país a través de entregarles a cooperativas de seguridad el manejo de asuntos de orden público. La tenebrosa experiencia de las Convivir nos enseñó que no se puede seguir en la línea de otorgarles facultades del Estado a los privados”, sostuvo el senador Cepeda.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Galán comentó que este proyecto permitiría que empresas extranjeras brinden asesorías en entrenamiento militar, por lo que se correría el riesgo de que se presentaran casos como el de Yair Klein, que llegó a entrenar los grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
Sin embargo, el senador Mauricio Lizcano, ponente del proyecto, defendió su propuesta y comentó que de ninguna manera la intensión ha sido crear nuevos grupos de vigilancia como las Convivir.
“Senador Cepeda esto no tiene nada que ver con las Convivir, pues el proyecto no pretende que sea reemplazada la Fuerza Pública en algunas zonas del país”, aclaró Lizcano.
A lo anterior, el senador Lizcano agregó: “Es que no se puede satanizar un proyecto que lo único que busca es regular un mercado que actualmente está en la informalidad y que requiere regulación dado que son cooperativas donde a cualquiera le dan un arma y por eso la urgencia en vigilarlos y dar garantías laborales a quienes trabajan ese sector de la economía”, puntualizó Lizcano.
Finalmente, el polémico proyecto se someterá a debate el martes después de Semana Santa y se citará al ministro de defensa e intervendrán los particulares interesados.
El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA.
...Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen.
...Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar.
Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio. Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos tienen conexiones políticas con el PP...
"Un sector en pleno auge". Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios y se ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese "auge" en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo solamente 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.
La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.
¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble
Para los años 2013 y 2014, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP), respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno "persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de negocio, en retroceso desde el año 2009". Justifican su posición con unos cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas, control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El más reciente de estos proyectos piloto, que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta de una pregunta realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.
Según los cálculos de la UFP en base a esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional. Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por lo tanto, según el sindicato policial, "este proyecto no supone ahorro de coste alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las empresas afectadas". Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos son "superiores" a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.
Turbias conexiones
Desde la organización Acaip también hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del Gobierno: "Realmente pretenden mantener los beneficios de las empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado con el PP". Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el exministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas relaciones se ponen de manifiesto.
La seguridad privada, en números
· España cuenta con un total de 1.490 empresas de seguridad privda, a finales de 2012. De ellas, 1.273 han sido habilitadas por Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. · En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación ya que aporta el 65% del total. · Según datos del INE, la mayor parte de las empresas del sector son pequeñas (un 82,82%). Solamente cuatro superan los 5.000 trabajadores. · A fecha de diciembre de 2012, en España había un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales 82.150 estaban en activo. El año pasado se hicieron 12.388 nuevas habilitaciones. · En España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes frente a los 385 de media de la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privadso por 271 en Europa.
En la primera de las fases del proyecto piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa y Prosetecnisa. La primera de ellas, Ombuds, también recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros.
Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Manuel Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP). Además, entre los consejeros de Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y amigo del rey Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Francisco Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza. Eulen, la otra empresa adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego.
Por otro lado, en la UTE de empresas que se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, "no sirven para nada". Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber está tocada por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad: cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra.
La élite de la seguridad
Algunas de las compañías mencionadas pertenecen a la patronal del sector, la citada Aproser, que engloba a las 12 principales empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo hizo "con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus asociados", para lo que mantienen "constantes relaciones con las diversas administraciones públicas competentes". Una vez aprobada la nueva Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa.
Las empresas que forman parte de Aproser son: Alse, la citada Eulen, el grupo Securitas (con sus divisiones Loomis Spain y Securitas Transport Aviation por separado), el grupo Omega, Prosegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa, Trablisa y Vinsa.
El presidente de Aproser desde abril de 2013 es Ángel Córdoba Díaz, un ejecutivo bancario que fue director de negocio de desarrollo empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011, coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad. También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de lucro de orientación empresarial.
¿Solucionar una normativa "muy estricta"?
Hace aproximadamente dos años, a principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) publicaba un informe anual acerca de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:
Mapa elaborado por CoESS en 2012 sobre las legislaciones en materia de seguridad privada en Europa. (en azul, poco estricta; en verde, media; en amarillo, estricta; y en magenta, muy estricta)
"Muy estricta". Así valoraba el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho ámbito, junto a las existentes en Portugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica. En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda, la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que sí lo era.
CoESS aglutina a las principales patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su página web, "construye y mantiene fuertes alianzas con las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea". CoESS asegura que "defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus miembros". http://www.zoomnews.es/269677/actualidad/espana/ley-seguridad-privada-reforma-al-rescate-lobby-herido-crisis
La Universidad Isabel I ha dado a conocer hoy la primera Facultad de Criminología de España cuyo objetivo es formar profesionales con una visión generalista y versátil de la criminalidad. La titulación ofrecerá cinco menciones de especialización enfocadas a las salidas laborales en ámbitos como el de la prevención y mediación; la penitenciaría; el marco pericial criminológico y criminalista; la seguridad privada y la seguridad pública.
Las clases de Criminología estarán impartidas por criminólogos en ejercicio y de momento ya cuenta para este primer curso con 40 alumnos de toda España y de varios países hispanoamericanos, aunque la matrícula estará abierta hasta finales de octubre.
Durante la presentación, el decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, Aitor Curiel López, ha destacado que la nueva oferta académica contribuirá a mejorar la seguridad del país: "la Criminología es una ciencia reglada desde hace poco tiempo en España, pero que sin embargo tiene demanda. La labor de los criminólogos es vital para la seguridad del país: el papel activo de estos profesionales en la prevención de delitos, mediación y rehabilitación es un factor que indica el grado de desarrollo de una nación"
En este sentido, Curiel detalló que la Universidad Isabel I ofrecerá también la posibilidad de cursar dobles titulaciones en Criminología y Derecho o Criminología y Psicología, con el objetivo de completar los conocimientos adquiridos y adquirir un nivel a la altura del exigido: "El nivel de los conocimientos y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España está a la altura de países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, los más avanzados en este área".
