Sentencia| El tribunal Supremo dicta Sentencia donde obliga a Interior a retirar el DNI como número de TIP.

Con este fallo del Supremo, ahora se tendrán que sustituir mas de 300.000 habilitaciones del personal de seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.

ACTA FINAL | CONVENIO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

"Escoltas: un debate abierto" | Algunas personas o empresas... siguen actuando al margen de la norma y en franca resistencia | Internacional

ME SUENA DE ALGO

España: 

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atribución a las empresas de seguridad de la posibilidad de realizar servicios de protección personal supondría la normalización y adecuación de este tipo de actividades a una normativa concreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante una situación real pero no prevista jurídicamente, debiéndose establecer fuertes mecanismos de control por parte de la Administración, como respecto de los servicios en sí mismos y del personal encargado de prestarlos.

LA NOTICIA

En Venezuela la proliferación de los llamados "escoltas" generó un ámbito laboral que se ha cubierto con una multiplicidad de actores de todo tipo: desde policías y militares activos o retirados especializados en el área, pasando por exfuncionarios de seguridad que fueron expulsados de sus respectivos organismos, hasta personas que no cuentan con formación ni entrenamiento para ello pero que sí poseen portes de armas y ejercen esa labor. Todos ellos van conformando una amalgama heterogénea, compleja y muchas veces peligrosa de personas que custodian a otras personas.

Ante el descontrol en esta materia, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia aprobó en el año 2012 una resolución reguladora en el tema de los escoltas civiles (vale decir, aquellos que no son funcionarios policiales o militares). Dicha norma establece que podrán contar con escoltas solo los "altos funcionarios, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público, altos dignatarios representantes de los países extranjeros en Venezuela", así como el personal de alto nivel de otras instituciones del Estado. La exigencia en cuanto al perfil para cumplir ese rol incluye que quien pretenda ser escolta debe aprobar exámenes físicos y sicológicos; no debe tener antecedentes policiales ni penales; debe haber prestado el servicio militar y realizado exitosamente los cursos de formación para custodia de personalidades que dicte la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), única institución autorizada para dar ese tipo de formación. Dicha Universidad diseñó un curso especializado en el cual se enseñan los procedimientos necesarios para la protección de personalidades, que incluye entrenamiento físico, resolución de conflictos, uso de la fuerza no letal y potencialmente mortal, soporte básico de vida, derechos humanos, habilidades de desarrollo personal, entre otros componentes altamente técnicos y especializados.

Algunos actores vinculados a este sector pretenden impulsar una cuasi equiparación laboral de los escoltas con los funcionarios de la seguridad pública, lo cual a todas luces implicaría traspasar barreras peligrosas en los ámbitos específicos de acción de cada quien y nos acercarían a una visión privatizadora de la seguridad, que es lo que precisamente un Estado socialista y democrático como el nuestro debe evitar.

Ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada | DECRETO 207/2014, de 21 de octubre

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

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DECRETO 207/2014, de 21 de octubre, de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada.

La Comunidad Autónoma de Euskadi es competente para el control de las actividades del sector de la seguridad privada que se realicen en esta Comunidad Autónoma de conformidad con el Estatuto de Autonomía y lo dispuesto en la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada. La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi se hace eco de dichas competencias y su conexión con las políticas de seguridad pública.

Con el fin de ordenar el ejercicio de dichas atribuciones en su momento se dictó el Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, de acuerdo con las atribuciones que le confería la normativa vigente en aquel momento.

No obstante, la reciente aprobación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, ha modificado sustancialmente el régimen aplicable a dicho sector de actividad, incidiendo en la regulación que contemplaba el citado Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, lo cual obliga a su revisión.

Tal revisión es precisa tanto porque la nueva ley configura nuevos quehaceres y controles a cargo de la Administración vasca, como porque obliga a la creación de un nuevo Registro de Seguridad Privada de Euskadi, como instrumento indispensable para el ejercicio adecuado de las competencias a desarrollar en esta materia por la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En consecuencia, mediante el presente Decreto se pone al día la configuración de los mecanismos de gestión de las competencias y atribuciones propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de seguridad privada, así como se determinan los órganos del Departamento de Seguridad a los que corresponde ejercitarlas, teniendo en cuenta el nuevo marco legal que afecta al sector.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de octubre de 2014,

DISPONGO

Articulo 1.– Objeto.

