La seguridad jurídica es el valor más preciado de un sistema tributario, por encima de los tipos impositivos, de los incentivos fiscales o de las deducciones. Así lo defendieron profesionales fiscales en un desayuno informativo organizado por Cinco Días para debatir sobre la internacionalización de las empresas. Hay unanimidad en destacar que la multitud de cambios normativos aprobados en los últimos años para elevar la recaudación ha generado incertidumbre en un contexto en el que las empresas valoran especialmente la estabilidad regulatoria a la hora de aprobar inversiones o establecer la sede en uno u otro país.
“La decisión de adoptar un proyecto empresarial no se toma por motivos fiscales, pero sí puede morir por cuestiones tributarias”, resumió Alberto Martín, director de impuestos de Cepsa. Durante el encuentro se combatió la idea de que lo más importante para las empresas en el ámbito tributario es pagar pocos impuestos. “Cambiaría una rebaja de dos puntos en el impuesto sobre sociedades por una mayor seguridad jurídica”, señaló Martín. “Y hasta de cinco puntos”, intercedió José María Vallejo, director de asesoría fiscal del grupo BBVA.
Ante la imposibilidad de prever los cambios tributarios que aprueban los Gobiernos nacionales –acuciados la mayoría por las necesidades de reducir el déficit público–, Carlos Marín Pizarro, socio responsable de fiscalidad internacional de KPMG Abogados, sostuvo que “lo más importante de una estructura tributaria y de inversión es que sea flexible, que te permita adaptarte a los posibles cambios”. María José Leal, directora de estructura financiera de Prosegur, lamentó que los departamentos fiscales de las empresas deben tomar decisiones que, al cabo del tiempo, pueden resultar negativas para las cuentas de resultados de las compañías por un cambio en la legislación o de criterio en la aplicación de la norma.
El impuesto sobre sociedades ha sufrido más de 20 cambios en los últimos dos años y algunos de ellos especialmente relevantes. Por ejemplo, en marzo de 2012, y de un día para otro, un real decreto limitó la deducción de los gastos financieros. Hacienda argumentó que la posibilidad de desgravar totalmente los intereses había incentivado el sobreendeudamiento empresarial y defendió el cambio normativo como una medida para favorecer la capitalización de las empresas. Sin embargo, la modificación se produjo en un momento de restricción del crédito y en el que la mayoría de compañías estaba en un proceso obligado por la situación económica de desapalancamiento. La limitación de la deducibilidad de los gastos financieros encareció decisiones de inversión que las empresas habían adoptado en el pasado con otro marco normativo que creían perdurable. “Estamos viviendo en un sistema inestable, con normas que lastran las cuentas de resultados”, lamenta Luis Trives, vicepresidente de impuestos del Grupo Meliá, quien critica una de las últimas modificaciones fiscales del Ejecutivo que en octubre prohibió la posibilidad de deducir en el impuesto sobre sociedades español las pérdidas generadas por filiales en el exterior. “Se ha hecho una política de base recaudatoria, más que fiscal. Ahora hace falta un cambio cultural que permita construir un marco tributario estable”, insiste Vallejo.
“Las reglas del juego han cambiado”
David Gutiérrez, director de impuestos de Acciona, señala que “se han cambiado las medidas que incentivaban la internacionalización” de las empresas. “Las reglas del juego han cambiado”, constata. Los expertos tributarios son conscientes de que la reforma fiscal que el Gobierno aprobará este año no supondrá volver al añorado marco anterior a la crisis económica. ¿Qué piden? Carolina del Campo, socia del área de fiscalidad internacional de KPMG, reclama reforzar las vías de comunicación entre las empresas y la Agencia Tributaria. “No hay tradición de diálogo y debe empezar a calar”, defiende.
Todos los profesionales tributarios que participaron en el debate hicieron énfasis en la necesidad de intensificar las relaciones con la Agencia Tributaria, que, en el fondo, es un mecanismo para que las empresas cuenten con mayor seguridad jurídica.
La idea que subyace pasa por convertir a la inspección fiscal en un colaborador de la empresa. “La Administración debe ser tu socio”, señala Vallejo. “Se han empezado a poner muy tímidamente los cimientos para las tareas cooperativas, pero estamos muy lejos de llegar al nivel de Suiza o Reino Unido. Echo mucho de menos la figura de un inspector de cabecera con quien compartir las decisiones”, apunta Martín, de Cepsa. Del Campo considera que figuras como los acuerdos previos de valoración en los precios de transferencia (APAS), los procedimientos amistosos y el diálogo entre las Administraciones cada vez serán más importantes, y también lamenta que, en este aspecto, países como Reino Unido están varios escalones por encima de España.