La Facultad de Criminología de la Isabel I ya ha suscrito convenios de colaboración con las principales asociaciones profesionales de España relacionadas con el sector, como la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León o la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.
Por último, ha tenido lugar el Seminario 'Psiquiatría y Delito', primer acto público oficial que desarrolla la Facultad de Crimonología, en el que han intervenido Tomás Ortiz Valero, eminente psiquiatra forense; Miguel Ángel Villalba Abarquero, presidente de la Asociación de Médicos Criminólogos de España; Jaime Gutiérrez Rodríguez, director del Grado en Psicología de la Universidad Isabel I; Antonio Cela Ranilla, secretario general de la Sociedad Española de Criminología, y el propio decano de la Factulad de Criminología de la Isabel I, Aitor Curiel.
Un grupo comando intentó asaltar este jueves al mediodía un camión blindado
en la zona sur de la ciudad. Hubo un enfrentamiento armado entre los custodios
del transporte de caudales y los delincuentes, que escaparon sin consumar el
robo. La balacera fue feroz, con decenas de disparos, pero no hubo heridos
El hecho se produjo en Ovidio Lagos e Hilarión de la Quintana. Pasadas las
12.15 un camión de caudales descargaba en el Banco Macro sacas de dinero cuando
delincuentes que llegaron en un auto dispararon al personal del transporte de
caudales, probablemente con un fusil de guerra FAL. Pero los custodios
respondieron los tiros con sus armas 9 milímetros y, de acuerdo al relato
policial, pusieron en fuga a los delincuentes que huyeron sin consumar el
robo.
No hubo heridos y eso fue todo un milagro: en el lugar había cerca de 29
vainas de proyectiles 9 milímetros.
Según trascendió, los delincuentes escaparon en un Citroen C4 que habría sido
secuestrado luego, no muy lejos de allí en barrio Las Flores.
Cerca de las 14, móviles policiales rastreaban la zona sur en busca de la
banda y vecinos reportaban que hubo otro tiroteo en el barrio.
Ocurrió en Bolivia. La Seprelad ya solicitó un informe al vecino país sobre el origen del dinero que, de acuerdo a las autoridades bolivianas, provienen de un banco paraguayo.
Oscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó que se están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes al hallazgo de una bolsa repleta de dinero y que llevaba el sello de la empresa Prosegur Paraguay.
Señaló que la suma oscila los 1 millón de dólares y se hallaba en el interior de una bolsa marcada con el nombre de dicha empresa de transporte de caudales, según dijo a la 650 AM.
De acuerdo a las autoridades bolivianas, el dinero tendría como procedencia Paraguay ya que tiene sellos de una entidad bancaria que opera en nuestro país.
Hernán Colmán, Superintendente de Bancos del Paraguay, declaró a su vez que la bolsa podría no pertenecer a Prosegur, ya que en los aeropuertos no existe un control con respecto al movimiento de dinero.
El hallazgo de la bolsa de dinero ocurrió el domingo último en el marco de un operativo antidrogas, en Santa Cruz, en una zona fronteriza con Brasil y Paraguay.
Los drásticos recortes impuestos por el Consell al gasto corriente del aeropuerto de Castelló también han afectado a la seguridad privada de la infraestructura. La Guardia Civil y la Policía Autonómica han asumido el control de las instalaciones por la noche, un servicio que ha dejado de prestar una empresa de seguridad externa. La proximidad de la comisaría de la Policía autonómica de Vall d'Alba, en servicio desde hace un año, ha llevado al gobierno valenciano a asignarle la vigilancia del aeropuerto. No en vano, una de las competencias del cuerpo es la custodia de los edificios de la Generalitat, de ahí que se le haya encomendado la de las instalaciones de Vilanova-Benlloch, que permanecen cerradas. Esta labor también la presta la Guardia Civil, que patrulla la zona para evitar la entrada de intrusos en la base, donde hay equipos que han supuesto una inversión multimillonaria. Fuentes de la Generalitat explicaron que los recortes en seguridad privada -que incluyen la amortización de la plaza de director de seguridad- cuentan con un informe jurídico favorable. Las mismas fuentes subrayaron que la presencia de la Guardia Civil y Policía autonómica garantizan el control de las instalaciones por la noche. Durante el día, se mantiene la presencia de vigilantes de seguridad en la entrada del aeropuerto y en su perímetro vallado, mientras que en horario nocturno asumen estas funciones las fuerzas y cuerpos públicos. El presidente de Aerocas, José Císcar, trasladó al consejo de administración de Aerocas su intención de reducir en un 81 % el gasto corriente de la sociedad entre 2013 y 2014, hasta dejarlo en menos de un millón de euros. Un ahorro que se pretende conseguir, en gran parte, gracias a la rescisión de contratos externos. Según el presidente de Aerocas, con un millón de euros basta para garantizar todos los procesos de certificación y conservación del aeropuerto de Castelló. Por otra parte, el Consell perfila la licitación del contrato de gestión del aeropuerto, que supondrá un importe máximo de 2,5 millones de euros en el primer año. El objetivo es que a partir del quinto año, si se alcanzan los 360.000 pasajeros, el aeropuerto suponga un coste cero para las arcas autonómicas.
Real Decreto El Consell pretende abrir por horas la infraestructura en función de la demanda. Se acogerá a un Real Decreto que prepara el Gobierno para los aeropuertos de tráfico débil, que permitirá que éstos ajusten su horario al tráfico de aviones para no incurrir en gastos innecesarios. El decreto no ha sido aún aprobado, pero la Generalitat confía en que esté vigente cuando la base de Castelló esté en condiciones de operar
Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.
Corporación Financiera Alba sigue con el proceso de rotación de activos iniciado este año tras las fuertes pérdidas registradas en 2012. La sociedad de cartera de los March ultima la venta del 8% de Prosegur, participación que asciende a unos 200 millones de euros a precios de mercado. La operación supondrá grandes plusvalías para el holding, que entró en la empresa de seguridad hace diez años.