Es objeto del presente Decreto la regulación del ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de la normativa estatal sobre seguridad privada.

texto definitivo de la Ley de Seguridad Privada 2014 aprobado por el Congreso y el Senado

Os dejo el enlace al texto definitivo de la Ley de Seguridad Privada 2014 aprobado por el Congreso y el Senado publicado en el Boletín de las Cortes el 28 de marzo de 2014

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-50-6.PDF#page=1

Proyecto de Ley de seguridad privada | PROPUESTAS DE VETO

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 

 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/detalle/index.html?id=14022014

 

VETO PDF 

ENMIENDAS PDF

 

El Senado retoca la ley y los vigilantes no actuarán en las zonas comerciales peatonales

El Senado ha retocado el proyecto de Ley de Seguridad Privada para limitar los casos en los que los vigilantes pueden prestar sus servicios, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o Las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.

La comisión de Interior de la Cámara alta ha dado el visto bueno al informe de la ponencia del proyecto de ley que la próxima semana se debatirá en el pleno con la introducción de varias enmiendas transaccionales pactadas con CiU.

 

Aunque las principales modificaciones al texto inicial ya se aprobaron a través de las enmiendas del PP, que varió dos de los apartados más polémicos, hoy el Senado ha perfeccionado estos cambios con una nueva redacción del artículo 41 para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.

 

De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".

 

También ha variado el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

 

En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

 

Y también deja claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

 

Pese a los cambios introducidos que, en opinión del PP, han mejorado sustancialmente el texto y "han espantado cualquier nebulosa sobre la intencionalidad de la ley", en palabras de su portavoz Luis Aznar, desde el PSOE se han insistido en los peligros de la reforma que "pone en cuestión el modelo constitucional" de nuestra seguridad.

 

Así lo ha advertido el senador socialista Enrique Cascallana quien tras defender el veto de su partido a la ley ha lamentado que la reforma normativa, aunque necesaria, "nace para dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad".

 

"Al final se puede llegar a plantear que haya que elegir entre seguridad privada o seguridad pública, y que se decida por una de las dos en función de los costes. Esto vendría a poner en cuestión nuestro modelo de seguridad si este responde a un problema presupuestario", ha advertido.

http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-alta/el-senado-retoca-la-ley-y-los-vigilantes-no-actuaran-en-las-zonas-comerciales-peatonales_UdH7BvgIp0FzVI22Gu6Hu3/
(Agencia EFE)
 

PP y CiU acuerdan eliminar de la Ley de Seguridad Privada que guardias jurados vigilen en zonas comerciales peatonales

El PP ha acordado con CiU en el Senado modificar la redacción original de la Ley de Seguridad Privada en uno de los artículos que generó más polémica entre la mayoría de grupos de la oposición y que hace referencia a las competencias de los agentes de seguridad privada. De este modo, en la nueva redacción del artículo 41 de esta Ley se elimina que estos agentes puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.

   El redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados establecía que los agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia en zonas comerciales peatonales" como, por ejemplo, la calle Preciados de Madrid. En la actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sí, en el Congreso se establecía como requisito que tuviesen "autorización previa por parte del órgano competente" y que realizasen esa labor en coordinación con la Policía, la Guardia Civil o las policías autonómicas y locales.

   No obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas catalanes de hoy en el Senado, este supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales" ha sido eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de funciones previstas en el redactado original. De este modo, los agentes de seguridad privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".

PARQUES COMERCIALES, POLÍGONOS Y EVENTOS

   También con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados asimo como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.    

   Este acuerdo se ha materializado este miércoles en la Comisión de Interior del Senado en la que se ha aprobado el informe de la ponencia que se votará definitivamente durante el Pleno del Senado de la semana próxima. Los votos del PP y CiU han servido también para rechazar hasta cinco vetos a la Ley presentados por PSOE, PSC, ICV, IU y ERC. Todos ellos pedían la devolución de la norma.

   "Esta ley pone en cuestión el modelo constitucional. Es una ley que no nace de una demanda social y el modelo de seguridad en España es un modelo de éxito. Creemos que busca dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad. Abre la puerta al principio de "la seguridad para quien se la 'pueda pagar'", ha defendido el senador socialista Enrique Cascallana.

   Por parte del PP, el senador Luis Aznar ha replicado que "ni desde el Gobierno ni desde el grupo que le sustenta se pone en cuestión que la competencia exclusiva en seguridad le corresponde al Estado". "No creemos que en ningún momento ningún artículo de esta Ley lo vaya a poner en cuestión", ha añadido el senado del PP que ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha "espantar nebulosas sobre la intención de la Ley".

Listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

 

Os adjunto la Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

 

• PDF (BOE-A-2014-2309 - 37 págs. - 1.645 KB)

Un saludo

El PSOE ve de dudosa constitucionalidad la ley de Seguridad Privada

El PSOE ha expresado hoy sus dudas sobre la constitucionalidad de la futura Ley de Seguridad Privada, ya en trámite en el Senado, cuya ponencia ha incorporado 9 enmiendas de CiU y todas las del PP, entre ellas una para que calles comerciales peatonales no puedan ser vigiladas por empresas privadas.

 

En declaraciones a Efe, el portavoz de Interior del PSOE en el Senado, Enrique Cascallana, ha acusado a los "populares" de introducir modificaciones al proyecto inicial que todavía abundan más en la "deriva hacia la privatización" de la seguridad que pretende el Gobierno.

 

Cascallana ha ironizado sobre la unidad de CiU y PP a la hora de favorecer a las empresas del sector de la seguridad, una cuestión en la que "no hay divisiones" entre ambas fuerzas políticas, como sí las hay en cuestiones de soberanía.

 

Frente a lo que establece la Constitución, que otorga a las fuerzas de seguridad del Estado las competencias en seguridad, el proyecto del Gobierno señala que se atenderá a coste y al presupuesto para decidir quién se hace cargo, ha indicado Cascallana.

 

"No va a haber acuerdo sobre el fondo de la ley", ha enfatizado el senador socialista, quien, no obstante, ha precisado que hasta el día 5 de marzo, cuando se reunirá la Comisión de Interior, hay tiempo para acordar algunas enmiendas.

 

El PP ha retocado algunos de los artículos más polémicos del proyecto de ley y que suscitaron las críticas de la oposición y de los sindicatos policiales, entre otros colectivos.

 

Si prosperan sus enmiendas -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta- los vigilantes podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad, pero solo cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

 

En la redacción que aprobó el Congreso, el artículo correspondiente otorgaba a los vigilantes la potestad de perseguir a delincuentes "sorprendido en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

 

En cualquier caso, el PP mantiene que en virtud del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los vigilantes, como cualquier otro ciudadano, pueden detener a un delincuente cuando intente cometer una infracción penal o la esté perpetrando.

 

Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

 

En la nueva redacción al artículo 41, el más polémico, el PP concreta los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar sus funciones fuera de los espacios habituales y cuando sea autorizado por los órganos competentes.

 

De esta forma, la enmienda a ese precepto suprime el apartado que posibilitaba a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" y concreta que esa actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".

 

Asimismo deja claro que las empresas que vigilen polígonos industriales y urbanizaciones delimitados podrán hacerlo también en sus vías o espacios de uso común siempre que no tengan la calificación de vía pública.

Interior rectifica: los vigilantes privados no podrán detener en plena calle ni interrogar | EL PP INTRODUCE 12 ENMIENDAS DE ÚLTIMA HORA

UGT SEGURIDAD

 

El Ministerio del Interior ha agotado los plazos de presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, uno de los textos en los que más ha trabajado la cartera de Jorge Fernández Díaz en lo que va da legislatura. Antes de que se cerrara en la medianoche de este partes, el Grupo Parlamentario Popular introdujo 12 importantes cambios en la norma que rebajan algunos de los aspectos que más polémica habían suscitado, sobre todo, en los cuestiones referentes a la ampliación de competencias y ámbitos de actuación de las empresas de seguridad privada.

 

Al contrario de lo que ocurría en el texto que salió del Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, la nueva redacción deja fuera de las capacidades de los vigilantes privados la seguridad en “zonas comerciales peatonales”, una fórmula que facultaba a los vigilantes para asumir funciones propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las arterias principales de las ciudades -como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona- y que representaba un importante salto cualitativo con respecto a la legislación en vigor, del año 1992, que sólo les permite el control de edificios, urbanizaciones privadas, polígonos industriales y centros comerciales.

 

El texto elimina ese punto del artículo 41.4, así como otro introducido en el Congreso a última hora como resultado de una enmienda transaccional pactada con CiU que permitía a las empresas de seguridad a prestar servicios “en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”, una frase que en realidad abría las puertas a que la vigilancia privada asumiera cualquier competencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin limitaciones de ningún tipo.

