Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015

Desmantelamiento de la mayor trama de falsificación de títulos académicos realizada hasta ahora en España | Policías, guardias civiles, bomberos y vigilantes de seguridad, entre los clientes

Seis años de trabajo del Grupo II de Fraudes de la Comisaría de Málaga han culminado con el desmantelamiento de la mayor trama de falsificación de títulos académicos realizada hasta ahora en España, y cuyo balance es espectacular: más de 600 detenidos, cerca de mil imputados, unos 200 funcionarios expulsados tras constatarse que habían obtenido su plaza de forma fraudulenta y varios millones de euros de perjuicio para las administraciones. Una estafa faraónica cuyo epicentro fue una modesta academia de la avenida Héroe de Sostoa de la capital malagueña, y que se personifica en un falsificador que rebasa los 60 años a quien los investigadores sitúan en la cúspide de un entramado que se extiende por todo el país.

Según pudo saber ABC, los resultados de esta operación ponen de relieve una corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de los detenidos e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de licenciaturas, diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a oposiciones de empleo público y procesos selectivos en la empresa privada. Aunque también está el caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería para «presumir».

Un entrenador de fútbol

Entre los clientes hay muchos policías locales, guardias civiles, policías nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados, economistas, militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de seguridad e incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda división.

Las administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de expulsión. Esta cifra es muy inferior al número de los casos realmente detectados, pero finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en los que la titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y en los que la misma computó de forma determinante en la puntuación del opositor.

También hay que tener en cuenta que muchos de los que adquirieron los diplomas iban a trabajar en el sector privado. Por ejemplo, unas 150 personas encausadas están relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña.

La investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de que los agentes detectasen un aumento notable de falsificación de títulos oficiales, por lo que se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60 años y que supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una academia de formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F. y que ahora tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban a captar a clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de empleo público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de ellos.

Este individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la dificultad y el grado de importancia-, y era tal su pericia que personas de toda España acudían a Málaga para requerir sus servicios. Por ejemplo, en Santander fue arrestado a finales del pasado año un hombre que adquirió los diplomas de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en Criminología. El arrestado declaró que había pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela se reparte por Zaragoza, León, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia, Melilla, Granada y Ciudad Real, y las ganancias obtenidas por el falsificador se estiman en 1.200.000 euros.

 

Fuente de :

http://www.abc.es/espana/20140724/abci-detenidos-mayor-falsificacion-titulos-201407232041.html

Claves para entender el nuevo sistema de bajas laborales | Las mutuas tendrán más poder al controlar los procesos desde el primer día y proponer a los médicos altas "motivadas" | Si el trabajador no justifica su ausencia en un reconocimiento médico podrá perder la prestación

Hace pocos días, el Gobierno aprobó el nuevo sistema de gestión y control de las bajas laborales, que concede más poder a las mutuas: si antes podían controlar las bajas desde el decimosexto día (que es cuando la mutua se hacía cargo de ciertas prestaciones), ahora podrán hacerlo desde el primer momento. Además, podrán aconsejar al médico la declaración del alta "motivada" del trabajador, que apoyarán con informes y pruebas, para lo que podrán acceder a parte del expediente médico del trabajador.

 

En un primer momento, las mutuas iban a tener capacidad de conceder altas, pero, tras las críticas de los sindicatos, esta idea fue descartada. Con este mayor control de las bajas, el Gobierno estima un ahorro de 500 millones de euros y considera que se realizará una mejor gestión de los recursos de las mutuas.

¿Quién será responsable de darme la baja y el alta?

En todos los casos, el médico del servicio público de salud encargado del caso. Eso sí, la Seguridad Social pondrá a disposición de los médicos una guía con tablas de duración óptima y de grado de incidencia de las distintas patologías susceptibles de generar incapacidades.

En las incapacidades temporales estimadas para menos de cinco días, los partes de baja y alta se emitirán en el mismo acto médico; para bajas de hasta 30 días se renovará cada 14 días; para bajas de entre 31 y 60 días se confirmará la baja cada 28 días y a partir de 61 días de baja se renovarán cada 35 días.

¿Puede una mutua darme el alta?

