El Gobierno justifica la concesión de un contrato de más 11 millones de
euros a un empresario imputado por un presunto delito contra la Hacienda
Pública y la Seguridad Social alegando que la unión temporal de
empresas con la que se presentó al concurso lo ganó y que ni a la
Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social le constaba el fraude del
que le acusaba la Fiscalía.
El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez,
presidente de la Unión Deportiva las Palmas y propietario de Seguridad
Integral Canaria, adjudicataria del contrato para vigilar los edificios
de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia.
Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de
2013 de un delito contra el Medio Ambiente.
El
coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó al gobierno
el pasado mes de marzo si consideraba "razonable" adjudicar un contrato
público a un empresario que había sido imputado a raíz de la querella de
la Fiscalía de Delitos Económicos que ya había sido admitida a trámite
cuando se resolvió el concurso. También quería saber en qué medida había
afectado a la decisión del Gobierno el hecho de que Ramírez "sea
donante" del PP.
En su respuesta, a la que ha tenido
acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que las ofertas de Seguridad
Integral Canaria fueron, "para la totalidad de los 8 lotes en que estaba
configurado el concurso, las que obtuvieron la mejor puntuación global"
porque lograron las mejores marcas tanto en la oferta económica y como
"en los criterios evaluables mediante fórmulas". "Aspectos no
susceptibles de valoración subjetiva alguna", añade.
GARANTÍAS Y CERTIFICACIONES
Según detalla, Patrimonio Nacional requirió a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) integrada por Seguridad Integral Canaria y Ralons --
también propiedad de Ramírez--, "para que presentaran la documentación
(garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social)".
Ambas presentaron la documentación requerida, incluyendo los citados
certificados, pero "a la luz de las informaciones aparecidas en medios
de comunicación", Patrimonio Nacional solicitó "ratificación de ambas
certificaciones a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a
la Tesorería General de la Seguridad Social" y, en ambos casos recibió
"nuevas certificaciones" de que las empresas estaban "al corriente de
pagos".
"Desde Patrimonio Nacional no se constató
causa alguna que determinara la exclusión de la UTE de la adjudicación
de los 8 lotes del concurso de acuerdo con la normativa vigente en
materia de contratación pública y en materia de seguridad privada, por
lo que procedió a su adjudicación", justifica el Gobierno.