 

Un complemento a la “acción policial”

 

Interior ha decidido retocar ese artículo suprimiendo esos dos controvertidos puntos para delimitar las capacidad de la seguridad privada. No obstante, el texto definitivo de la ley dejará en manos de las autoridades competentes (nacionales o autonómicas) la opción de que los vigilantes privados se encarguen de la seguridad en espacios públicos de las ciudades, aunque se precisa que deberán trabajar en todo caso “complementando la acción policial”. Es decir, que no podrán ser contratados para asumir en exclusiva las competencias correspondientes a las fuerzas públicas del orden, como sí recogía hasta ahora el texto.

 

El departamento de Fernández Díaz también ha aprovechado la tramitación en la Cámara Alta para matizar las facultades concretas que tendrán los vigilantes. En el texto que salió del Congreso se permitía a los empleados de las empresas de vigilancia interrogar a los detenidos para poder averiguar sus datos personales, otro punto que también generó polémica. La nueva redacción subraya, en cambio, que los vigilantes sólo podrán anotar los datos personales de los detenidos. En ninguno caso les estará autorizado preguntar a los presuntos delincuentes para recabar datos sobre su identidad.

 

Se limitan las detenciones

 

Los cambios también afectan a los supuestos en los que los vigilantes privados pueden practicar detenciones. Hasta ahora, el proyecto de ley les permitía actuar en caso de “flagrante delito, aun cuando [los hechos] no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”. En la práctica, con este artículo desaparecía cualquier limitación de la seguridad privada. Facultaba a los vigilantes para actuar siempre, en cualquier supuesto.

 

Interior ha rectificado ese punto del artículo 41 afirmando ahora que los profesionales de la seguridad privada sólo podrán detener a una persona en caso de “flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”, aunque recuerda que también podrán realizar detenciones en los casos contemplados por el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a todos los ciudadanos a interceptar a un delincuente “in fraganti” o en el momento previo a la comisión del delito, o a reclusos fugados, por ejemplo.

 

Malestar en el PP y en las Fuerzas de Seguridad

 

La nueva redacción responde a las tensiones que había generado dentro del propio Partido Popular la tramitación de la ley de Seguridad Privada en la Cámara Baja. Desde algunos sectores del PP se consideró que la norma había asumido con demasiada displicencia las reinvidicaciones de la patronal de la seguridad privada. El malestar también se había extendido entre los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que consideraban que la norma facultaba al sector privado para invadir sus competencias. Los cambios en el Senado amortiguarán esas críticas, aunque no las aplacarán por completo.

 

El objetivo del Grupo Parlamentario Popular del Senado es tener listo el texto de la nueva Ley de Seguridad Privada el próximo 24 de marzo para que entre en vigor cuanto antes. Pese a los cambios introducidos en la Cámara Alta, la norma ha generado enormes expectativas en el sector de la seguridad privada porque implicará automáticamente la prestación de nuevos servicios que hasta ahora tenían vedados, como la vigilancia del perímetro de las prisiones y de los centros de extranjeros, o la posibilidad de trabajar en plena calle bajo las órdenes de las Fuerzas de Seguridad. Las academias de formación han comenzado a experimentar un notable aumento de la demanda del curso necesario para obtener el título oficial del Ministerio del Interior que acredita como profesional de la seguridad privada.

Leer más:  Interior rectifica: los vigilantes privados no podrán detener en plena calle ni interrogar - Noticias de España  http://bit.ly/1fZ4rkP

El PSOE veta en el Senado la Ley de Seguridad Privada porque "abre la puerta" al negocio y "burla" la Constitución

El PSOE ha presentado este martes en el Senado un veto a la nueva Ley de Seguridad Privada, porque según los socialistas está redactada con el único objetivo de "abrir la puerta" al negocio privado y que además, según denuncian los socialistas, "se ha utilizado de manera torticera para burlar un poco la Constitución".

 

Para el PSOE, esta legislación, que sustituye a una anterior de 1992, debería haberse aprovechado para "cualificar" la profesión de la vigilancia privada. Y sin embargo cree que se ha utilizado como un paso más en la "ofensiva neoliberal" del Gobierno para "abrir nuevos nichos de mercado mediante la privatización de servicios públicos".

