La nueva Ley de Seguridad Ciudadana no viene más que a reforzar sus
competencias, a convertir a estas corporaciones en más fuertes y más
impunes, previo pago, claro. No es personal, solo negocios.
J.M. Marshall | Para AraInfo
La oscura maraña de las empresas de seguridad privada
En estos días ha saltado a todos los medios la propuesta de reforma de Ley de Seguridad Ciudadana que
profundiza en mecanismos represivos del estado y que, entre otras
reformas, supondría multiplicar las atribuciones de los guardias de
seguridad de cara a efectuar identificaciones y detenciones, a todas
luces suplantando a la policía o guardia civil. No hace falta olfatear
mucho para oler que se cuece un inmenso negocio, habida cuenta de
quienes son los propietarios de las más importantes empresas de
seguridad privada y del inmenso lobby financiero que las sustenta.
Ponerse
a bucear en el mundo de las empresas de seguridad es meterse en un pozo
que no tiene fin y en el que resulta común terminar en rincones opacos.
Todo tipo de conexiones turbias, personajes oscuros, condiciones
laborales draconianas... Pero sobre todo contactos políticos de alto
nivel, pasarelas entre empresas de seguridad y ejército o policías y un
pingüe negocio de muy pocos.
Antes que nada habría que aclarar ¿Es el
Estado Español
un lugar con poca seguridad? Pues no lo parece, siendo como es el país
con más tasa de policía de la UE. De hecho tenemos entre 505 y 528
policías por cada 100.000 habitantes, según las fuentes, una cifra
altísima frente los 385 de media europea (1). A ello hay que sumar 195
vigilantes privados por 100.000 habitantes. Unos pocos menos que en
Europa que tiene una media en torno a los 225. Vamos, que por polis no
será.
Las empresas de seguridad en el Estado Español son 1.500, dan
empleo a 85.000 personas y es un sector que el año pasado facturó 3.215
millones de euros, pero en realidad estas empresas son prácticamente un
oligopolio, puesto que un grupito de una docena, representadas en la
patronal Aproser, agrupan el 80% del negocio y solo cinco tienen más
5.000 empleados, estando a la cabeza el gigante de la seguridad privada,
Securitas y seguido por empresas como Prosegur, Eulen, Casesa o Segur
Ibérica.
Un
primer dato que llama la atención y es público: muchas de estas
empresas son propiedad de grupos de inversión y capital riesgo,
vinculados a otras empresas o grandes bancos y en algunas ocasiones a
paraísos fiscales de todo tipo. Bain Capital Investors,
Hellman&Friedman Corporate,
Baring Private Equity Partners, Corpfin Capital Fund... nombres que
seguro no os suenan, pero que son auténticos monstruos económicos con un
poder real sustentado en sus relaciones multinacionales.
Otro
dato que choca: la gran mayoría de estas empresas nacen con su
estructura actual entre finales de los 80 y principios de los 90 y
crecieron exponencialmente hasta llegar a un apogeo a mediados de la
primera década del XXI. Normalmente pasan desapercibidas, pero su
personal y beneficios se han incrementado hasta el punto de no haber
notado la crisis, pues las grandes reconocen pérdidas inferiores al 5%
en los últimos años(2).
Estas
corporaciones se han ido introduciendo poco a poco en lo colectivo como
una silenciosa infección. En muchas instituciones públicas han
terminado haciendo el papel de conserjes o celadores porque además del
típico guarda de la porra está el auxiliar de seguridad, que cobra un
salario mísero y que suele trabajar para segundas marcas de las grandes
empresas. Por ejemplo Servimax, filial de Prosegur.
Y en los últimos meses se está profundizando en el proceso de concesiones, como sucede con la progresiva privatización de las instituciones carcelarias en el Estado Español con la introducción de vigilancia privada. Un verdadero chollo este servicio. Ocho
empresas de seguridad que pagan 1.350 euros al mes a cada vigilante y
tienen un margen de 1.850 euros mensuales por trabajador(3).
Hace
tiempo,asimismo, que estas empresas están presentes en los centros de
menores, con funestos resultados, a través de fundaciones que a menudo
no son sino la cara B de empresas de servicios que también tienen su
división de seguridad.
Resultado final: más del 22% de su facturación es dinero público.
¿Qué
es un segurata? Un guardia jurado de seguridad, esencialmente, es un
tipo que hace un curso de 180hs. Tras ello un examen bastante básico y
unas pruebas físicas elementales que hace el Mº de Interior y que te
concede un número de placa. Casualmente todas las grandes empresas
tienen sus propios centros homologados en los que hacer el curso. Si no
se aprueba el examen (y hace falta ser bastante torpe para no hacerlo)
siempre queda la “segunda división” de los auxiliares de seguridad,
auténtico cajón de sastre donde cabe de todo.
