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martes, 10 de enero de 2017
jueves, 5 de enero de 2017
CONCURSO DE ACREEDORES EN SEGUR IBÉRICA | Los trabajadores de Segur Ibérica percibirán un anticipo sobre los salarios pendientes
Esta decisión del Administrador Concursal tomada en el día de ayer,
tiene por objeto paliar en forma el adeudo de nóminas sobre trabajadores
y trabajadoras afectados en el conjunto de empresas del Grupo SEGUR IBER . Posteriormente, y una vez situada la deuda exacta por parte del
Administrador así como la tesorería disponible, se realizaran pagos en
base a la Ley Concursal.
Desde el Sindicato Sectorial de Seguridad de UGT, se reitera
nuevamente la necesidad de afrontar, de manera urgente, el abono de
impagos a la totalidad de personal afectada en forma prioritaria, y más
allá de lo dispuesto en la propia Ley, ya que una vez asistimos a que
sean los trabajadores y trabajadoras los afectados por una situación
donde no son para nada los culpables de la situación actual.
Desde el Sindicato Sectorial Federal de Seguridad de UGT nos sumamos a
las actuaciones iniciadas por nuestro responsable en Euskadi, tomando
dicha actuación y trasladando la misma a la totalidad del territorio,
para que solicitemos de los clientes de seguridad que asuman su parte
de responsabilidad en la falta de abono de nóminas más allá de lo
dispuesto en la Ley, porque ninguna Ley puede amparar la injusticia
social.
En igual forma apoyamos la concentración convocada para el próximo
día 8 de enero en el Aeropuerto de Girona donde solicitaremos
responsabilidades a AENA sobre lo acontecido.
Lo sucedido en SEGUR IBERICA debe, si cabe, elevar el tono en la
petición ya realizada por nuestro Sindicato de situar la responsabilidad
subsidiaria en la contratación de seguridad privada y servicios
auxiliares por parte de los clientes, en la nueva Ley de Contratos
Públicos situada ahora en el debate parlamentario.
miércoles, 4 de enero de 2017
UGT pide a la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, cliente de Segur Ibérica, que colabore en la búsqueda de soluciones ante el impago de salarios
UGT denuncia la difícil situación que están atravesando 11
trabajadores de Segur Ibérica que prestan sus servicios en la Tesorería
General de la Seguridad Social de Donostia, que llevan desde el mes de
noviembre sin cobrar sus salarios y la paga extraordinaria. Un panorama
que podría dilatarse en el tiempo, según responsables de UGT, dado que a
finales de noviembre Segur Ibérica anunciaba a sus trabajadores, cerca
de 4.000 en todo el estado, su intención de solicitar un concurso
voluntario de acreedores, junto con un ERE de extinción de empleo de
toda la plantilla.
Ante esta situación el sindicato solicita de nuevo la colaboración de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, cliente de
Segur Ibérica, para la búsqueda urgente de soluciones de los
trabajadores que prestan servicios en sus instalaciones.
El responsable de seguridad privada de UGT en Euskadi, Isidro Campo,
denuncia que el impago está provocando a las familias de los vigilantes
serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que
especialmente en estas fechas supone una situación indignante y
profundamente injusta.
Precisamente por ello Isidro Campo, lamenta que a pesar de haber
expuesto ya esta problemática a la Tesorería General de la Seguridad
Social de Donostia, no haya habido ningún tipo de compromiso, de
momento, por parte de esta Administración.
Para el responsable de UGT este tipo de situaciones a menudo son
evitables, ya que cuando se realizan los procesos de adjudicación de
servicios, resulta imprescindible que las Administraciones además de
primar el factor económico, tengan en cuenta que el presupuesto
destinado a las empresas contratadas por el erario público sea
suficiente para respetar las condiciones laborales de los trabajadores.