No, pero podrán influir en la decisión. Las mutuas podrán proponer el alta médica, pero deberá ser el médico del servicio público de salud el que se pronuncie, o bien confirmando la baja o bien acordando el alta, en un máximo de cinco días. Si en este plazo no existe contestación del facultativo o hay discrepancia, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que deberá pronunciarse en el plazo de cuatro días.

¿Qué papeles tengo que hacer?

Cuando el médico emita el parte (ya sea de alta, baja o confirmación), el trabajador deberá entregar una copia a la empresa en un plazo máximo de tres días. Por su parte, el servicio público de salud o la mutua se encargará de entregarlo al INSS inmediatamente y realizar los trámites correspondientes.

¿Puedo reclamar la causa de mi baja que determine el médico?

Tanto el servicio público de salud como la mutua podrán pedir al INSS una revisión de la consideración inicial de la contingencia: si es común o profesional (relacionada con la actividad laboral). El médico de la mutua podrá considerar que se trata de una patología de contingencia común y no profesional y remitir al trabajador al servicio público de salud. Será este médico el que decida si, efectivamente, la contingencia es común o si discrepa y la considera profesional. En caso de discrepancia, decidirá el INSS. También puede suceder que el trabajador no esté de acuerdo con el cambio de consideración y quiera reclamar. En este caso, también será el INSS el que tenga la última palabra.

¿Qué pasa si no acudo a un reconocimiento médico?

Todos los partes, ya sean de baja, confirmación o alta, deben ir precedidos de un reconocimiento médico. Si el trabajador no acude a este por una causa justificada, la prestación por incapacidad temporal se suspenderá cautelarmente desde el día siguiente al del reconocimiento. Si en los diez días siguientes al reconocimiento el trabajador presenta una justificación (entendiéndose esta como un informe emitido por el médico del servicio público de salud que indique que era desaconsejable que el trabajador acudiera al reconocimiento por su situación clínica), la suspensión quedaría sin efecto. Si, por el contrario, el trabajador no justifica su ausencia en esos diez días, perderá el derecho a la prestación.

¿Qué dicen los sindicatos de esta reforma?

Los sindicatos la rechazan. CCOO considera que el aumento de competencias de las mutuas cuestiona "de forma injusta" la capacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo y de los medios públicos para gestionar las bajas. "Todas estas modificaciones", apunta el sindicato, "se apoyan en criterios economicistas apartando de las prioridades la recuperación de la salud de los trabajadores".

UGT considera que este nuevo sistema convierte a las mutuas en "policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los servicios públicos de salud" y solicita la retirada del anteproyecto de Ley.

 

http://www.eldiario.es/economia/bajas-Seguridad_Social-mutuas_0_284522004.html

El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.

 

Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".

 

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

 

Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

 

En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.

También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

 

Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.

 

El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-niega-vaya-privatizar-control-perimetro-carceles-solo-contratara-vigilantes-apoyo-20140727115657.html

Rosell pide "menos derechos" para los contratos indefinidos

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado que lo que "se tiene que hacer" en España es un recorte de los derechos en los contratos fijos "de los padres" para compensar diferencias con los contratos temporales "de los hijos"

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UGT exige la retirada de la Ley de Mutuas | Las Mutuas se convierten en policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los Servicios Públicos de Salud

UGT rechaza el proyecto de Ley de Mutuas, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, pues prima los intereses económicos frente a los trabajadores, comprometiendo sus derechos a la protección social y a la recuperación de la salud. Esta reforma, que supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores, da más poder a las Mutuas en el control de las bajas médicas, de tal forma que se convierten en policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los servicios públicos de salud. Tampoco corrige la falta de transparencia en la gestión de las mutuas (se menoscaba la participación sindical en el control y seguimiento de las mismas), supone una privatización parcial del sistema de Seguridad Social y de la Sanidad y perjudica a los propios trabajadores de estas entidades, constituidas por asociaciones de empresarios, “sin ánimo de lucro”. Por todo ello, UGT exige la retirada de esta reforma hasta que no se conozcan las cuentas de las Mutuas y que el Ejecutivo demuestre su voluntad de diálogo social buscando el consenso en esta materia.

Una vez más tenemos que lamentar que el Gobierno ahonde en la senda de la privatización del Sistema público de protección social y de la Sanidad, en este caso, mediante la nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Una reforma que vuelve a recortar derechos de los trabajadores y trabajadoras y a más largo plazo de los pensionistas (no olvidemos que los excedentes generados por las Mutuas están contribuyendo en la actualidad al pago de pensiones).