Según indican fuentes financieras, los March han acordado la venta de su paquete en Prosegur a varios fondos estadounidenses, con los cuales ya ha pactado el precio de compra. La operación se hará a través de un proceso de colocación acelerada, pero con los destinatarios totalmente identificados, lo cual evitará que la cotización sufra la habitual caída en bolsa cuando se hace un book building tras el cierre de mercado.
Un riesgo muy evidente en Prosegur, que apenas tiene un capital flotante o free float del 28,7%, por lo que la colocación directa de un 8% podría suponer un desplome de la cotización de entre el 5 y el 7%, según indican fuentes del mercado. Al tener ya los compradores asegurados a un precio determinado, la operación será más beneficiosa tanto para los March como para la propia empresa, al esquivar la típica presión de los brokers para sacar un descuento mayor.
La transacción está más que apalabrada desde hace días, pero la Securities Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos ha solicitado información adicional a los fondos que van a quedarse con ese 8%, al tratarse de una empresa relacionada con temas de seguridad, vigilancia, gestión de cajeros y protección antiintrusión.
En el accionariado de Prosegur ya hay un fondo americano, Fidelity, que tiene el 4,9% del capital, después de haber vendido un 1% a finales de mayo. Por el contrario, la semana pasada la sociedad de inversión Oppenheimer Adquisition Corporation hizo público que se había hecho con un 3%, un paquete similar al que tiene el bróker M&G Investment Management.
En cualquier caso, el control de la multinacional española está en las manos de la familia Revoredo, dueña del 50% de las acciones en circulación. Fuentes oficiales de Prosegur han declinado hacer ningún comentario sobre la venta de los March, ya que aseguran no compartir información desde que los consejeros de una de las mayores fortunas de España abandonaron el órgano de gestión de la empresa.
Una cartera con poco brillo
Para Corporación Financiera Alba va a suponer una gran operación. Aunque es muy difícil calcular las plusvalías exactas que obtendrán debido a que el holding no hace público el valor en libros al que tiene registrado su actual 8,1%, los beneficios serán cuantiosos. La firma entró en Prosegur en mayo de 2002 con la compra de un 5% por 48,3 millones. Después fue aumentando su participación hasta llegar al 10% cuando la compañía cotizaba a unos 2,5 euros.
Ahora lo hace a más de 4,2 euros por acción, después de bajar casi un 3,62% en 2013. Un descenso que se explica por la venta del 2% que los March hicieron entre enero y marzo por 54 millones y a la mala acogida entre los inversores de los resultados del primer trimestre del año por el aumento de la deuda. Un retroceso que no emborrona la subida del 31º% registrada el pasado año y la revalorización del 90% desde finales de 2008.
Corporación Financiera Alba tiene una cartera de inversiones bursátiles de 2.267 millones, entre las que destaca el 17% de ACS, de la que en los dos últimos años ha vendido un 6% del capital. Su segunda mayor apuesta es Acerinox, de la que posee un 24% por cerca de 500 millones. Después se encuentran Prosegur, Ebro Foods e Indra. Además, tiene presencia en el capital de Clínica Baviera y Antevenio, así como unas inversiones de 200 millones en sociedades no cotizadas y otros 200 en inmuebles. Según la memoria anual de 2012, el holding apenas tiene plusvalías en el global de su cartera, ya que el valor en libros general es similar al del mercado. Las que peor rendimiento están dando son Acerinox e Indra.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo por el que Roca Sanitarios cerró la fábrica sevillana de Alcalá de Guadaira y despidió a sus 249 trabajadores y a otros 227 en la factoría de Alcalá de Henares (Madrid), el pasado marzo.
Los sindicatos CC OO y UGT impugnaron el ERE al entender que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical porque se "les conminó a activar el despido de trabajadores de la sección de bañeras de Alcalá", que no estaban afectados por el ERE, si los miembros del comité de empresa de Sevilla querían ejercer su derecho de preferencia de permanencia en la empresa.
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera que en efecto se vulneró dicho derecho, "que no es un privilegio" sino una "garantía de los representantes de los trabajadores" que les permite negociar sin la presión de saberse afectados y por otra parte asegura que los trabajadores mantienen a sus represenantes tras los despidos. La nulidad del ERE implica que la empresa tiene que readmitir a todos los trabajadores.
Tanto la inspección de trabajo como el ministerio fiscal apoyaron las alegaciones de los sindicatos. La sentencia de la Audiencia Nacional considera que al cerrarse la factoría de Sevilla la empresa no estaba obligada a dar a los miembros del comité el derecho de permanencia, pero al hacerlo vulneró el derecho a la libertad sindical ya que les colocó en una situación "peculiar" que les restó manifiestamente objetividad y les "quitaba cualquier credibilidad" ante sus compañeros.
"Si optaban por la permanencia en un centro que nunca les eligió", el de Alcalá de Henares, perjudicaban a los trabajadores de dicho centro cuyos puestos no estaban en cuestión, añade la sentencia.
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la vigente desde 1992. El proyecto contempla un mayor control de los detectives, al obligarles a hacer un contrato con cada cliente que les haga un encargo, del que inmediatamente tendrán que dar cuenta a la policía. Pero no solo eso, sino que la policía y la Guardia Civil podrán acceder a los informes elaborados por los detectives a efectos de control e “inspección”, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Eva Grueso Domínguez, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives en España, es tajante: “Este proyecto es una barbaridad y conlleva un control excesivo”. Tanto Grueso como otros compañeros consideran que el Ministerio del Interior ha adoptado esta posición tras el escándalo del espionaje a políticos destapado a raíz del caso Método 3 hace unos meses. El giro dado a la nueva ley está en íntima relación con el presunto espionaje sufrido, por ejemplo, por Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña. El propio ministro, Jorge Fernández, anunció en marzo que la norma impediría “que se pueda volver a producir lo que se ha producido ahora”.
El artículo 25 de la futura ley establece taxativamente que los detectives deberán “formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior en la forma que reglamentariamente se determine”. El cómo lo regulará un reglamento.