Sobre las operaciones vinculadas –intercambios entre empresas de un mismo grupo que la legislación obliga a que se realicen a precios de mercado–, los expertos se muestran críticos. “Los expedientes de precios de transferencia en España son excesivos”, indica Martín. Y es que, en este caso, la carga de la prueba recae sobre las empresas, que son las encargadas de demostrar que han valorado a precio de mercado una determinada operación vinculada. Los profesionales lamentan la farragosa carga administrativa.
Más allá del pago de impuestos, existe el coste para las empresas en tiempo y personal de cumplimentar las obligaciones tributarias. En opinión de Trives, la carga de trabajo administrativo que supone la elaboración de documentación requerida por la norma, supera en la mayoría de los casos la capacidad de los departamentos fiscales internos.
El proyecto BEPS
“El contexto económico ha motivado nuevas tendencias internacionales que se traducen en que los distintos países adopten medidas proteccionistas de su sistema fiscal”, sostiene Marín, de KPMG. “El foco de la fiscalidad internacional estaba puesto en evitar la doble imposición y ahora está en evitar la desimposición”, añade. El tema más relevante en fiscalidad internacional hoy es el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, que centra su atención en evitar la erosión de bases imponibles. El nuevo paradigma genera ciertos recelos entre los expertos fiscales. “El afán por evitar la desimposición no puede llevarnos a una doble imposición”, opina Gutiérrez, de Acciona.
“El proyecto BEPS busca que se tribute allí donde se genera valor. Si eso se regulase a nivel internacional, nos encontraríamos con un sistema cohesionado. Sin embargo, los países están empezando a legislar de manera independiente, y al final la empresa sale perjudicada porque se encuentra con dos normativas que tienen el mismo objetivo y se produce una doble imposición”, comenta Del Campo.
Los profesionales remarcaron que a una compañía le resulta indiferente pagar en un país u otro, lo que quiere es que las reglas de juego estén claras y no encontrarse con la situación de tributar dos veces por el mismo hecho imponible. La experiencia invita a la desconfianza cuando un grupo de Estados se sientan para avanzar juntos en temas tributarios. Como recuerda Vallejo, si un acuerdo como BEPS se implementase, significaría, en última instancia, la pérdida de soberanía. Y los Gobiernos siempre son reacios a perder poder. Ello se ha visto claramente en la UE, donde los intentos de mayor armonización fiscal han chocado constantemente contra la regla de unanimidad. Cualquier avance fiscal requiere el visto bueno de todos los Estados, lo que provoca que los debates se eternicen y acaben, la mayoría de las veces, en un acuerdo de mínimos. Del Campo recuerda que la idea establecer una base común consolidada en el impuesto sobre sociedades a nivel europeo se encuentra en un punto muerto ante los intereses diversos de los Estados.
En cualquier caso, el proyecto BEPSes un reflejo de la preocupación de los países por la pérdida de bases imponibles y por las planificaciones fiscales agresivas. Vallejo se revuelve contra “el mantra” de que “las grandes empresas no pagan impuestos” y advierte que es poco riguroso centralizar el debate en esa dirección. El director de asesoría fiscal de BBVA reconoce que las empresas están obligadas a ser más transparentes, pero pide que todos los agentes actúen con responsabilidad.
“Sale a pagar lo que dice la ley”
María José Leal, de Prosegur, asegura que las grandes empresas rechazan adoptar estructuras fiscales que pueden resultar “cuestionables” porque ponen en riesgo la reputación de la compañía. Martín, de Cepsa, recuerda que una multinacional puede abonar una cuantía muy reducida del impuesto sobre sociedades en España porque la mayoría de sus beneficios procedan del exterior. “Las empresas que operan internacionalmente pagan impuestos donde están. Al final, sale a pagar lo que dice la ley”, incide Vallejo.
Y más allá de la cuota tributaria, Leal señala que una empresa internacionalizada también genera empleo en España y atrae riqueza. Los expertos coinciden en la necesidad de que el sistema fiscal no ponga barreras a la repatriación de dividendos, que tributan por el IRPF en España cuando se reparten y suponen un beneficio para el conjunto de la economía. Para Gutiérrez, de Acciona, es muy importante que se traslade la idea de que el artículo 21 del impuesto sobre sociedades se mantendrá estable, es decir, que la repatriación de beneficios de fuente extranjera seguirá exenta.
Los profesionales fiscales entienden que el Estado, en palabras de Martín, “haya sacrificado la competitividad de las empresas para ganar recaudación”. Sin embargo, defienden que los incentivos fiscales que contemplaba el impuesto sobre sociedades antes de la crisis han contribuido a fortalecer y expandir las empresas españolas. El listado de deducciones tributarias previas ya no volverá; en cualquier caso, las compañías reclaman que la reforma fiscal no cercene más su capacidad de competir en el exterior.
FUENTE DE
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/11/economia/1394562612_463129.html