A través de esta norma se pretende hacer uso de las Mutuas como si fueran “un juguete” de la Administración, pudiendo endosarles a su libre albedrío cualquier prestación, y a las que puede dirigir bajo rango de ley para escapar con más facilidad del control jurisdiccional. Así, este anteproyecto de ley:

• Obstaculiza la vigilancia, el seguimiento y la intervención pública, en la gestión de la parte de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios que les son transferidas a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

• Permite la creación de diversos fondos como la Reserva Complementaria, cuyos recursos se podrán destinar al pago de excesos de gastos de la administración (lugar por el que se pueden evitar muchos de los controles económicos), de gastos procesales y de sanciones administrativas. Estas medidas no son de recibo, cuando escasea el dinero para el pago de las pensiones, pero parece que sí lo hay para financiar las multas de estas entidades.

• Aumenta la capacidad y el poder de las Mutuas, que podrán controlar desde el primer día no solo la contingencia profesional, como ocurre en la actualidad, sino también la común (enfermedad común y accidente no laboral), entre el primer día y el decimoquinto día de la baja médica. Anteriormente este control solo lo podía realizar desde el decimosexto día.

• Podrán denegar, suspender, anular, e incluso declarar la extinción de la prestación económica de la IT común sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud. Es decir, el trabajador recibirá asistencia sanitaria, pero no verá ni un euro, salvo que se reincorpore al puesto de trabajo a pesar de estar enfermo.
• A esto hay que añadir que en caso de incomparecencia del trabajador a un llamamiento realizado por la Mutua o por la Inspección Médica, automáticamente se retirará la prestación económica, lo que quiere decir que se presupone la mala fe del trabajador. Tan solo se repondrá el derecho una vez que la Mutua haya comprobado la existencia de justificación.
• Además en el procedimiento se aparta al médico de atención primaria (también conocido como médico de familia), pues se faculta a la Mutua para que haga propuesta de alta médica dirigida a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud; si la Mutua no queda conforme con la respuesta de dicha inspección, la Mutua podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, y todo ello sin pasar por el médico de familia.

• Convierte a las Mutuas en policías y fiscales de los trabajadores y de los Médicos de los Servicios Públicos de Salud. La ley de Mutuas vuelve a confundir de forma inadecuada y torticera la incapacidad laboral con el absentismo laboral injustificado (una cuestión que en cualquier caso corresponde al ámbito de la negociación colectiva). La ministra de Sanidad, Ana Mato, debería revisar una normativa que encomienda a los profesionales médicos de las mutuas la función de policías y posteriormente de fiscal ante los profesionales médicos del SNS.

• Como todos los recortes, que viene realizando el Gobierno, se anteponen los intereses económicos a los de los trabajadores, en este caso comprometiendo su protección social y la recuperación de la salud. El anteproyecto de ley a través del que se pretende regular a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, tiene como únicos beneficiarios a las propias MATEPSS y a los Administradores de la Seguridad Social y como principales perjudicados a los trabajadores (incluidos los de las Mutuas y Sociedades de Prevención de éstas), que van a volver a sufrir importantes mermas de sus derechos.

• Genera desigualdades en el conjunto del sistema y especialmente, en relación con la gestión de la Incapacidad Temporal, discriminando al paciente en cuanto a las prestaciones económicas y las prestaciones sanitarias. Por ejemplo, se concede un privilegio más a las Mutuas que supondrá una incertidumbre más para los trabajadores, consistente en que durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las Mutuas regularizar los pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado plazo de dos meses.

• No se plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la Mutua o en la elección de facultativo y menoscaba la participación Sindical en los órganos de control y seguimiento, así como en las comisiones de prestaciones especiales.

 
• Se produce una modificación sustancial del sistema preventivo obligando a la venta, en un periodo record de unos meses, de las Sociedades de Prevención pertenecientes a las Mutuas, dicha modificación se realiza sin informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; lo que pone en riesgo la prevención en las empresas, en un momento en que la siniestralidad ha iniciado un repunte muy preocupante. La mayor parte de los trabajadores de las Sociedades de Prevención pasaron de la Mutua a dichas Sociedades pero en esta norma no se les permite regresar a las Mutuas de origen, esto genera inestabilidad en sus puestos de trabajo y, todo ello, se hace sin la más mínima transparencia.

