La idea de que las crisis, dado el aumento de los riesgos y las
amenazas, tendrían que ser una época de “vino y rosas” para la seguridad
privada está muy extendida. Pero no parece que sea cierta. Al menos es
lo que dicen los datos. Porque lo cierto es que, desde su punto más alto
en 2008, el sector no ha parado de caer en España. Facturaba 3.736
millones de euros entonces y solo 2.994 millones en 2012, un 19,8%
menos. El descenso ha sido aún más fuerte en el área de vigilancia, el
core business, por decirlo así, del sector de seguridad, que supone en
torno al 65% del negocio. “Pasamos de facturar 2.340 millones a los
1.800 millones de 2013 en cinco años” explica Ángel Córdoba, presidente
de Aproser, la principal asociación del sector.
El impacto sobre las grandes empresas ha sido aún más drástico.
Securitas redujo su facturación en España en un 17% en 2012. Prosegur ha
resistido algo mejor en el mercado nacional; sus ventas bajaron un 8%
en 2013. Por extraño que parezca, este desplome de los ingresos no se ha
visto acompañado de una caída paralela en el empleo, que ha bajado en
torno al 7%. Rafael Centeno, responsable del área de servicios de
seguridad de UGT, atribuye esa “escasa” caída a que “había muchas horas
extras que se han suprimido”. Eso sí, prosigue, “debido a las pérdidas
en facturación, por la rebaja de los contratos, nos hemos tenido que
bajar los salarios”.
El sector no solo ha visto reducida su actividad, además se ha visto
obligado a bajar sus márgenes. Tras 2008, la guerra de precios ha sido
salvaje y ha afectado sobre todo a las empresas más grandes, las
agrupadas en Aproser y que concentran el 70% del negocio, que han visto
cómo las pequeñas se hacían con algunos de sus contratos al ofrecer un
precio más bajo. “Algo que les resulta fácil”, explica Córdoba, “por la
subrogación (quedarse con los empleados de la anterior empresa de
seguridad). Ya que licitas, y si ganas, te subrogas”. Esta situación ha
afectado especialmente a los contratos del sector público.
El negocio español ha caído de 3.700 a 1.800 millones de euros en un lustro
Las grandes acusan a las pequeñas de haberse beneficiado de la
reforma laboral, descolgándose de los convenios, para ofrecer esas
condiciones imposibles. “Nosotros sí seguimos los convenios colectivos, y
eso nos da menos posibilidades de ganar cuando la única pauta que se
valora es la del precio”, agrega Córdoba. Centeno, de UGT, abunda sobre
ello y culpa a las Administraciones públicas del deterioro de las
condiciones laborales y la guerra de precios. “La Administración es la
que está generando precariedad en el sector con su actitud de ir solo a
precio. Mientras las empresas grandes pagan a fin de mes y lo que
estipula el convenio, otras se retrasan en pagar, no pagan horas extras,
etcétera”, asegura.
Según el representante de UGT, si las grandes, que representan el 70%
del sector, no se han hundido “es porque tienen sus especializaciones o
trabajan fuera de España”. Centeno es escéptico ante la posibilidad de
que las Administraciones cambien su forma de actuar. “No creo que
ninguna de las grandes empresas acepte tirar los precios”, dice.
La internacionalización ha sido la principal salida. Por ejemplo,
pese a que las ventas han caído en España, la facturación total de
Prosegur ha crecido un 80%, de los 2.000 a los 3.700 millones entre 2008
y 2013. Se han multiplicado casi por tres. Prosegur continuará por esa
vía. “Pretendemos consolidar nuestra presencia en Latinoamérica y
continuar con el periodo de aprendizaje iniciado en Asia-Pacífico, a la
que se ha sumado Australia el pasado diciembre”, dicen en la compañía.
Igual que las otras grandes, Prosegur busca dar más valor añadido y
tecnología a sus clientes. Ha desarrollado nuevos productos y servicios,
como la automatización del efectivo. “La especialización nos ha
permitido incorporar una oferta de servicios específicos para sectores
como aeroportuario, distribución o financiero”. Pese a esto, la
situación del sector estaba alcanzando dificultades tan extremas que
alguna compañía programaba despidos severos. De ahí que la gran pregunta
es si la nueva Ley de Seguridad Privada, que se aprobó en marzo,
supondrá una palanca para que el sector vuelva a crecer y a recuperar el
dinamismo de antaño. La impresión dominante es que sí lo será. Juan
Muñoz, presidente del capítulo español de Asis International, una
asociación mundial que agrupa a los profesionales de seguridad de las
empresas usuarias, cree que “se ha cambiado una ley, la muy restrictiva
de 1992, por otra en la que los vigilantes van a poder desempeñar más
funciones” para ello. Para Centeno, “permitirá ayudar a paliar, al menos
en parte, la fuerte crisis de los últimos años y a crear más empleo”.
Las grandes firmas pierden peso en España y lo ganan en el exterior
Aun cuando les hubiera gustado que la ley fuera un poco más lejos,
Aproser le ha dado la bienvenida. “Las empresas podrán desempeñar nuevas
funciones, y esto siempre podrá traducirse en un aumento de la
actividad”. Pero advierte: “Mientras no salgamos de la crisis y crezca
la demanda, no veremos grandes resultados”. Prosegur destaca que “se
permita a las empresas de seguridad desempeñar servicios de vigilancia
en complejos o parques comerciales y de ocio y en recintos y espacios
abiertos delimitados, así como participar en la prestación de servicios
encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.
De momento, lo que sí está haciendo la norma es aumentar la afluencia
a las academias de formación. “Observamos un incremento bastante alto
de aspirantes a trabajar en el sector”, reconoce Rafael Lozano,
consejero delegado de Segurman, una de las principales empresas de
formación en el campo de la seguridad privada. Lozano prevé “un aumento
de la especialización por servicios, en centros penitenciarios,
seguridad aérea, operadores de radioscopio, control de accesos o control
de imagen por la nueva ley”.
La nueva legislación se adecúa a las nuevas situaciones que viven las
sociedades europeas, cada vez más dependientes de los servicios de
seguridad privada, dicen en el sector. De hecho, España es uno de los
países de Europa con menor peso de estos servicios. “Mientras en España
hay un vigilante de seguridad por cada 572 ciudadanos, en la UE hay uno
por cada 290, y en Reino Unido, uno por 170”, explica Ángel Córdoba.
“España es uno de los cinco países de la UE con la legislación más
restringida”, dice el presidente de Aproser. “En Europa, el sector tiene
más atribuciones. En Reino Unido llevan los presos de la cárcel al
juzgado, por poner un ejemplo”, agrega. “Esta es la tendencia en Europa,
y si podemos seguirla e ir acometiendo más funciones y llegar a sus
ratios, también podríamos llegar a esos niveles de empleo y doblar las
plantillas actuales”, zanja.