   Los senadores Enrique Cascallana y José María Ángel Batalla han explicado el veto presentado por el Grupo Socialista para devolver la Ley al Congreso y las más de 60 enmiendas registradas. "La ley responde a intereses ideológicos del Gobierno y del PP. Dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada ha de ser su protección para quien pueda pagarla", ha denunciado Cascallana.

   Algunos de los aspectos más polémicos de la legislación son la posibilidad de que los vigilantes privados puedan encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, así como la facultad que les otorga para detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública.

   El PSOE ha denunciado que estos aspectos van contra la Constitución, que encomienda al Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el "monopolio" de la defensa de la libertad. Además, mientras que en la Ley de 1992 la seguridad privada estaba "subordinada" a la pública, ahora queda como "auxiliar o complementaria" a ella y "esconde un equilibrio entre ambas".

   Según han alertado los senadores socialistas, esto abre además la puerta a una sucesión de conflictos entre vigilantes privados y Policía o Guardia Civil por su actuación ante los ciudadanos, con el único objetivo de "dar cobertura al negocio y las empresas".

   Pero además, han avisado de que, cuando habla de ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada, establece que se decidirá "lo más conveniente" en función de efectos presupuestarios y del mayor o menor coste que pueda tener. "Esto lleva a decidir en función del montante y no de quién garantiza mejor la seguridad", ha alertado Cascallana.

RENUNCIA A LA FORMACIÓN

   Para el PSOE es especialmente relevante el apartado de la formación de los vigilantes privados, que cree que no queda resuelto en la nueva legislación porque renuncia a "apostar por una fomación reglada con la intervención de las autoridades académicas o a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas".

   "Para ser miembro de las fuerzas de seguridad se requiere un largo periodo de formación. Pero no para formar parte de la seguridad privada y en cambio se atribuyen las mismas responsabilidades", ha denunciado el senador socialista, que cree que el Gobierno adopta esta medida para contrarrestar las bajas tasas de reposición de empleo público.

   "Se dibuja un sistema de seguridad privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados, abre la posibilidad a una ampliación de las competencias a la seguridad privada desbordando el modelo actual", denuncia el veto de los socialistas.

   El Grupo Socialista también ha manifestado sus críticas al artículo 15 de la nueva Ley, que autoriza la cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con criterios de seguridad.

PREOCUPANTE DERIVA DE INTERIOR

   El PSOE ve esta nueva Ley de Seguridad Privada dentro de una "preocupante deriva" del Ministerio del Interior de "recorte de libertades", y la ha unido a la Ley de Seguridad Ciudadana que "sigue la senda de restricción de derechos fundamentales y el endurecimiento de condenas".

   "Hay una involución democrática", ha lamentado Cascallana, que ha acusado al Gobierno de querer "limitar la protesta social" y "establecer límites a los derechos" a través de "descalificaciones a todo el que protesta y una restricción de libertades".

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-veta-senado-ley-seguridad-privada-porque-abre-puerta-negocio-burla-constitucion-20140211195938.html

Ley de seguridad privada | Una ley para impulsar un sector concentrado en 12 empresas

El próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado a este sector. La reforma del Código Penal presentada por la cartera de Gallardón ya atribuía al personal de seguridad privada el carácter de autoridad, una “demanda conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

 

 El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500 empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.

"Aquí hay un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero"

“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.

Entre las empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de 3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada. Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8 millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de camiones y de la zona de cruceros del Puerto de Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al igual que José Mayor Oreja, hermano del ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, como da por probado una sentencia del Juzgado de Pri­mera Instancia nº 5 de Vitoria. 

La misma sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen en 2013 está la de la seguridad y vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por 2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo contrato público para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia, Ali­cante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.

 

Y también aquí, la Gürtel

En 2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado con la Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está la vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5 millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la vigilancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.
 

La adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa, una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio de vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y portavoz en la Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por prestar los servicios de seguridad en la Universidad Complu­tense con personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por 452.000 euros para el servicio de vigilancia de las sedes de las Direc­ciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.

Cuatro contratos en 2014

Pero la empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha sido Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman 3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó 50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del partido, recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales en terreno protegido.

Otra de las empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato que dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por Catalunya Caixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la empresa una facturación de 30 millones. La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas

El final del negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se conviertan en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las empresas, según un informe de la Unión Federal de Policía, que afirma que la Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros al mes, aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de pobres custodiadas por otros pobres”.      