• Insiste en la naturaleza privada de estas entidades, y en un alarde de ambigüedad se les sitúa en el sector público estatal de carácter administrativo, lo que asegura una gran dificultad a la hora de recurrir a la vía judicial, pues los Tribunales pondrán el acento bien en una dimensión bien en otra, lo que generará conflictividad e incertidumbre.

• Genera incertidumbres porque en la norma prácticamente todo queda abierto a un posterior desarrollo reglamentario, esto deja entrever que no se tiene claro cómo hacer lo que se pretende.

Por ello, desde UGT solicitamos la retirada del anteproyecto de Ley por el que se establece una nueva regulación respecto de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y reivindicamos la recuperación, en exclusiva, de forma total y directa, de las competencias y funciones sobre la gestión de la Incapacidad Temporal, por el Sistema de la Seguridad Social y el Sistema Público de Salud. Únicos entidades públicas que garantizan y aseguran la igualdad, la no discriminación, la suficiencia de las prestaciones y la prevalencia de la integridad física y la salud del trabajador frente a criterios economicistas o de selección de riesgos, más propios del aseguramiento privado.

Seguridad privada | HAY un problema de seguridad en este país: la privatización paulatina de estos servicios sin que parezca anormal

HAY un problema de seguridad en este país: la privatización paulatina de estos servicios sin que parezca anormal. En paralelo se impone la sensación, no sólo en Estepa, de que los recortes generales en los servicios públicos también afectan a materia tan delicada como la policial y judicial. Un amigo me alerta de que en su barrio una compañía de seguridad hace una campaña de marketing muy agresiva. Cuenta los robos en la zona calle por calle, con detalles que ignoro si pasarían un control de veracidad.

El comercial que firma el pasquín sostiene que los ladrones abren toda clase de puertas, hasta las blindadas y acorazadas. Y ofrece, previo pago de su importe, controles audiovisuales, alarmas y otros remedios infalibles, como llamar a la Policía. Podríamos empezar por ahí, por tener un cuerpo de policías mejor dotado y no pagar a un privado para que les llame en caso de urgencia. El ministro ya consiguió colar en la Ley de Seguridad Privada (artículo 32.1.d), en vigor desde abril, que los guardias de seguridad puedan detener a sospechosos de haber cometido delitos. Eso sí, para ponerlos inmediatamente a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen teóricamente el monopolio en la materia.

Llevamos meses, desde antes de la promulgación de esta ley, con campañas de publicidad que en sentido estricto suponen un suspenso para la gestión del Ministerio del Interior. Además de en los buzones, en prensa, radio y televisión la publicidad de estas empresas nos cuenta el auge de los robos con una alegría que está reclamando un control previo. Y creada la alarma, creado el negocio, para quienes puedan pagárselo. Podría pensarse que así habrá más disponibilidad de policías en los barrios con menos alarmas o menos vigilantes de seguridad. Pero en la práctica, toda privatización de servicios públicos supone un nuevo elemento de desigualdad.

Pero nada de esto levanta oleadas de censura ciudadana. Otros acontecimientos más lejanos sí que consiguen conmover a la opinión pública. Nos angustia la seguridad de los palestinos por el abuso de fuerza de Israel o la muerte de los 300 ocupantes del avión que iba de Holanda a Malasia. Y de Estepa, que está más cerca sólo llama la atención que un grupo de ciudadanos meta fuego a unas casas. Mal hecho.

Sin embargo, el alcalde ha explicado que lleva un año reclamando más efectivos en los juzgados y en la Guardia Civil, sin éxito. Es curioso que le haya contestado la delegada del Gobierno diciendo que no se hagan este tipo de declaraciones porque suponen un perjuicio en términos de imagen. Es una idea. Que sepa un servidor nada han dicho nunca la delegada ni el ministro de Interior sobre las agresivas campañas que hacen las empresas de seguridad metiendo miedo a la ciudadanía para pillar clientes, con pregones sobre oleadas de robos. Pero podría valer la misma filosofía. ¿O no?