Los investigadores deben presentar al ministerio una memoria anual
La Asociación de Detectives no oculta su enfado con la imposición de esa obligación: “¿Qué necesidad hay de que la policía sepa y tenga registrado qué persona sospecha que su cónyuge le es infiel? ¿O que un banco ha solicitado una investigación sobre un cliente que ha dejado de pagar sus recibos?”
Los representantes de los 1.500 profesionales que operan en España consideran que “está fuera de toda lógica y fuera del derecho que la intimidad de las personas se condicione a un deber genérico de información a las autoridades, ya que se desvelarán situaciones que nada tienen que ver con la seguridad pública”. Los detectives creen que eso es inconstitucional.
Otro aspecto no exento de polémica lo recoge el artículo 49 al ordenar que “por cada servicio que les sea contratado, los detectives privados deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios usados, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas”.
Aunque incluye la salvaguarda de que en tales informes “únicamente se hará constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada”, la ley dispone que se facilitará tal expediente al cliente, pero, al mismo tiempo, estará “a disposición de las autoridades policiales competentes para [su] inspección”.
Los detectives cuestionan que Interior tenga que saber sus trabajos
La ley obliga, además, a los detectives a presentar una memoria anual de actividades, con la información y datos que se determine reglamentariamente, si bien añade que tal memoria “no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados”, para tratar de salvaguardar así las serias reticencias de los profesionales del sector.
Los investigadores privados piensan que las informaciones sobre los clientes y los encargos que estos les hagan podrían ser almacenados por el Ministerio del Interior, lo que supondría la creación de un fichero de datos de carácter personal.
La Ley Orgánica de Protección de Datos contempla esta posibilidad, si bien recalca que solo podrán hacerse tales archivos “cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.
Los afectados temen que Interior cree un fichero informático con sus informes
El proyecto gubernativo también advierte de que las empresas de seguridad y los detectives deberán comunicar a la policía, tan pronto como sea posible, “cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana”. Los detectives se oponen a esta disposición, al considerarla ambigua y, además, vulneradora del derecho a la confidencialidad de sus clientes.
En otro apartado, la ley bendice que las empresas de seguridad privada y la policía o la Guardia Civil se intercambien datos, de forma que “puedan ser comprobados al instante”. Intentando esquivar la posible colisión con otros preceptos legales, Interior proclama que las empresas de seguridad que den “de buena fe información a las fuerzas de seguridad” no vulnerarán las restricciones sobre divulgación de información ya impuestas por la ley y los contratos privados.
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, articulo 1.2 ; “únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados”.
Además sólo están autorizadas aquéllas que han obtenido la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un registro del Ministerio del Interior. Por otra parte es preceptivo que el contrato de prestación de servicios de seguridad tenga que comunicarse al Ministerio del Interior antes de la puesta en marcha de los dispositivos de grabación.
Posteriormente la Ley “ómnibus” (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) modifica, el artículo 5.1 de la LSP:
“Artículo 5.
1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguiente servicios y actividades: …… e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta.
Disposición adicional sexta: Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.”
La Agencia Española de Protección de Datos interpreta dicha modificación en el sentido de permitira cualquier empresa o particular llevar a cabo la instalación de cámaras de video vigilancia así como su control, sin necesidad de cumplir los requisitos de autorización del Ministerio del Interior, exigidos hasta la fecha, “legitimando a quienes adquieran estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes, sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada”. Extiende la legitimación a cualquiera para el tratamiento de datos recogidos mediante cámaras de video vigilancia, sin necesidad del consentimiento previo. Únicamente se necesitaría la contratación de una empresa de seguridad para el caso de que la prestación incluya conexión con centrales de alarma.
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior manifiesta al respecto que un particular podrá realizar la instalación de las cámaras de video vigilancia pero únicamente los las empresas de seguridad privada podrá realizar efectivas labores de vigilancia, como visualizar las imágenes, siendo esta la Encargada de tratamiento de los datos en cumplimiento de la LOPD.
Sin perjuicio de lo anteriormente reseñado, la instalación de las cámaras de seguridad debe aprobarse en Juta por una mayoría de 3/5 partes de las cuotas de participación. La instalación deberá ser justificada y respetar el principio de proporcionalidad, si nos encontramos en el supuesto que produzcan actividades ilícitas en la comunidad o daños en elementos comunes. Además deberá estar indicada la colocación de dichas cámaras mediante carteles visibles tal y como establece la Ley de Protección de Datos, han de isntalarse siempre en zonas comunes, nunca privativas.
Francisco Caro trabaja en el hospital Infanta Cristina desde 1999. Pero no es médico ni enfermero sino responsable de seguridad de un recinto por el que pasan a diario cientos de trabajadores y miles de visitantes, muchos de ellos aquejados de enfermedades que causan en su estado de ánimos situaciones límite. «Si el paciente o sus familiares vienen nerviosos y nosotros no mantenemos la calma, puede haber un choque».
Su reflexión forma parte de las vivencias de este profesional de la seguridad privada hospitalaria, un sector poco reconocido a veces que protagoniza servicios tan importantes como el realizado hace unos días, cuando fue detenido un delincuente procedente de Villar del Rey que se enfundó una bata médica para pasar desapercibido mientras sustraía varios ordenadores del hospital Infanta Cristina usando una bata médica.
El robo fue cometido el 22 de abril a las 9 de la noche. A esa hora, el ladrón logró abrir una puerta corredera del hospital y colarse en la zona de consultas externas, donde se apoderó de tres ordenadores instalados en la zona de atención al público.
Mientras actuaba, los vigilantes de seguridad del hospital hicieron una ronda por la zona en la que se produjo el delito, pero el ladrón debía haberles cogido la medida y no fue detectado.
Tan pronto como el personal del hospital se percató de lo sucedido, los responsables de la empresa de seguridad visionaron las grabaciones realizadas por las cámaras del hospital para tratar de identificar al delincuente, que fue detenido pocas horas después en la segunda planta el complejo sanitario formado por el Materno Infantil y el Perpetuo Socorro.
Juan Carlos Pérez Sández es el director operativo de Secoex, la empresa contratada por el Servicio Extremeño de Salud para realizar los trabajos de vigilancia en el hospital. Lleva años en el sector y asegura que este tipo de hechos no es habitual porque el trabajo de prevención resulta eficaz.