 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/21395-ley-para-impulsar-sector-concentrado-12-empresas.html

 

Concentración de Protesta | Contra la entrada de la seguridad privada en las cárceles

Con medio centenar de participantes ha contado la concentración celebrada a las puertas de la prisión de Brieva bajo la pancarta ‘Prisiones ya no soporta más recortes ni privatizaciones’, en una convocatoria de CCOO, UGT y CSIF.

Las funciones de vigilancia exterior lo hacía en estos centros la Guardia Civil, “y pensábamos que iban a hacerlo escoltas, pero hasta en eso nos han engañado”, ha dicho el coordinador regional de CCOO de Prisiones, Teo Movilla, que ha recordado que la seguridad de los centros penitenciarios es responsabilidad del estado.

“Tras comenzar con la seguridad exterior nos tememos que quieren ampliarla al interior”, ha resaltado, y achaca la situación a “los intereses privados de empresas que tienen beneficios con el Gobierno”. Considera que los siete millones de euros dedicados a esta finalidad deberían haberse dedicado a la convocatoria de oposiciones de funcionarios.

Personal
Los problemas de personal ya son patentes en las cárceles, tanto en centros nuevos que no puede abrir

Empresas privadas se han hecho cargo ya de la seguridad exterior en las cárceles de León, Topas (Salamanca) y Valladolid, que antes ejercía la Guardia Civil, lo que motiva la protesta de los funcionarios.        

 

como en los que funcionan, y estiman que serían necesarias entre 2.000 y 2.500 las plazas necesarias para atender todos los centros de España.

En Castilla y León, los centros de Topas, León y Burgos “empiezan a tener problemas, entre jubilaciones y funcionarios en segunda actividad”, ya que “no han convocado ni una sola plaza”.
En cada centro el déficit es de entre 60 y 70 funcionarios, y esta situación “crea dificultades en la seguridad” de la cárcel y “para los derechos de segunda actividad” de los funcionarios.

Sin embargo, en el Centro Penitenciario de Brieva “no hay déficit de personal” y la plantilla está ajustada a las necesidades, además que “coyunturalmente” se ha reducido la población reclusa, según Antonio Pascual, responsable de UGT. “Aunque sí seguimos así comenzarán los problemas”, ha añadido, señalando que un guardia privada "tiene el triple de coste que un funcionario público".

Las protestas se han suceden desde hace casi un año y los sindicatos instan al Gobierno a sentarse a negociar

http://avilared.com/not/8400/contra_la_entrada_de_la_seguridad_privada_en_las_carceles/

 

La segunda fase del plan en seguridad privada se centrará en la colaboración

UGT SEGURIDAD PRIVADA

 

La segunda fase del Plan Estratégico en Seguridad Privada de la Policía Nacional se centrará en la completa implantación de la administración electrónica y en el aumento de la colaboración nacional e internacional.

El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha presentado hoy la segunda fase del denominado SEGURPRI y ha resaltado "la importancia de impulsar la colaboración y cooperación en materia de seguridad, promoviendo iniciativas conjuntas que incidan en una mejora y eficiencia de la seguridad pública", ha informado la Dirección General de la Policía.

 

http://noticias.lainformacion.com/politica/seguridad-ciudadana/la-segunda-fase-del-plan-en-seguridad-privada-se-centrara-en-la-colaboracion_xwwZmmfmae64cAok6wFYy/

Seguridad Privada | Los vigilantes de Seguridad de Cataluña no podran tener placa identificativa en catalan, segun Sentencia.

En Cataluña la placa identificativa de los Vigilantes de seguridad en castellano.

Así lo dice la Sentencia del Tribunal de lo Contecioso que anula la ORDREN INT 15/2012 de 17 de Enero.

Sentencia Distintius Del Vigilants by Sector Estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares

Los vigilantes se sienten desprotegidos por la Ley de Seguridad Privada | Piden que se les considere agentes de la autoridad porque consideran que una agresión a un vigilante de seguridad "sale prácticamente gratis".

El proyecto de Ley de Seguridad Privada solo convence al Gobierno central que es quien lo ha redactado y, puede que también, a las empresas de seguridad privada que ven la posibilidad de hacer caja.

 

La definición y regulación del trabajo de los vigilantes de seguridad que recoge el texto, no satisface a este colectivo. En La Rioja hay aproximadamente unos 500 vigilantes de seguridad y el portavoz del sector de UGT, Iñaki Cortabitarte, quiere dejar claro que "no somos partidarios de esta nueva ley porque carece de protecciones para el vigilante".