Isidro Campo recuerda que a veces las empresas para poder adecuar el
presupuesto a las exiguas ofertas presentadas acaban realizando impagos a
las plantillas o a otros proveedores, lo que finalmente puede suponer
un proceso largo de concurso de acreedores, en el que los trabajadores
padecen un auténtico calvario.
miércoles, 9 de marzo de 2016
UGT pide a la Fiscalía del Estado que actúe en la concesión de la fábrica de armas | Segur Ibérica
Los extrabajadores de la fábrica de armas vinculados a UGT reclaman a la Fiscalía General de Estado que intervenga de oficio en el caso de la concesión a Hércules de Armamento de la fábrica de armas.
Los antiguos operarios, despedidos cuando General Dynamics anunció el cierre de la planta en 2013, entienden que la Fiscalía debería haber intervenido tras la "alarma social" que, a su juicio, generó todo el proceso y tras las denuncias presentadas por el propio sindicato sobre posibles irregularidades en el concurso e incumplimientos en el pliego de condiciones.
UGT, que como cada viernes se concentró ayer frente a la Delegación del Gobierno, entiende que todas sus denuncias y críticas a Hércules de Armamento "cogen cuerpo" con noticias como la de los 250.000 euros de canon que la empresa adeuda a Defensa, tal y como el Ministerio confirmó este jueves. "Tienen deudas con el canon, con la Seguridad Social, con Segur Ibérica y con los trabajadores", enfatizó el portavoz del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido.
Los antiguos operarios piden al Gobierno central que anule la concesión y que convoque un nuevo concurso para garantizar "un futuro industrial" de la factoría. El próximo 15 de marzo la Comisión de Seguimiento celebrará una reunión con representantes de Defensa y la empresa para analizar "la situación del pago del canon" y "se revisar la situación de la concesión en su conjunto"
miércoles, 18 de marzo de 2015
Segur Ibérica se encargará de la seguridad en los puertos de Bilbao, Málaga, Valencia y Coslada
La compañía de seguridad privada Segur Ibérica prestará los servicios de vigilancia, seguridad y trabajos auxiliares de las terminales portuarias e intermodales de Noatum, la empresa de operaciones potuarias, en Bilbao, Málaga, Valencia y Coslada (Madrid).
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6560904/03/15/Segur-Iberica-se-encargara-de-la-seguridad-en-los-puertos-de-Bilbao-Malaga-Valencia-y-Coslada.html#.Kku8inpA80WJ1e0
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6560904/03/15/Segur-Iberica-se-encargara-de-la-seguridad-en-los-puertos-de-Bilbao-Malaga-Valencia-y-Coslada.html#.Kku8inpA80WJ1e0
viernes, 3 de octubre de 2014
La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas
Fuerte malestar entre los guardias civiles por la entrega de la seguridad exterior a manos privadas.
“Es
una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33
millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces
porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo
señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.
“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.
Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.
Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria, pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.
“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.
Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la misma pasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.
http://www.gaceta.es/noticias/gastar-33-millones-servicio-innecesario-02102014-1239
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.
“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.
Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.
Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria, pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.
“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.
Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la misma pasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.
http://www.gaceta.es/noticias/gastar-33-millones-servicio-innecesario-02102014-1239
viernes, 18 de julio de 2014
Luis Lada, nuevo presidente del grupo Segur sustituirá en la presidencia a José Luis Novales
El grupo de seguridad privada Segur ha nombrado presidente no ejecutivo al ex presidente de Telefónica Móviles y Telefónica de España Luis Lada, ha informado hoy la compañía, que ha renovado su cúpula directiva para impulsar su crecimiento y fortalecer su posición en el sector.
Así, recientemente, nombró consejero delegado a Ignacio Suárez y director de Operaciones a José Manuel del Pino.
Lada, ingeniero de Telecomunicación y académico de número de la Real Academia de Ingeniería, es actualmente consejero en Indra y Gamesa y sustituirá en la presidencia de Segur a José Luis Novales, que seguirá como accionista y miembro del consejo.
Segur, creada en 1978, cuenta en la actualidad con 8.000 empleados, es la tercera compañía de seguridad privada en España y la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico, según la misma fuente.
martes, 18 de febrero de 2014
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