Evitar los robos
Con todo, reconoce que la perfección no existe, y cada cierto tiempo son informados de la sustracción de carteras o prendas de abrigo en las habitaciones del hospital o en las taquillas y vestuarios del personal médico.
En ocasiones, los autores de esos delitos son personas que acceden desde la calle, pero otras veces se trata de familiares de enfermos hospitalizados que aprovechan su paso por el hospital para cometer algún delito. «Nuestra preocupación no sólo son los robos, también tratamos de ahuyentar a los aparcacoches ilegales que actúan en los alrededores».
Hace sólo unos días, los vigilantes de Secoex que trabajan en el complejo hospitalario Materno Infantil-Perpetuo Socorro también lograron localizar a dos personas que estaban colocando pasquines ofensivos en los limpiaparabrisas de los coches, un hecho que había sido denunciado por la persona contra la que se lanzaban esos ataques.
Juan Carlos Pérez-Sández reconoce que la evolución del servicio de seguridad en los hospitales pacenses corre pareja a la evolución de la sociedad. «Ha cambiado el servicio, ha cambiado el número de vigilante, han evolucionado las prestaciones de las cámaras de seguridad, pero nuestra función sigue siendo la misma».
Entre las mejoras que se han producido se encuentra la creación de un Centro Operativo de Seguridad (COS) en el Infanta Cristina y otro en el Materno Infantil-Perpetuo Socorro.
Allí se encuentra de forma permanente un vigilante de seguridad que visiona las cámaras instaladas para detectar la presencia de cualquier intruso. «Inicialmente se grababa en cintas pero ahora existen discos duros en los que se almacenan las grabaciones de los 30 días anteriores, que es lo que permite la ley».
Los dispositivos de seguridad son claves cuando se detectan robos, pero hay ocasiones en las que sólo resulta efectiva la actuación inmediata de los vigilantes, que se enfrentan a situaciones nuevas cada día.
«Para nosotros es fundamental el diálogo, explicar el porqué de las medidas que tomamos, tener mano derecha... pero hay veces en las que no resulta fácil. Yo llevo once años aquí y cada día me pasan cosas distintas a las que hay que saber responder», relata Francisco Caro.
Conflicto por el tabaco
Curiosamente, dos de las medidas que han provocado conflictos están relacionadas con cuestiones que poco tienen que ver con el funcionamiento de un hospital: la prohibición de fumar en el entorno y la necesidad de respetar el horario de visitas y el número máximo de acompañantes.
«El personal de seguridad que trabaja en los hospitales realiza un curso especial en la materia para saber cómo enfrentarse a las situaciones más frecuentes, eso es tan importante como la experiencia», concluye Pérez Sández.
La ex directora de Osalan se postula para dirigir el sindicato en el congreso de la central, que se celebrará el mes próximo en Barakaldo
La veterana sindicalista de UGT de Euskadi, Pilar Collantes, exdirectora del instituto vasco de seguridad y salud laboral Osalan, optará a dirigir el sindicato en el XI Congreso de la central, que se celebrará el mes próximo en Barakaldo (Bizkaia), según han informado fuentes de su candidatura.
Cuando resta un mes para la cita congresual, programada para los próximos días 23 y 24 de mayo, el actual secretario general de UGT de Euskadi, Dámaso Casado, no se ha pronunciado todavía sobre si aspira a renovar su mandato al frente de la organización sindical vasca, la cual dirige desde hace más de once años.
Por medio de un comunicado, fuentes de la candidatura de Collantes han informado de la pretensión de la sindicalista de sustituir a Casado, que, según han señalado, "no continuará al frente del sindicato".
Según han asegurado, Collantes opta a dirigir la central "apoyada" en las federaciones mayoritarias de UGT de Euskadi, en concreto, las de industria, servicios y comercio de la central.
Las mismas fuentes han explicado que Collantes se presenta con un proyecto que "dará respuesta a las necesidades actuales de los afiliados y abrirá las puertas del sindicato a los trabajadores y a toda la sociedad vasca".
Su proyecto pretende "poner al día" la centenaria organización sindical, que, pese a las crisis económica, cuenta con más de 40.000 afiliados, según han indicado.
Entre otras tareas, la sindicalista aspira a simplificar la estructura política de la organización sindical, reducir el equipo directivo y reasignar "de forma nítida" las funciones y responsabilidades internas con el fin de propiciar "el equilibrio económico y la eficiencia de los recursos" dentro del sindicato.
Pilar Collantes forma parte de UGT desde hace más de 25 años y cuenta con una dilatada formación y experiencia en cuestiones relacionadas con las relaciones laborales.
Durante la anterior legislatura en el País Vasco, con el PSE-EE al frente del Gobierno vasco, Pilar Collantes ejerció de directora del instituto vasco de salud y seguridad en el trabajo Osalan.
La actual tesorera del partido, Carmen Navarro, remite al juez Ruz un
escrito en el que detalla que la formación contó hasta 2005 con un
depósito bancario diferenciado en el que se ingresaban el dinero que
entregaban ciudadanos y empresas para sostener la escolta privada de sus
cargos electos en País Vasco y Navarra.
Nominales, anónimos... y "para seguridad". La
documentación sobre la contabilidad del PP enviada recientemente por la
actual tesorera de la formación, Carmen Navarro, al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz,
incluso un escrito en el que se detalla que la formación política no
sólo distinguía los donativos que recibía por la procedencia desconocida
o no de los mismos, sino que incluso dispuso de una tercera partida con
un destino concreto: "para seguridad". Según la documentación a la que
ha tenido acceso Vozpópuli y que va del periodo 2004 a 2011, el partido de Mariano Rajoy
recibió hasta comienzos de 2005 "donativos para seguridad" para los que
tenía abierta una cuenta en una sucursal de Argentaria-BBVA en el
número 6 de la calle Génova, muy cerca de la sede. Dicho dinero era
supuestamente destinado a pagar la escolta de sus cartos electos en el
País Vasco y Navarra.
