El PSOE acusa a PP y CiU de pactar sólo para "recortar libertades" y no para mejorar la relación de Cataluña con España
El PSOE ha cargado de nuevo este miércoles en el Congreso contra las nuevas leyes de Seguridad impulsadas por el Gobierno y en concreto contra la de Seguridad Privada que fue recientemente aprobada en la Cámara Baja con los votos del PP, CiU y PNV. Los socialistas han reprochado que los 'populares' y "la derecha catalana" sólo son capaces de pactar para "recortar libertades", pero no para mejorar la convivencia entre Cataluña y el conjunto de España.
"Cuando de represión se trata o de beneficiar a sectores empresariales importantes, el pacto funciona sin complicaciones", ha comenzado diciendo el diputado socialista Juan Carlos Corcuera, quien tras referirse a CiU como la "derecha catalana" ha añadido que 'populares' y nacionalistas "sólo sean capaces de llegar a acuerdos para recortar libertades o satisfacer un sector comercial, pero son incapaces par mejorar la relación entre Cataluña y el conjunto de España".
Por su parte, el también socialista Antonio Trevín ha calificado esta Ley como una "desfachatez" y ha acusado al Gobierno de convertir la seguridad en "mercancía". "Se empieza privatizando la seguridad y se acaba privatizando la patria", ha enfatizado. A su juicio, "no es lo mismo que te dé el alto en la calle un guardia civil o un policía, que responden a intereses generales, a que te lo de un vigilantes de seguridad privada, que responde a intereses particulares".
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contestado estas críticas recordando que la ley fue aprobada con los votos de CiU y PNV, con el apoyo del sector y que el PSOE no presentó en ningún momento una enmienda a la totalidad del texto.
"Renovarse o morir", ha llegado a decir Fernández Díaz quien ha argumentado que la actual ley vigente sobre la materia tiene 20 años y la sociedad ha experimentado grandes cambios desde entonces. Además ha insistido en que "la seguridad privada estará siempre subordinada a la seguridad pública".
En ese sentido, ha reiterado que "es falso, absolutamente falso", que los vigilantes puedan interrogar a los ciudadanos y que la potestad para detener ya la tienen desde 1992 al igual que cualquier ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882.