Queremos, apunta, "que se nos reconozca como agentes de la autoridad porque, ahora mismo, agredir a un vigilante de seguridad sale prácticamente gratis". En un atraco por ejemplo, si la policía pide ayuda al vigilante de seguridad y éste resulta herido, al delincuente le podrían acusar de agresión a la autoridad con lo que la condena se multiplicaría por dos. Sin embargo, añade, una agresión a un vigilante que trabaje de noche en una fábrica sale prácticamente gratis. "Contamos con menos medios y estamos más expuestos que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, con eso, no estamos de acuerdo".

 
Llevamos más de treinta años haciendo las mismas funciones, explica, y, rara vez salen a la luz las agresiones a los vigilantes de seguridad, y son muchas. La falta de personal es uno de los motivos. Cortabitarte asegura que la vigilancia en los centros estratégicos públicos es insuficiente "y, donde tendría que haber diez o quince vigilantes, hay dos o tres". Así se lo han comunicado al Gobierno regional. La respuesta, hay que abaratar costes.

 

"Incluso se están suprimiendo armas porque, ahora mismo, únicamente un dos por ciento de los vigilantes jurados van armados y son, sobre todo, los que realizan labores de recogida de fondos, los que están en los bancos y en los centros de información. Quizás el hecho de que un vigilante armado cobre 200 euros más, influya” apunta.

 

La formación de los vigilantes de seguridad y su capacidad para desarrollar las funciones que les permitirá la nueva Ley son otros aspectos polémicos. En este sentido replica "tenemos una formación inicial y de por vida ya que una vez al año tenemos que asistir a cursos de formación, unos cursos que son específicos para el trabajo que cada uno desarrolla. De esta forma, la formación de un vigilante de un centro de menores no será la misma que el que custodia una fábrica de noche".

 

Es el Ministerio del Interior el que exige a las empresas de seguridad privada a impartir estos cursos de formación de un mínimo de veinte horas anuales "aunque también es cierto que no todas las empresas cumplen este requisito". "Hemos denunciado esto muchas veces porque aquí prima el coste por hombre y el coste por hora. Y hay empresas piratas, también en La Rioja, que suprimen el coste adicional que supone la formación y eliminan estos cursos. Es ahí donde está el peligro de la ley y son a estas empresas a las que debe controlar el Ministerio del Interior".

 

En cuanto a las detenciones, dice, "la gente se sorprende de que el vigilante de seguridad pueda detener pero no han leído la letra pequeña porque podemos detener siempre y cuando se haya cometido un delito". De hecho, añade, en el reglamento de seguridad privada hay un artículo que da potestad a cualquier ciudadano a poder detener a otro que haya cometido un delito, de forma que no es descabellado que un vigilante también lo pueda hacer".

 

En definitiva, este vigilante jurado en activo confiesa no entender el revuelo que se ha creado con la aprobación de este proyecto de ley "que no hemos pedido y que lo único que hace es habilitarlos para desempeñar funciones que ya hacemos".

 

http://www.rioja2.com/n-93861-501-vigilantes_sienten_desprotegidos_Seguridad_Privada

 

•Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades para el año 2014.

Vigilantes de seguridad

• Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades para el año 2014.

ANEXO

Bases de convocatoria

1. Destinatarios y requisitos de participación

1.1 Destinatarios. Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria:

a) Los aspirantes a vigilante de seguridad y sus especialidades (escolta privado y/o vigilante de explosivos) que acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

b) Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y/o vigilante de explosivos que ya sean vigilante de seguridad y acrediten haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

c) El personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al artículo 10.6 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

PDF (BOE-A-2014-171 - 20 págs. - 476 KB)

                    

NOTA.: Los del apartado C pueden recuperar la habilitación mediante la realización de un curso de reciclaje, sin necesidad de someterse a nuevas pruebas.

La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades: "Ver"

1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia. 

Los vigilantes no son policías | La ley de seguridad privada permite a los agentes patrullar en más espacios | . El Ministerio del Interior ha admitido abiertamente que la ley beneficiará a aquellas empresas que han perdido terreno de negocio desde el final de ETA.

"Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid.
Ha visto en las noticias que si se acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante miedo.El borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les protege como a ellos.“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.

La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.

Más información en el País

Ley de Seguridad Privada | APROBACIÓN POR LA COMISIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA | 19 de diciembre de 2013

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