FUENTE DE :
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1819426/seguridad/privada.html

La Policía Nacional desarticula un grupo organizado internacional especializado en el robo con fuerza en domicilios

La Policía Nacional desarticula un grupo organizado internacional especializado en el robo con fuerza en domicilios

La operación, desarrollada en el marco del Plan Operativo contra la Delincuencia Itinerante, se ha saldado con la detención de 26 personas en Sevilla y Madrid, integrantes de este grupo delictivo.

En los ocho domicilios registrados se han incautado útiles de cerrajería, una máquina para copiar llaves, documentación falsa, 300 piezas de joyería y dinero en efectivo.

Empleaban técnicas de impresioning y bumping para obtener copias de las llaves sin tener que contar con la original y sin dejar rastro ni forzar las cerraduras

NUEVO PORTAL “TU SEGURIDAD SOCIAL” | Lo más novedoso del diseño de Tu Seguridad Social es que será diferente para cada usuario porque se corresponderá a su circunstancia y condiciones laborales.

ASUNTO: NUEVO PORTAL “TU SEGURIDAD SOCIAL”

En el presente mes  de Julio  ha entrado en funcionamiento  el portal  “Tu Seguridad Social”dentro de la pagina www.seg-social.es, que  supone un nuevo entorno electrónico de relación con los ciudadanos, con la finalidad de facilitar a los usuarios que lo deseen la utilización de este nuevo canal telemático en sus relaciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.).

Este Sistema se basa en proporcionar  a cada usuario una “cuenta personal” en Internet, y tiene la indudable ventaja que actúa a través de usuario y contraseña, no siendo necesario estar en poder de un certificado digital. La mayoría  de los servicios que el I.N.S.S. presta a los ciudadanos se van a poder realizar a través de este portal, de manera progresiva (los primeros servicios se han habilitado en Julio, los siguientes  estarán en octubre y los últimos a lo largo del primer semestre de 2015).

Para ello hay que registrarse en cualquiera de nuestros Centros de Atención e Información (C.A.I.S.S.), facilitando el número de teléfono móvil y el correo electrónico.

Por primera vez, el ciudadano va a acceder a su información de Seguridad Social de una forma automática y personalizada.

Lo más novedoso del diseño de Tu Seguridad Social es que será diferente para cada usuario porque se corresponderá a su circunstancia y condiciones laborales. Es un espacio privado donde se podrá encontrar información completa de cualquier relación que el ciudadano mantenga con la Seguridad Social como trabajador, pensionista, beneficiario de asistencia sanitaria, etc., pudiendo realizar todo tipo de trámites, así como solicitar cualquier prestación, u obtener directamente cualquier  informe o certificado.

De una manera cómoda y sencilla se podrá acceder entre otros muchos a los siguientes servicios:

·         Obtención documento acreditativo de aseguramiento a efectos de asistencia sanitaria.

·         Solicitud de Tarjeta Sanitaria Europea (y obtención del Certificado Provisional de Sustitutorio).

·         Obtención de certificados de pensión, así como de la condición de no pensionista.

·         Información sobre edad de jubilación según período de cotización, y periodos de cotización en la vida laboral.

·         Simulador de pensión de jubilación en sus distintas modalidades

·         Consulta de la situación en que se encuentra el trámite del expediente de jubilación, viudedad y orfandad.

·         Inclusión de beneficiarios a efectos de asistencia sanitaria.

·         Todas las gestiones que necesite el pensionista (traslado de su pensión por cambio de domicilio, cambio voluntario del tipo de I.R.P.F…..)

·         Tramitación automática  de las solicitudes de prestaciones por Maternidad y Paternidad.

·         Solicitud de las pensiones de Jubilación, Viudedad, Orfandad, y Auxilio por Defunción.

 

Teléfonos de cita previa:
943 483 138
901 106 570, servicio 24 horas
Oa través de nuestra www.seg-social.es

Real Decreto 548/2014, de 27 de junio, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medio ambiente

Artículo 2. Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional Seguridad y medio ambiente y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:

Familia profesional: Seguridad y Medio Ambiente.

– Anexo I. Vigilancia, seguridad privada y protección de personas-Nivel 2.

– Anexo II. Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos-Nivel 2.

– Anexo III. Adiestramiento de base y educación canina-Nivel 2.

– Anexo IV. Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil-Nivel 3.

– Anexo V. Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación en emergencias-Nivel 3.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7654