¿Y
quiénes son las empresas de seguridad? Pues esas 1500 ya citadas, pero
nos centraremos en las 12 que llevan la voz cantante. Empezando, por
ejemplo por Securitas, el
líder mundial en seguridad. La multinacional sueca trabaja desde
pequeños comercios hasta grandes complejos industriales y tiene más de
300.000 empleados en 52 países. En 20 años en el Estado ha ido comprando
empresas a velocidad de vértigo. Ausysegur, Ebrovisa, TCV Seguridad,
Black Star o parte de Vinsa son algunas para absorver buena parte del
mercado. También se ha extendido en el mundo de las ETT y de la
formación laboral, además de ser el líder en alarmas y videovigilancia.
No hay fangal en que no estén metidos, pero suenan especialmente por sus
temibles condiciones de trabajo y sus reiteradas denuncias por
incumplimiento de contratos.
Conectado con Securitas está Vinsa Seguridad,
parte del grupo Alentis, osea con capital de la ONCE y una parte de la
cual fue comprada por Securitas en un extraño cambio de cromos. Tiene
4000 trabajadores y excelentes relaciones con el estado.
Y como olvidarnos de EULEN,
la decana de la seguridad en el estado. Heredera de la antigua Prosesa,
con varias líneas de negocio y presente en varios países europeos y
latinoamericanos con 75.000 empleados guarda estrechos vínculos con el
PP. Carlos Mayor Oreja es uno de sus mayores accionistas y de siempre se
ha relacionado muy estrechamente a esta empresa con el Partido Popular,
llegando a confundir, con frencuencia, intereses privados y
empresariales. Otro conocido pepero vinculado a Eulen es Rodolfo Martín
Villa, que estuvo unos cuantos años en puestos directivos en la empresa.
David
Alvárez, jefe máximo del grupo, presume de amigo personal de Aznar y
sus descendientes están vinculados al BBVA, Gas Natural, Endesa...
Aún
no hemos hablado de otro perla de la cuerda del PP José Maria Mayor
Oreja, ex-ministro ahora en la sombra. Según sentencia judicial (4)
quedó demostrado que ha sido presidente de dos compañías de seguridad,
miembro de Cobra Sistemas de Seguridad S.A. administrador único de
Segurotec S.A y siempre vinculado a Prosegur.
ETA
ha sido un excelente negocio para la familia Mayor Oreja, puesto que
buena parte de los escoltas privados eran empresas relacionadas con su
clan.
Prosegur es el verdadero gigante español del sector. 150.000 empleados en más de 400 sedes y tercera empresa mundial en su sector.
Pero si seguimos el puente que cruza entre el poder político y las empresas de seguridad llegamos pronto a Segur-Ibérica.
Esta empresa es la única que actualmente desarrolla servicios de alta
especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera con
armas de guerra. Muy estrechamente relacionada con el ejército, sus 7000
empleados es frecuente que den el paso de la milicia a la seguridad
privada.
Es propiedad de las financieras Corpfin Capital Fund y con un ex-consejero de campanillas: Pedro Morenés.
Os refrescamos la memoria, Ministro de Defensa en el actual gobierno
del PP. También es chocante que en 2011 esta empresa recibió
adjudicaciones de 14 de los 15 ministerios. No es de extrañar que esta
empresa haya crecido en plena crisis.
Casesa,
Castellana de Seguridad, es más discreta en sus chanchullos, pero con
sus 6.300 trabajadores/as es otra de las que posee contratas tan
polémicas como la del Metro de Madrid, donde sus guardas, auténticos
macarras, han protagonizado varios incidentes graves. Tan mal no les va,
desde luego, pues ha sido declarada séptima compañía con mayor crecimiento en el continente europeo. También es propiedad de varios grupos de capital riesgo, el más conocido Baring.
No
podemos irnos sin un paseo por el mundo de las empresas no tan grandes,
que también es bastante turbio y trufado de toda suerte de personajes
digamos “curiosos”. Destacable es el ejemplo de Levantina de Seguridad,
propiedad de José Luis Roberto líder del partido ultra España 2000. En
esta empresa han trabajado varios reconocidos neonazis, algunos de ellos
implicados en toda suerte de agresiones, y mantienen conexiones con las
peñas ultras del Valencia. A su vez, Roberto es presidente de la
Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y tiene
relación directa con “empresarios” rusos. Con sus empresas de
comercialización de ropa suministra gran parte de la misma a las
policías locales de Madrid. También es dueño de varios gimnasios entre
los que se cuenta el valenciano Gym Levantina investigado por organizar
campeonatos ilegales de Valetudo.