Génova 13 justificó su creación en enero de 1998 para canalizar el
ofrecimiento de simpatizantes y militantes de contribuir a la seguridad
de los cargos públicos amenazados por ETA
En el escrito de la tesorera, incorporado a la pieza separada sobre
los 'papeles de Bárcenas' del caso Gürtel, se recalca que pese a que el
juez Ruz solicitaba toda la información contable entre 1990 a 2011, sólo
se le podía remitir los datos contables a partir de 2004, ya que de los
periodos anteriores no se conservan porque no había obligación legal de
hacerlo. De este modo, su información arranca ese año, en el que el PP
reconoce que dividía los donativos en tres tipos: "nominales, anónimos y
para seguridad". Una distinción que se repite en el 2005. En 2006 y
2007 esta última partida desaparece y ya sólo aparecen referencias a
donativos nominales y anónimos. Finalmente, y por imperativo legal,
estos últimos desaparecen partir de ese año. Así, en 2008, 2009 y 2011,
sólo consta un "extracto" con donativos nominales. Según el documento
remitido por Navarro, en 2010 "no hubo donativos en la sede nacional".
Pese a que la información sobre la cuenta de "donativos para
seguridad" arranca en la documentación remitida a la Audiencia Nacional
en 2004, lo cierto es que su creación es mucho anterior. En concreto, de
finales de enero de 1998, cuando la primera legislatura de los
gobiernos de José María Aznar estaba a punto de cruzar
su ecuador. Entonces, la Junta Directiva Nacional del PP acordó abrir
una cuenta corriente "específica y finalista" con objeto de recaudar
fondos entre particulares y empresas para costear la seguridad de sus
concejales en el País Vasco. El entonces coordinador general de la
formación, Ángel Acebes, aseguró que su apertura se
hacía para canalizar el ofrecimiento de simpatizantes y militantes de
contribuir a la seguridad de los cargos públicos amenazados por ETA y
que, antes de abrirla, se había consultado y conseguido el visto bueno
del Tribunal de Cuentas.
Eliminada con ETA aún activa
"Cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía
de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto", aseguró
entonces. La decisión provocó entonces una lluvia de críticas por parte
del resto de partidos y de sindicatos policiales, pese a lo cual se
mantuvo operativa hasta febrero de 2005. En total, siete años y un mes.
En esa fecha y por causas que no refleja la documentación a la que ha
tenido acceso este diario, el partido decidió cerrar la cuenta y
eliminar la peculiar partida de su contabilidad. En aquel momento, la
violencia terrorista, el argumento utilizado para pedir el dinero, aún
existía, aunque ETA llevaba cerca de dos años sin matar. Un año después
la banda armada declararía la tregua que finalmente rompió con el
atentado de la T-4. Pese a ello, la partida "donativos para seguridad"
no se volvió a activar.
De hecho, no se había vuelto a hablar de ellas hasta que el pasado 25
de marzo la tesorera del PP remitió al juez Ruz el documento en el que
se cita su existencia. No obstante, fuentes conocedoras de la
investigación apuntan que el exdiputado Jorge Trías,
uno de los principales protagonistas de la polémica de los 'papeles de
Bárcenas, la mencionó supuestamente durante su declaración ante la
Fiscalía Anticorrupción. Según esta fuentes, el político resaltó que en
dicho depósito, además del dinero que entregaban particulares,
ingresaban dinero empresas, principalmente relacionadas con el negocio
de la seguridad. Sin embargo, en la documentación a la que ha tenido
acceso este diario no constan detalles sobre los donantes, los
movimientos de dicha cuenta ni sobre las cuantías que llegó a acumular.
Cuentas diferenciadas
Esta diferencia de los donativos entre anónimos y nominativos, por
una parte, y "para seguridad" por otro, tuvo su reflejo también en el
número de cuentas abiertas para recoger las aportaciones. Así, mientras
existió la partida supuestamente dedicada a financiar la escolta privada
de los concejales en el País Vasco, el partido mantuvo dos depósitos
bancarios diferentes en bancos distintos. Uno, el de Argentaria-BBVA,
tenía como fin recoger el dinero que precisamente iba destinado
presuntamente a pagar los gastos de seguridad. Fue cancelada el 23 de
febrero de 2005. Paralelamente, el partido tenía una segunda cuenta, en
este caso en la sucursal que el Banesto tiene en el número 15 de la
calle Génova, en la que entraban los otros dos 'tipos' de donativos que
distinguía. Ésta fue sustituida en 2006 por otra en la misma sucrusal
bancaria y, más adelante, por una tercera en la oficina principal en
Madrid de Banesto. Es la que está actualmente operativa para recoger
donativos.
http://vozpopuli.com/nacional/24274-el-pp-mantuvo-durante-siete-anos-una-cuenta-solo-de-donativos-para-seguridad?utm_source=VPBoletin;utm_medium=mail;utm_campaign=VPComunidad
Nuevo giro a la instrucción del caso Madrid Arena.
Un responsable de la empresa contratada para velar por la seguridad de
este pabellón municipal en el que murieron cinco jóvenes en la fiesta de
Halloween ha declarado esta mañana que su compañía tan solo se limitaba
a ejercer “una seguridad pasiva” en el recinto. El inspector jefe de la
empresa, Iván Somonte, ha querido despachar cualquier eventual
responsabilidad, pese a que estaban contratados por la empresa municipal
Madrid Espacios y Congresos para controlar todo el pabellón.
Según han comentado los abogados en un receso del interrogatorio a
Somonte, este responsable de Seguriber, que no estaba en Madrid el día
de la fiesta, ha señalado que en las cámaras no vieron ni avalanchas ni
petardos ni bengalas, por lo que desde esta sala no se avisó a ningún
servicio de emergencias ni a la policía. El jefe de Seguriber ha
mantenido que el responsable de la sala de cámaras tan solo se dedicaba a
ver las imágenes, dentro de lo que ha calificado de nuevo de "seguridad
pasiva".
Al acabar el interrogatorio, sobre las tres y media de la tarde, los
letrados se han quejado de que una vez más "nadie admite ser el
responsable" de la seguridad del recinto. Por una largo, Seguriber tenía
a 40 empleados en el Madrid Arena que, según los contratos de la
fiesta, se encargaban de la vigilancia interior y exterior. Kontrol 34
tenía 75 operarios y se encargaba del control de accesos, aunque
Seguriber sostiene que también le correspondía la seguridad interior. La
Policía Municipal tenía a 18 agentes en el lugar, que debía evitar que
se celebrara el botellón y atender cualquier incidente de orden público.
Mientras que los
especialistas en seguridad y defensa estamos inmersos en el debate sobre las
políticas actuales de seguridad que se están aplicando por los estados
iberoamericanos y examinando la actuación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad
públicos, en muchas ocasiones no reparamos en otro actor, que desde hace años se
ha implicado directamente en este problema, las empresas privadas de seguridad.
Un aspecto que complica aún más el escenario de inseguridad regional, por varios
motivos, pero fundamentalmente por la falta de control estatal sobre el mismo y
de coordinación con las fuerzas de seguridad estatal. Ambas cuestiones tiene
importantes consecuencias que en última instancia deterioran principios
fundamentales del estado de derecho.
Recientemente, un nuevo informe de
la ONU, sobre Honduras, ha querido expresar su preocupación por el peso
adquirido por la seguridad privada, de empresas tanto legales como ilegales.
Esta república se ha convertido en el país más peligroso de América. Entre 2004
y 2011 se contabilizaron 33.933 homicidios, sobre una población de apenas ocho
millones de habitantes. La evolución de esta violencia ha sido ascendente, y
así, de los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2001, se ha pasado a
92 en 2011. Convendría tener como referencia que la media mundial es de 8,8.
Estas cifras en buena parte se deben al colapso de las instituciones
estatales como la policía o la justicia. En este sentido, la implicación de las
FAS, ante esta situación, con el objeto de contribuir en seguridad interior
tampoco parece ser suficiente. Cabría discutir si la aplicación de medidas
fundamentalmente punitivas y la militarización de la seguridad interior es la
mejor opción para, cuando menos, controlar estos índices de violencia pero, en
cualquier caso, su contribución no resuelve el problema de inseguridad.
Ante esta desprotección y la incapacidad del Estado para proporcionar
protección a la sociedad hondureña, ésta ha recurrido a la seguridad privada.
Esto explica que el crecimiento del sector haya sido extraordinario, y además
sin ningún control, puesto que además de las empresas legales, hay un nutrido
grupo de empresas que trabajan ilegalmente. El crecimiento de este sector ha
sido rápido y espectacular. En este país operan más de 700 compañías de
seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardias, cifra que supera en
más del doble a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército juntos. La
relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de
1 a 5, de acuerdo a la información disponible. Sin embargo, a estos datos, que
contabilizan los recursos de las empresas legales, hay que sumarles, además, los
provenientes del importante sector informal que actúa ilegalmente. Según el
informe citado, en su mayoría esas compañías son propiedad de ex oficiales
policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el
país.
La elección del
ejemplo hondureño podría interpretarse como un caso extremo, y por tanto poco
representativo, y en consecuencia también lo sería la dimensión adquirida por la
seguridad privada. Sin embargo, si contemplamos cifras generales, es posible
comprobar que este es un fenómeno de dimensión regional. No podemos olvidar que,
pese a que no todos los países padecen las mismas tasas de violencia, en
términos generales, estas son altas. Tanto que Iberoamérica se ha convertido en
una de las regiones más violentas del mundo. De modo que, pese a estas
diferencias, aunque en algunos casos importantes, la demanda de seguridad
privada ha generado un importante negocio que ha crecido rápidamente y que
proporciona empleo formal e informal a un importante colectivo. Ciertamente el
crecimiento de la seguridad privada no ha tenido lugar solo en Iberoamérica. En
2003 el mercado de este servicio experimentó una tasa de crecimiento anual del
7% al 8 %. Pero sí cabe apuntar que Iberoamérica es la región que más se ha
expandido en esta actividad (del 9% al 11%). En el sector formal, Brasil tiene
aproximadamente 570.000 guardias, seguido por México con 450.000, y en tercer
lugar por Colombia con 190.000 vigilantes. Los países con el número más bajo de
guardias legalmente registrados fueron Chile y Perú con 45.000 y 50.000
respectivamente. Así, a nivel regional, el número de vigilantes en regla alcanza
1.600.000; pero se estima, bajo "especulación fundada", que existen alrededor de
2.000.000 de guardias informales; es decir, el sector de la seguridad privada
emplea a 4.000.000 de personas en Iberoamérica (www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=24429). La causa de este particular
crecimiento es común y esta íntimamente relacionada con la incapacidad estatal
por proporcionar la protección que demandan la sociedades
ineroamericanas.
El gran reto para el
estado es la regulación de este negocio y su control. Es preciso delimitar sus
espacios de actuación y limitar sus competencias. El sector privado es una
realidad, no se puede eludir, es preciso afrontar esta cuestión e incluso
encontrar formas de colaboración. Sin embargo, aunque ineludible, es un objetivo
extraordinariamente complicado de realizar. No hay que olvidar que el
surgimiento de estas empresas privadas se explica, en buena parte, por las
limitaciones del estado por proteger a la sociedad, pero también que estas
mismas limitaciones explican no sólo el crecimiento descontrolado del sector,
sino también las posibilidades de regularlo y controlarlo.
De nuevo hay que
insistir, como en el resto de las cuestiones relacionadas con la seguridad en
Iberoamérica, en el fortalecimiento del estado, como condición sine qua non para
que éste, a su vez pueda, proteger a la sociedad.