En Aragón es muy conocida Coviar,
varios de cuyos directivos están muy vinculados con la Guardia Civil y
acumula varias de las más jugosas contratas de la comunidad. Es la
encargada de la vigilancia privada de las cárceles de Zuera y Daroca, se
ha extendido a todo el estado y tiene una matriz de servicios, en que
se mezcla teleasistencia, asistencia a domicilio o limpieza con el
nombre de Euroibérica de Servicios.
Y en Madrid, relacionada con la tragedia del Madrid-Arena no podemos olvidarnos de Kontrol 34,
empresa de seguridad que controlaba el interior del recinto y es
propiedad de Carlos Manzanares Rodríguez, cuyo apellido da nombre al
grupo de Los Manza, conocido clan metido en blanqueo de dinero negro y
diversos delitos que se hizo tristemente célebre por varios reportajes
televisivos (5).
Tres
ejemplos, pero una simple lectura atenta de la prensa da una imagen muy
clara de que colección de elementos podemos encontrarnos en este tipo
de empresas.
Aunque, ya que hemos hablado del caso Madrid-Arena podemos hablar de Seguriber,
ahora seguriber-umano, que también estuvieron a vueltas en este caso(6)
y que tiene un contrato millonario con el Ayto de Madrid.. La principal
accionista de la empresa es Mónica Oriol y sus socios están implicados
en el complejo caso de corrupción Malaya entre otras lindezas. La
empresa actual es fruto de una unión financiera entre esa confusa
etiqueta de “servicios auxiliares” y la ETT Umano y tiene 3000 guardas
jurados y capital vasco, como Eulen.
Si hablamos de seguratas vascos no puede faltar a la fiesta Sabico,
también conocida como la empresa de los escoltas, con sede central en
Donosti y extendida por todo el estado, es una de las que ha pillado
cacho con la seguridad privada de las cárceles y que durante la época de
acompañamiento de los amenazados por ETA creció como la espuma.
Perteneciente al Grupo Invesnor. Tiene numerosos contratos con el
Gobierno Vasco y Navarro.
De muchas de estas empresas cuesta realmente recabar datos fiables, porque algo tienen que callar. Es el caso de Ombuds y sus 1900 trabajadores, propiedad, una vez más de un
holding industrial y financiero: JZ International. Tras ella está la
familia Cortina, vinculada al Cesid y uno de cuyos miembros fue juzgado
por el golpe de estado del 23-F. Casualmente tiene varios contratos con
el Mº de Defensa.
Otras empresas han desaparecido, pero llama la atención el caso de Esabe,
que fue ganando un contrato tras otro con el Estado hasta que toda su
cúpula directiva era detenida por varios delitos económicos y un fraude a
la Seguridad Social de 30 millones de euros. En
sus últimos tres años logró una bolsa de 95 adjudicaciones millonarias
pese a que también eran millonarias sus deudas con Hacienda y la
Seguridad Social.
Su presidente, Juan
José Prados del Pino permanece huido de la justicia, presuntamente en
un país extranjero tras dejar nóminas impagadas por valor de 50
millones.
Aunque este parezca un texto largo nos dejamos mucho en el tintero. Un
seguimiento básico de las actividades de las compañías de seguridad
pone los pelos de punta solo con ver la cantidad de denuncias que
acumulan o el volumen de sus negocios y más aún si nos trasladamos a
nivel internacional.
Pero,
como ya dijimos al principio, el negocio de la seguridad privada vive
sobre todo de su opacidad, de garantizar que van a quedar personas lo
bastante desesperadas como para trabajar 12hs al día por un salario
mísero y que sus permanentes lazos con el poder político les garantizará
una cuenta de resultados muy saneada.
La
nueva Ley de Seguridad Ciudadana no viene más que a reforzar sus
competencias, a convertir a estas corporaciones en más fuertes y más
impunes, previo pago, claro. No es personal, solo negocios.
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Datos de Eurostat y la ONU.
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Datos de Aproser, patronal del sector, y cuentas públicas de las mayores empresas.
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Cuentas hechas por la Asoc. Unificada de la Guardia Civil.
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Sentencia del Tribunal Supremo 06/11/08
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El Confidencial 16 de julio de 2013
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/27344