Todos estos datos
indican que las empresas privadas son un actor fundamental en la seguridad en
este momento y que, por tanto, es una cuestión ineludible. La forma en que el
sector se ha desarrollado, además de su dimensión, obliga a tener en cuenta cómo
se organiza y las implicaciones que puede tener en relación al mismo estado de
derecho. El principal problema es el riesgo de dejación por parte del estado del
monopolio del uso (legítimo) de la fuerza en entidades comerciales movidas por
el lucro. En efecto, cabe el riesgo de que el sector privado supere la
competencia estatal sobre la seguridad como bien público. Por ello, los expertos
que han elaborado el informe ya mencionado de la ONU mostraban su preocupación
porque "subcontratar el uso de la fuerza con cientos de compañías de seguridad
privada es un serio obstáculo al estado de derecho y al funcionamiento eficaz de
una institución gubernamental democrática, responsable de garantizar la
seguridad nacional de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos
y las leyes nacionales".
A la preocupación
sobre el riesgo de que la seguridad privada asuma labores y competencias
estatales, se suma la configuración del sector, que por sus características, no
deja de ahondar, en este caso, en el sistema garantista de dicho estado. Los dos
principales problemas de esta seguridad en la región son la creciente ilegalidad
del sector y la falta de formación y entrenamiento de sus empleados. Las
empresas ilegales superarían a las legales. En Argentina y Brasil, por ejemplo,
el número de guardias empleados informalmente supera a los formales. Y no sólo
eso, las personas empleadas carecen de la formación adecuada. Otro elemento que
contribuye a la posible violación de derechos humanos.
*Sonia Alda es
Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
LA LIQUIDEZ DA LUGAR A MÁS INSPECCIONES QUE LAS SOSPECHAS DE FRAUDE
La Agencia Tributaria ordena investigar sólo dos años de contabilidad en lugar de los cuatro a los que prescribe el delito fiscal para agilizar los trámites y obtener recaudación rápida. Las unidades de inspección dedican una media de 20 días en la instrucción de expedientes y análisis de toda la contabilidad.
Entre ellos hay algunos escoltas del País Vasco y Navarra
que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA
El Ministerio del Interior
pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de
parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán
vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que
han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.
Según han explicado fuentes de
Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de
efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la
vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el
control de las cámaras de seguridad. En ningún caso, añaden las mismas fuentes,
estos refuerzos, -Interior ultima el número exacto- se destinarán a la
seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los
funcionarios de prisiones o guardias civiles. Además, el mando del servicio de
vigilancia de los centros penitenciarios seguirá a cargo de agentes del
instituto armado.
El ministerio que dirige Jorge
Fernández Díaz ha ofrecido esta vigilancia auxiliar en las prisiones a
alrededor de 400 escoltas privados contratados en el País Vasco y Navarra que
desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha
del plan de reordenación de los servicios de protección. Una medida que se
inició en estas comunidades y que posteriormente se ha extendido al resto de
escoltas con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a
la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el
anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
Además, Interior justifica el
programa de reubicación de escoltas en el hecho de que la mayoría de las
protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que había motivado
que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado
"inexorablemente" en los últimos años. En total, Interior redujo en
un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789
a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de
200 personas.
Inserción paulatina
En un principio los escoltas de
estas comunidades ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de
violencia machista en situación de riesgo extremo, pero el propio ministro
explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20
de marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta materia
están transferidas a las comunidades autónomas.
Por su parte, la Dirección General
de la Guardia Civil informó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC) de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de
vigilancia exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los
agentes afectados.
Para los sindicatos de los
funcionarios de prisiones CSIF, CCOO y UGT, los planes de Interior suponen el
primer paso para privatizar en un futuro toda la seguridad de las prisiones,
tanto exterior como interior. Por esta razón, el pasado 18 de julio
representantes de estos sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados
del PSOE e IU a quienes mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que,
en su opinión, no conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los
centros penitenciarios.
Con la puesta en marcha del plan de reubicación de escoltas, 697 personas mantienen protección mientras que la plantillas de escoltas queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.
La Dirección General de la Policía reubicará a más de 1.400 agentes que se dedicaban a funciones de protección tanto de edificios como de personalidades a tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, en aplicación del plan de reubicación de escoltas iniciado por el Ministerio del Interior.
Estos agentes, ha informado hoy Interior en un comunicado, se adscribirán en los próximos días a los servicios de radiopatrullas, la nueva Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o grupos de lucha contra el crimen organizado, aunque está por determinar cuántos efectivos se destinarán a cada uno de ellos.
De momento, la Brigada Móvil - unidad especializada de prevención del delito en medios de transporte - se reforzará con más de cien policías, algunos de ellos hasta ahora en tareas de protección- con el objetivo de "fortalecer la seguridad" tanto del transporte terrestre (autobuses urbanos, interurbanos, líneas de metro y ferrocarril) como el aéreo y marítimo.
Con este refuerzo, que coincide con un mayor flujo de viajeros con motivo de las vacaciones estivales, la plantilla de esta brigada pasará a estar integrada por unos 640 policías distribuidos en la Unidad Central de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Además, la Brigada Móvil cuenta con trece unidades periféricas en Madrid, Barcelona, Granada Málaga, Oviedo, Sevilla, Algeciras, Valencia, Alicante, Valladolid, Burgos, A Coruña y Zaragoza, a las que se sumará Mérida, tal y como ha propuesto la Dirección General de la Policía.
La incorporación a esta brigada de los policías que anteriormente desempeñaban tareas de protección forma parte del plan de reubicación de escoltas iniciada por Interior en el mes de marzo y que se ha desarrollado en diferentes fases tras analizar el nivel de riesgo de cada una de las personas protegidas.
Con la puesta en marcha de este programa, y según los datos facilitados por Interior el pasado 25 de junio, 697 personas mantienen protección mientras que la plantillas de escoltas queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada. Antes de la aplicación del plan, la plantilla era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 a empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.
Enmarcado en este plan, a principios del mes de julio el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, también ordenó retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial al extranjero, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno.
La instrucción dada afecta a todos los cargos que gozan de protección, a excepción de aquellos que por su condición deban mantener la escolta en todo momento.
Interior justifica la puesta en marcha de este plan de reducción de escoltas por el fin de ETA y por el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que ha motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años. http://noticias.lainformacion.com/espana/que-sera-ahora-de-los-escoltas-1-400-se-sumaran-a-la-lucha-contra-el-crimen_wq1AA9nYsZUQSNEOvyrtv4/
